El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Rubén Cacho / ICAL
Región Castilla y León activa casi 170 millones frente a la guerra en Irán: ayudas a empresas, familias y al transporte en busLa Junta estima en 286,7 millones el impacto de este paquete ya que hay que sumar las tres rebajas de impuestos adoptadas por el Gobierno central.
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J.I. Fernández Publicada 1 abril 2026 13:00hEl Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este miércoles un paquete de 28 medidas estructuradas en siete bloques estratégicos con un impacto estimado de 286,7 millones de euros.
Eso sí, de estos 286 millones de euros hay que restar 117,4 de reducciones de fiscalidad autonómica del Gobierno, por lo tanto, la cifra de ayudas desde la Junta de Castilla y León se eleva hasta los 169,7 y se reduce a 27 medidas.
La Comunidad se convierte en una de las primeras en hacerlo, algo que ha sido puesto en valor por el consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.
Este paquete de medidas va dirigido a hacer frente al encarecimiento del petróleo, el gas y otros insumos básicos que están elevando los costes de producción para empresas, autónomos, agricultores, ganaderos y familias.
Castilla y León luchará contra la crisis económica con un plan de 400 millones de eurosLas iniciativas incluyen apoyo financiero al tejido empresarial, medidas para mejorar la empleabilidad, refuerzo del transporte colectivo BUSCYL, ayudas a familias vulnerables, rebajas fiscales, impulso a la eficiencia energética y garantías para el funcionamiento de los servicios públicos.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó tras la reunión que se trata de una respuesta inicial ante un escenario económico incierto.
Según señaló, “es una primera actuación y, si las circunstancias lo determinan, estaríamos atentos para actualizarlo o ampliarlo”, al tiempo que subrayó que “ahora mismo es imposible calcular el impacto exacto de la crisis, pero tomamos medidas de forma rápida y ágil”.
Carriedo destacó además que Castilla y León se sitúa entre las primeras autonomías en reaccionar ante esta situación.
“De momento solo tres comunidades autónomas hemos anunciado medidas de este tipo; estamos entre las primeras en hacerlo y lo hacemos para dar certidumbre y mejorar las condiciones de empresas y familias”, afirmó.
Apoyo financiero a empresas
El bloque más importante del paquete se centra en medidas de financiación para el tejido empresarial, con una dotación de 113 millones de euros. Entre ellas destacan nuevas líneas de financiación para hacer frente al aumento de costes energéticos y de producción, con préstamos que podrán alcanzar hasta 750.000 euros, con bonificaciones en los tipos de interés y plazos de amortización de hasta 180 meses.
También se contemplan instrumentos de financiación para pymes exportadoras, inversión en autoconsumo energético, el impulso del Fondo de Internacionalización, así como la ampliación de carencias en proyectos de reindustrialización.
En el ámbito agrario, se refuerzan los instrumentos financieros vinculados a la Política Agraria Común (PAC) y se incrementa la bonificación para la contratación de seguros agrarios para jóvenes agricultores, que pasa del 10 % al 25 %.
El plan destina 7 millones de euros a medidas de empleabilidad, con programas de formación y cualificación ligados a sectores estratégicos como los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos o energéticos.
Además, se reforzarán iniciativas para atraer y retener talento joven cualificado y se impulsarán incentivos a la contratación en sectores especialmente afectados por la crisis.
El Ejecutivo autonómico también destinará 5 millones de euros para reforzar el transporte colectivo BUSCYL, con el objetivo de ajustar la oferta a la creciente demanda derivada del aumento del precio de los combustibles.
En este sentido, el portavoz autonómico indicó que algunas de estas medidas tendrán continuidad si la demanda lo justifica. “Hay actuaciones con fecha determinada, pero otras tienen vocación de continuidad; por ejemplo, el refuerzo de líneas de transporte que están siendo más utilizadas, y que seguiremos reforzando si se mantiene esa necesidad”, explicó.
El paquete incluye 1 millón de euros para activar bonos de urgencia social destinados a familias vulnerables en caso de necesidad.
Otro de los bloques recoge el impacto en Castilla y León de las rebajas fiscales incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Gobierno central para responder a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio.
Estas medidas suponen una reducción del IVA de la electricidad, hidrocarburos y gas, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la reducción del impuesto sobre hidrocarburos. El impacto total de estas rebajas fiscales en la comunidad se estima en 191,2 millones de euros hasta el 30 de junio, de los cuales 117,4 millones corresponden a la merma de ingresos asumida por la Junta.
Ahorro energético y renovables
El sexto bloque, con 33,3 millones de euros, incluye ayudas para mejorar la eficiencia energética en empresas industriales y edificios del sector terciario, así como la implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios públicos.
También se impulsará la biomasa como recurso energético, el aumento de su producción autóctona, la construcción sostenible con madera y la expansión de redes de calor urbanas con biomasa, incluyendo una bonificación del 100 % del coste de las subestaciones para comunidades de propietarios que se conecten a estas redes.
El último bloque, dotado con 10 millones de euros, busca asegurar el funcionamiento de los servicios públicos ante el incremento de costes de bienes y servicios. Para ello se facilitará la revisión de contratos públicos afectados por el encarecimiento de materiales y se habilitarán recursos adicionales para las distintas consejerías.
El portavoz de la Junta explicó que la elaboración del paquete ha incluido contactos con los sectores más afectados. “Hemos estado reunidos con todos ellos, especialmente con el sector industrial, agrícola y ganadero, así como con representantes del transporte de viajeros y mercancías, escuchando sus necesidades y dificultades”, indicó.
No obstante, reconoció que las medidas no satisfacen completamente a todos los ámbitos. “Es evidente que no se da satisfacción plena a todos los sectores, pero sí se han mantenido reuniones desde las distintas consejerías para analizar las dificultades y dar respuesta en la medida de lo posible”, añadió.
Garantía de financiación pese al Gobierno en funciones
Carriedo aseguró que la financiación del plan está garantizada pese a la actual situación política. “Aunque estamos en un momento de Gobierno en funciones, la financiación está asegurada y realizaremos las modificaciones presupuestarias necesarias para que estas medidas se puedan aplicar”, afirmó.
En este sentido, insistió en que la Junta seguirá actuando mientras dure la situación. “La duración de la guerra no depende de nosotros y no podemos aventurarnos, pero asumimos el compromiso de afrontar los retos y desafíos que vayan surgiendo. Un gobierno en funciones no significa un gobierno que no funciona; tiene la obligación de funcionar”, concluyó.