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Cataluña y Madrid reciben el 40% de las solicitudes de regularización de migrantes y la mayoría trabajará en hostelería

Cataluña y Madrid reciben el 40% de las solicitudes de regularización de migrantes y la mayoría trabajará en hostelería
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El 67% de los solicitantes son de América Central y del Sur, seguidos de un 23% de origen africano y un 8% asiático. Un 57% son hombres. Más información: La Policía calcula que 400.000 migrantes que no estaban en España se han colado en la regularización de Sánchez.

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes se ha cerrado con 1.174.978 solicitudes registradas. Diseño: Arte EE

España Cataluña y Madrid reciben el 40% de las solicitudes de regularización de migrantes y la mayoría trabajará en hostelería

El 67% de los solicitantes son de América Central y del Sur, seguidos de un 23% de origen africano y un 8% asiático. Un 57% son hombres.

Más información:La Policía calcula que 400.000 migrantes que no estaban en España se han colado en la regularización de Sánchez.

Publicada 3 julio 2026 02:44h Las claves

Las claves Generado con IA

Tras medio año de datos cruzados, informaciones veladas y cifras bailantes, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha ofrecido, por vez primera, un dato en claro sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: 1.174.978.

La cifra supera con creces las 500.000 previstas en su momento y corresponde a las solicitudes registradas desde el 16 de abril hasta el 30 de junio, es decir, este martes, fecha en la que se cerró el plazo para mandar las solicitudes.

"Nos hemos visto desbordados por la realidad", aseguraron fuentes del Gobierno.

Del total, 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación, lo que implica que los solicitantes ya pueden trabajar pese a que su caso no haya sido resuelto.

De hecho, tan sólo 11.000 expedientes están resueltos de forma definitiva, según ha indicado a los medios la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

El volumen de peticiones dibuja una radiografía muy variopinta sobre el impacto geográfico de la regularización, la inserción en el mercado de trabajo y el perfil demográfico de los solicitantes.

Cataluña es la comunidad autónoma que más migrantes recibe. Concretamente, 257.602 solicitudes, lo que supone un 21,9% del total. Barcelona registra el grueso de este volumen, con un 192.195 expedientes (74,6%), mientras que Tarragona recibe 27.214 (10,5%), Gerona 22.701 (8,8%) y Lérida, 15.492 (6%).

Le sigue, por lógica, la Comunidad de Madrid, con 202.424 solicitudes, lo que supone un 17,2% de la repartición.

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Por detrás se sitúan la Comunidad Valenciana con 167.286 solicitudes (14,23%), concentradas principalmente en Valencia (74.951) y Alicante (73.245), seguidas de Castellón (19.090).

La cuarta de las grandes autonomías con mayor número de peticiones es Andalucía (13,7%), que acumula 161.557, con los principales focos puestos en Málaga (39.899), Sevilla (33.690) y Almería (32.638).

Coinciden Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía como las cuatro comunidades autónomas de España con mayor número de población nacida fuera del país, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que casa con el número de peticionarios.

Sin embargo, existen regiones donde el porcentaje de solicitantes respecto a su población nacida en el extranjero es notablemente superior a la media nacional.

Colombianos (26%), marroquíes (13%) y venezolanos (12%): el ránking en la regularización del total de 1.174.978 solicitudes

Estas comunidades autónomas se caracterizan por una inmigración de carácter eminentemente laboral, concentrada en el sector primario (agricultura), la construcción y la industria.

Por ejemplo, Castilla-La Mancha suma un 4,4% de solicitudes de regularización extraordinaria pese a que sólo alberga el 3,5% de los nacidos en el extranjero, mientras que País Vasco, con un 4,2% de peticiones, tiene sólo un 3,4% de población extranjera.

Empezando por la cola, Ceuta y Melilla apenas reciben peticiones (452 y 743, respectivamente, lo que apenas suma un 0,1%), seguidas de La Rioja (6.448), Cantabria (8.767) y Extremadura (9.634).

En qué sector trabajarán

El diseño jurídico del proceso de regularización extraordinaria establece que la mera admisión a trámite de la solicitud ya otorga al solicitante una autorización provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional.

Esta característica esencial ha facilitado una transición inmediata desde la economía sumergida hacia el mercado formal sin necesidad de esperar a la resolución definitiva de sus expedientes administrativos.

Al cierre del plazo de presentación de solicitudes, el dinamismo de esta inserción laboral se ha traducido en que, a 30 de junio de 2026, la Seguridad Social registre ya un total de 159.097 afiliados en alta como consecuencia directa de este procedimiento extraordinario.

La hostelería se sitúa como el principal motor de empleo de este colectivo, concentrando 38.776 personas (un 24,4% del total). Le siguen el comercio al por mayor y al por menor, con 20.195 afiliados (12,7%), las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con 19.327 (12,1%) y la construcción, que recoge 18.310 afiliados (11,5%).

Los datos ofrecidos por el Ministerio aseguran que el 83,4% de los nuevos cotizantes se encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social.

La participación en los regímenes especiales es minoritaria y refleja de forma fiel la distribución de las ocupaciones: el Régimen Especial Agrario concentra al 7,9% de los trabajadores, el Régimen de Empleadas del Hogar al 4% y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se sitúa por debajo del 4,7%

Finalmente, la modalidad de contratación resultante del afloramiento de este empleo formal es altamente estable: el 77,3% de los contratos de las personas regularizadas son de carácter indefinido, frente a un 22,7% de contratos temporales.

Latinos y africanos: más del 80 %

En cuanto al origen de los solicitantes, el balance oficial de la campaña constata el peso abrumador del colectivo de procedencia hispanohablante, ya que el 67% de las solicitudes proceden de América Central y del Sur. Le siguen un 22,9 % de solicitantes de origen africano y un 8,3% asiático.

Por países de origen, Colombia lidera de forma muy destacada con el 25,9% de todas las solicitudes registradas, seguida de Marruecos (13,3 %), Venezuela (11,8 %), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).

El 20,5% restante de los expedientes corresponde a solicitudes de otros países que no han sido determinados por las fuentes del Ministerio.

Otra distribución relevante es la vía administrativa de la solicitud, donde el 79,6% corresponde a autorizaciones de arraigo extraordinario y el 20,4% a solicitudes por razón de protección internacional en circunstancias excepcionales.

Un 57% de hombres

La distribución por género de los solicitantes en la regularización extraordinaria muestra que el 57% de las peticiones corresponden a hombres y el 43% a mujeres.

No obstante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que esta proporción varía según los grupos de edad, registrándose una distribución muy paritaria en el caso de los menores de edad y en la franja de los 45 a los 54 años.

Respecto a la distribución por grupos de edad, el censo revela una población mayoritariamente joven y activa, con un 87% de los solicitantes situados entre los 16 y los 64 años.

En concreto, seis de cada diez personas (59,4%) tienen menos de 34 años. El segmento más numeroso es el que va de los 25 a los 34 años, que acumula el 31,3% de las solicitudes.

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Por su parte, la vía de la vulnerabilidad socioeconómica ha sido uno de los pilares y de las puertas de acceso más transitadas de este proceso extraordinario, pero la regularización se ha estructurado en torno a dos grandes canales administrativos de origen y diversos requisitos de entrada.

Por un lado, el arraigo extraordinario ha supuesto un 79,6% del total, unas 935.282 peticiones. Es la vía mayoritaria dirigida a las personas que se encontraban en situación de irregularidad en España.

Por otro, están los solicitantes de protección internacional, el 20,4% del total, unas 239.696 peticiones, que está dirigido a aquellos solicitantes de asilo cuyas peticiones estaban pendientes de resolución o en fase de recurso antes de la fecha de corte.

Para este grupo, la regularización ha actuado como una pasarela que les otorga una autorización de residencia y trabajo de un año, incluso si su solicitud de asilo es finalmente denegada o si tienen un proceso de devolución o expulsión en marcha.

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Para el grupo que optó por la vía del arraigo, la norma exigía acreditar una estancia previa en España (haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y acumular cinco meses consecutivos de presencia); para los de protección internacional, debían haber solicitado formalmente asilo antes de esa misma fecha.

Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional han asegurado a EL ESPAÑOL que al menos 400.000 de los solicitantes no estaba en España y se han colado en la regularización de Sánchez.

Dichas fuentes defienden que antes del 1 de enero de 2026 vivían en España en torno a 850.000 extranjeros sin papeles que cumplían los requisitos para ser regularizados.

El comisario jefe de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, advirtió en un informe de un posible "efecto llamada", y explicó que existían redes de tráfico de personas que utilizaban el anuncio en terceros países para captar gente en redes sociales.

Los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras detectaron pronto todo un mercado negro de facturas y tickets dirigido a los inmigrantes que necesitaban acreditar su presencia en España, y alertaron de la existencia de "un gran bazar" que ofrecía "facturas de gas o de línea telefónica" a través de Telegram o Instagram.

El dilema de las cifras

Ante la contundencia de los datos reales, el Ejecutivo intentó justificar el desfase asegurando que siempre "barajaron tres escenarios: 500.000, 750.000 o más de 1 millón", y que la cifra menor era sólo una herencia del texto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

La prueba de que el Ministerio obvió u ocultó las sucesivas alertas mientras tachaba de alarmistas a los medios que aseguraban que serían, por lo menos, el doble, está en su propia documentación interna.

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El informe oficial del Gobierno, fechado en abril de 2026, proyectó que sólo habría medio millón de beneficiarios.

Sí contempló una capacidad máxima para tramitar 752.250 expedientes, pero fue simplemente como un colchón operativo del 150% destinado, textualmente, a "absorber solicitudes duplicadas e incumplimientos de requisitos".

Hoy, ante la evidencia, confiesa haber manejado los tres escenarios y que la realidad "se ha acercado más a la previsión máxima", dice que si no la dieron en su día fue porque "era difícil contabilizar a personas que no tienen los documentos".

Su intención, afirman, "no era engañar ni ocultar datos", e insisten en que la irregularidad, además de ser "un proceso vivo que va mutando", también "es una exclusión administrativa que hace que sea difícil de cuantificar".

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