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Reportajes Centros de deportación de inmigrantes en Marruecos y Colombia: el plan que apoyan PP y Vox con luz verde de la UELa aprobación del nuevo reglamento europeo, de aplicación obligatoria, estima crear espacios en países de fuera de la Unión y establecer "retornos efectivos".
Más información: La Eurocámara aprueba crear centros de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea
Laura Garófano Publicada 28 marzo 2026 01:40hVox y PP han alzado al unísono la mano en Bruselas para apoyar un reglamento presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (PPE). Permitiráendurecer las expulsiones y la creación de centros de deportación fuera de la UE.
Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez, con Fernando Grande‑Marlaska al frente de Interior, ha elegido la vía de aceptar el nuevo marco europeo de retornos, pero negarse a la creación de esos 'hubs' externos. Lo que ha ocurrido es que en su apuesta por optar, al mismo tiempo, por una regularización masiva dentro de España, se han quedado solos.
Entre la tensión de una mayoría parlamentaria europea que quiere más deportaciones y un Ejecutivo español que intenta contener cómo se aplican, este periódico ha preguntado a los dos principales partidos españoles que han respaldado la iniciativa, PP y Vox, sobre cómo piensan que sería posible aplicarla. Vox ha optado por no responder en absoluto.
El nuevo marco de inmigración europea, que está por desarrollar, nace para responder a la cuestión de que solo una minoría de las personas con orden de expulsión en la UE acaba realmente volviendo a su país.
En este sentido, la solución de la Comisión ha sido prístina: ha aprobado un reglamento, esto es, de obligado cumplimiento, que configura un sistema común de retornos. Las órdenes de expulsión serán válidas en todo el espacio Schengen, y además establece más obligaciones de cooperación para quien está en situación irregular.
También contempla la posibilidad de internar a las personas migrantes irregulares más tiempo mientras se organiza su deportación, siguiendo la vía Meloni abierta con Albania.
En diciembre de 2025 los gobiernos europeos, con la excepción de España, dieron su aval político a esa arquitectura. Y el 26 de marzo de 2026 el Parlamento Europeo ha rematado la jugada, aprobándolo con una mayoría apoyada por los populares, los conservadores y la extrema derecha que ha validado el texto que servirá de base a la versión definitiva de la ley.
La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenesA partir de su entrada en vigor, una orden de expulsión ya no será solo un papel nacional, pues quedará registrada a escala europea, accesible para todas las policías de fronteras. También convertirá a la persona afectada en alguien 'retornable' en cualquier punto del mapa comunitario.
El reglamento establece además la línea jurídica que separa a quien pide asilo como inmigrante de quien pasa a ser 'irregular'. Así, mientras el expediente de protección internacional de asilo esté abierto, la persona se rige por el derecho de asilo. Pero en cuanto la denegación sea firme y no tenga otro permiso, entra en el circuito de los retornos.
Es justo donde ahí se activa todo, desde la obligación de cooperar, a posibilidad de detención prolongada, establecer veto de entrada, así como una coordinación entre Estados para encontrar un lugar donde expulsarla.
Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, sostiene a EL ESPAÑOL que el reglamento "es una victoria clarísima, del sentido común y del Partido Popular. Porque significa que Europa reconoce abiertamente que una política migratoria sin retornos efectivos no es una política seria y le pone remedio".
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, durante la votación de este jueves en Bruselas Parlamento Europeo
En su diagnóstico, el mismo defendido por Von der Leyen, estima que en la UE se ejecutan menos del 20% de las órdenes de retorno. En España, apenas el 10%. "Esa es la mejor radiografía de un sistema claramente roto”, incide.
Frente a ello, Ezcurra contrapone la regularización que se tramita en España, que describe como “una regularización masiva sin controles, sin verificación de antecedentes penales, sin coordinación europea y sin evaluación de impacto”.
Países 'seguros'
La novedad más explosiva de lo aprobado esta semana en la UE no está solo en los papeles, sino en el mapa. El reglamento legaliza que los Estados puedan enviar a personas con orden de retorno a centros situados en terceros países, considerados como 'seguros', y con los que habrá que firmar acuerdos.
Italia ya ha abierto el camino con su acuerdo con Albania, que permite trasladar allí a personas rescatadas en el mar para examinar sus solicitudes en territorio albanés y devolverlas sin que pisen Italia en sentido estricto.
Mientras tanto, una coalición de Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia trabaja para replicar el modelo mediante acuerdos bilaterales países del norte de África, del Sahel o incluso de otras regiones dispuestos a acoger estos centros a cambio de financiación, apoyo político o ventajas comerciales.
Son los llamados 'return hubs, situados en Albania, Uganda u otros destinos donde se concentraría a quienes Europa quiere expulsar, mientras se tramitan los últimos pasos administrativos.
Los Gobiernos socialistas de Dinamarca y Malta apoyan los centros de deportación y dejan a Sánchez aislado en la UESobre el papel, a esos espacios de internamiento solo deberían llegar personas con decisión de retorno firme, es decir, solicitantes de asilo rechazados o migrantes que han perdido cualquier base legal para quedarse.
Esos centros de internamiento solo podrían abrirse en determinados países que la UE ha establecido -y aprobado- por primera vez dentro de una lista común. Son los países de origen 'seguros' que servirán para acelerar la tramitación de ciertas solicitudes de asilo y facilitar devoluciones rápidas.
En esa lista figuran Bangladés, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, es decir, estados respecto de los que la Unión considera, en términos generales, que no existe una situación sistemática de persecución o violencia indiscriminada que justifique un reconocimiento automático de protección internacional.
Además, el reglamento establece que todos los países candidatos a entrar en la UE se consideran también países de origen seguros, salvo que circunstancias específicas, como conflictos armados o graves vulneraciones de derechos fundamentales obliguen a suspender o matizar esa presunción.
En la práctica esto afecta a Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte, Turquía, Ucrania, Moldavia, Georgia y otros aspirantes, y refuerza la posibilidad de tramitar con carácter acelerado las solicitudes de asilo presentadas por personas procedentes de esos territorios.
En la práctica, la combinación de procedimientos acelerados en frontera y estos países seguros reduce el tiempo entre pedir protección, recibir una negativa y ser declarado deportable.
La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenesNo obstante, juristas y oenegés temen que esta medida se transforme la excepción, esto es, que la expulsión rápida sea la regla, y que parte del examen de asilo se traslade, de facto, a campos fuera del territorio comunitario.
Para Alma Ezcurra la clave del nuevo marco es que "una política de retornos que no se ejecuta no es política, es una invitación evidente a saltarse la ley". Desde esa premisa, sostiene a EL ESPAÑOL que "hay que poner orden, legalidad y sentido común".
Eso es, incide, "lo que hace esta norma: establece por primera vez un marco jurídico vinculante para ejecutar las expulsiones, crea centros de retorno con garantías, refuerza las consecuencias para quienes no cooperan, obliga a los Estados miembros a reconocer mutuamente las decisiones de retorno…"
Lo hace, asevera, "con todas las garantías, porque afecta exclusivamente a quienes ya tienen una decisión firme de retorno tras un procedimiento legal completo”.
Ezcurra encuadra el texto como pieza central del nuevo paquete migratorio. Sostiene que el reglamento no es una pieza aislada, sino que es es "el pilar que permite que funcione el Pacto de Migración y Asilo”.
Subraya además su alcance jurídico, que es "aún más relevante, al tratarse de un reglamento, no de una directiva. Eso significa que será de aplicación obligatoria y directa en todos los Estados miembro, también España".
Por su parte, Vox, que no ha respondido al requerimiento de este periódico, ha venido defendiendo la deportación masiva de inmigrantes en situación irregular y la 're‑emigración', es decir, la idea de expulsar también a quienes ya tienen papeles si, según su relato, no se adaptan o suponen una amenaza.
Pero en Bruselas, los eurodiputados de Vox han apoyado sin matices el nuevo marco, incluido el hecho de que el reglamento deje fuera a los inmigrantes menores de edad. Y en Madrid, el partido ha convertido la regularización de unas 500.000 personas anunciada por Pedro Sánchez impulsada vía iniciativa legislativa popular en su blanco favorito.
Han hablado de "amnistía migratoria", denuncian un supuesto plan para "importar votantes" y exigen que el reglamento de retornos se utilice precisamente para lo contrario, para vaciar el país de "ilegales".
Su objetivo es que España explote al máximo todas las herramientas que el reglamento ofrece, desde los centros de internamiento de extranjeros en España hasta los externos, y que mida el éxito de su política migratoria en número de expulsados, no en derechos garantizados.
Sin embargo, Vox ha acatado ahora la barrera de los tres años de residencia como moneda de cambio en sus pactos regionales con el PP, como medida temporal para acceder a las ayudas y prestaciones autonómicas y locales para inmigrantes.
La posición de España
Frente a esa ofensiva, el Gobierno de Pedro Sánchez se mueve en un equilibrio delicado. España es frontera sur, receptor de llegadas por Canarias y por el Estrecho, y necesita la complicidad de la Comisión Europea, de Francia y de Alemania.
Romper con el Pacto de Migración y Asilo o con el reglamento de retornos habría aislado a Madrid en un momento en que reclama solidaridad y fondos. Por eso, La Moncloa ha optado por aceptar la forma europea, pero pelear por el fondo.
Fernando Grande‑Marlaska ha defendido públicamente que es necesario un marco común de retornos "eficaz y respetuoso con los derechos", y en diciembre no dinamitó la reforma.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Migraciones, Elma Saiz, el pasado diciembreen Bruselas Unión Europea
Pero en esas fechas, cuando los ministros tenían que avalar en el Consejo Europeo la pieza que permite externalizar deportaciones a terceros países, España se desmarcó y votó en contra del acuerdo que reforzaba los internamientos y las devoluciones a países 'seguros'.
Alegó dudas jurídicas y riesgos diplomáticos con sus vecinos del Magreb y del Sahel. Únicamente votó a favor de la lista de países seguros.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha asumido la regularización de unas 500.000 personas sin papeles que viven y trabajan en España. La Comisión Europea ha dejado por escrito que no puede vetar esa decisión, porque la política de permisos de residencia sigue siendo competencia nacional.
La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP sitúa al presidente del Gobierno en una posición de aislamiento en Europa. “Sánchez está cada vez más solo. Solo en el Consejo Europeo, donde fue el único de los 27 que votó en contra en diciembre. Solo en el Parlamento Europeo, donde el texto salió adelante sin los socialistas españoles, pero con el apoyo de socialistas daneses, malteses y letones, por ejemplo".
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