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La patronal prepara una batería de propuestas para poner coto al absentismo. Reclama al Gobierno que actúe sobre los trabajadores que acumulan varios procesos de incapacidad temporal y reforzar los servicios de salud.
El Gobierno ha reanudado la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos para abordar la problemática que genera el volumen creciente de procesos de baja laboral en España, que han aumentado exponencialmente en los últimos años tras la pandemia y suponen ya un coste para las empresas de 16.000 millones de euros y de 17.000 millones para las arcas públicas en concepto de prestaciones. La primera toma de contacto en esta mesa del Ministerio de Seguridad Social, que tuvo lugar el pasado año, se sustanció con una propuesta del Gobierno de altas progresivas para las bajas que superen los 180 días, de modo que se pueda compaginar el trabajo con el cobro de la prestación. Una medida que no convenció ni a empresarios ni sindicatos. De hecho, la última reunión tripartita para abordar la materia había tenido lugar en octubre, antes de retomarse en febrero de este año.
Ahora, los agentes sociales esperan que el Gobierno afine la propuesta de las altas progresivas para que esta pueda tener un impacto real sobre los problemas asociados al absentismo que están asfixiando a buena parte del tejido productivo: costes económicos y organizativos para las empresas, los de reemplazo en los casos en los que es necesario cubrir las bajas con nuevos empleados, de sobrecarga de trabajo en las plantillas, y en última instancia sobre la competitividad y la productividad. El departamento de la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, insiste en armar un planteamiento de altas progresivas que permita minorar, principalmente, los procesos de muy larga duración, a partir de 180 días.
Entre tanto, tal y como señalan a EXPANSIÓN fuentes del diálogo social, la intención de CEOE es poner sobre la mesa una batería de medidas dirigidas a mejorar la gestión de las bajas y los controles, que puedan permitir actuar sobre colectivos concretos y posibles situaciones de fraude. Así, entre las cuestiones que pone sobre la mesa la organización empresarial presidida por Antonio Garamendi está la exigencia de que la Seguridad Social active a la inspección del INSS antes de que transcurran los 365 días.
Legislación
Cabe recordar que, según el artículo 170 de la Ley General de la Seguridad Social, agotado el plazo de 365 días la inspección médica del INSS será la única competente y encargada del control de esos procesos, "pudiendo pronunciarse sobre el alta por curación o mejoría, el alta por incomparecencia, la prórroga de la baja o el alta con propuesta de incapacidad permanente". Es en este momento en el que, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad del trabajador, el INSS puede prorrogar la baja por un periodo de 180 días, determinar la incapacidad permanente o el alta médica.
No obstante, esta excepcionalidad de los inspectores médicos del INSS a partir del primer año no es un obstáculo legal para que puedan llevar a a cabo actuaciones de control durante los primeros 365 días. De hecho, el mismo artículo 170 de la ley indica que en ese primer año el INSS ejercerá, a través de su inspección médica, las mismas competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo servicio público de salud para emitir un alta médica a todos los efectos, así como para considerar que existe recaída en un mismo proceso.
Lo que señalan a EXPANSIÓN fuentes de las mutuas colaboradoras es que en la práctica estos controles del INSS no se llevan a cabo hasta pasado el año, cuando su potestad es exclusiva. Es aquí donde CEOE exige que se active a la inspección con el propósito de una mayor intensidad de los controles, más allá de los realizados por los servicios de salud y las mutuas.
De hecho, otra de las propuestas que ponen sobre la mesa es el refuerzo de los recursos humanos en todos los niveles implicados: en el sistema público de salud, el INSS (dotando de más personal a la inspección médica) y en las propias mutuas.
Reincidencia
Especialmente, desde la patronal quieren que estas actuaciones durante el transcurso del primer año de la baja se produzcan sobre aquellos trabajadores que acumulan varios procesos de incapacidad. Tal y como revela el reciente estudio de la Airef sobre la materia, los episodios de bajas se encuentran concentrados en un porcentaje reducido de personas, y esta concentración ha aumentado en los últimos años. El 25% de las personas acumulan más de la mitad de los procesos (eran el 51 % en 2017 y ascienden al 55% en 2024). Mientras que el 50% de las personas concentran el 77% de los episodios en 2024, cuatro puntos más que en 2017. La evolución indica que "la distribución de los episodios se ha vuelto más desigual, con un núcleo de beneficiarios que concentra una proporción creciente del total de procesos", advierte la Autoridad Fiscal.
Por lo que, en conjunto, los datos evidencian que tanto el nivel como el crecimiento de la incapacidad temporal están vinculados a un uso intensivo del sistema por parte de un segmento reducido de la población.
Rechazo a la propuesta de altas progresivas
A pesar de las leves modificaciones que el Ministerio de Seguridad Social pretende realizar sobre la propuesta de las altas progresivas desde CEOE rechazan el modelo planteado, al considerar que se estaría trasladando parte de coste del proceso de incapacidad temporal a las empresas. Lo que propone el Gobierno es la reincorporación de los casos de incapacidad temporal de larga duración (más de 180 días) de forma progresiva cuando el trabajador haya recuperado la salud. Una progresividad que tendría una duración máxima de 30 días y sería aplicable a trabajadores a jornada completa y también trabajadores a tiempo parcial con una jornada superior al 80%. Durante el periodo de reincorporación el empleado trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario y una prestación equivalente al 50% de la prestación por la mitad de la jornada que no trabaja.
La propuesta genera dudas tanto de lado de las empresas como de los sindicatos. Esencialmente, porque las empresas piden que si el trabajador ya ha recibido el alta, este pueda desempeñar su trabajo al 100% bajo la premisa de que está recuperado, mientras que rechazan cualquier supuesto en el que el empleado acuda al puesto previa alta del médico. Misma postura que han expresado los sindicatos señalando que en los casos de baja laboral solo puede haber dos estados del trabajador: de baja si no está recuperado, o de alta si ya lo está, y por lo tanto está también habilitado para la actividad laboral. Vista la complejidad del sistema que pone sobre la mesa el Gobierno está por ver su viabilidad. Cabe recordar que los procesos que duran más de un año se han prácticamente triplicado (+196,5%) entre los años 2017 y 2024.
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