Imaginemos que el lunes amanecemos con la insólita noticia de que decenas de embarcaciones procedentes de Estados Unidos navegan hacia Groenlandia. Han salido de distintos puertos de Maine, bordeado Nueva Escocia y Terranova y remontado después el mar del Labrador. A bordo viajan miles de ciudadanos estadounidenses. Un buque de la Guardia Costera norteamericana los acompaña durante parte del trayecto. Washington asegura que se limita a velar por su seguridad, aunque algunas grabaciones sugieren que existe comunicación entre el buque y la flotilla.
Al caer la tarde, unas 30.000 personas han desembarcado en Groenlandia, muchas de ellas en las inmediaciones de Nuuk. La isla tiene menos de 57.000 habitantes; su capital, unos 20.000. Hospitales, alojamientos y servicios sociales quedan desbordados. Hay sobre todo hombres, pero también familias enteras, además de miles de menores, muchos de ellos niños no acompañados. Donald Trump comparece esa misma tarde para negar la implicación de su gobierno, pero vuelve a destacar la importancia de controlar Groenlandia e insiste en los derechos históricos de Estados Unidos sobre la isla.
La Unión Europea está deeply concerned y el gobierno de Dinamarca se reúne de urgencia (su presidenta, incluso, interrumpe sus vacaciones) para tratar la crisis. ¿Qué debe hacer? Porque las personas que acaban de desembarcar en sus costas son seres humanos. Muchas solicitan asilo. Dicen escapar de un país en el que los pobres carecen de oportunidades y de acceso a servicios básicos. Hay enfermos, indigentes y adictos al fentanilo que buscan tratamiento. Y están los niños. Treinta mil personas no dejan de tener derechos porque su llegada encaje con los delirios expansionistas de Washington.
Pero Copenhague sabe que esto es algo más que una crisis migratoria. Durante el viaje han aparecido imágenes de supuestos agentes estadounidenses de paisano dando instrucciones a algunos grupos. La Guardia Costera conocía la ruta. Y resulta difícil creer que 30.000 personas hayan atravesado coordinadamente el Atlántico Norte sin conocimiento de su gobierno.
Los 30.000 desembarcados no son exactamente escudos humanos. Son anclas. Anclas humanas. Personas vulnerables utilizadas para establecer un arraigo sobre un terreno deseado. Una presencia multitudinaria que crea una nueva realidad que resultará política, jurídica y moralmente compleja de revertir.
Esto es sólo un experimento mental. Les dejo que conjeturen cómo reaccionarían los que hoy aplauden al gobierno ante una situación semejante. ¿Se atreverían a hablar de algo más que de crisis humanitaria? ¿Serían tan magnánimos con Donald Trump como lo son con Mohamed VI?
La teoría de la guerra justa distingue entre combatientes y civiles. Quien no participa en las hostilidades conserva su inmunidad aunque su presencia beneficie al enemigo. Pero ¿qué sucede cuando esa presencia es el instrumento elegido para conquistar territorio? Los recién llegados seguirían siendo civiles, personas vulnerables a las que proteger, pero estarían realizando la función estratégica para la que antes hacían falta soldados. Tampoco queda tan lejos la Marcha Verde.
¿Puede haber entonces una invasión sin invasores? ¿Una conquista en la que quienes ocupan el territorio no son combatientes, sino personas a las que el Estado atacado tiene la obligación de proteger? Y, sobre todo, ¿no debería nuestra respuesta ser la misma si habláramos de Ceuta o de Groenlandia?