Decenas de ceutíes se han manifestado a las afueras del Acuartelamiento Coronel Fisher y el Gobierno autónomo de Ceuta liderado por su alcalde-presidente desde 2001, Juan Jesús Vivas, se ha quejado este martes por los emplazamientos reservados por el Real Decreto promovido por el Ejecutivo central para alojar a los casi 10.000 migrantes magrebíes y subsaharianos que se mantienen en la ciudad después de la avalancha de los días 30 y 31 de julio pasados.
Los ciudadanos y su Ayuntamiento se quejan de que los emplazamientos determinados en el Real Decreto, aún no publicado pero cuyo contenido ha trascendido y al cual ha tenido acceso EL MUNDO, se encuentran dentro de zonas pobladas del enclave, cuando Vivas había ofrecido al Gobierno de Pedro Sánchez dos grandes espacios cuyo uso no entorpecería la vida normal de los ceutíes, ya muy desgastados después de 27 días de presencia de los migrantes en sus calles, en situación de máxima insalubridad, sin apenas actividad por parte del Estado central.
Esos dos emplazamientos eran las naves de El Tarajal, donde unas 1.000 personas, mujeres y niños incluidos, ya moran en espera de una solución, y unos terrenos cedidos por el Consistorio a los Boy Scouts cerca de la playa de Calamocarro.
En cambio, el Real Decreto reserva para los migrantes polideportivos de colegios e institutos como Puertas del Campo, Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, unos de Primaria y otros de Segundaria, pero donde en cualquier caso las clases deberían comenzar en menos de dos semanas, señalan en el Gobierno local.
La ciudad se queja también de que el uso para los migrantes de centros deportivos como Guillermo Molina y Díaz Flor, también incluidos por el Gobierno entre las infraestructuras, impedirán toda actividad deportiva a los ceutíes. Y se censura también la inclusión en estos espacios del propio acuartelamiento Coronel Fisher, donde se manifestaban hoy los ciudadanos, y la Fábrica de Harina, por tratarse de espacios en núcleos muy poblados.
Desde el Ejecutivo local se denuncia también que se ha marcado un horizonte temporal del 31 de diciembre para el mando único entre las disposiciones del Real Decreto, cuando es más que probable que la situación extrema que vive la ciudad no se haya solucionado para entonces, y se censura igualmente que no se haya mencionado en el documento el objetivo esencial de proceder a la devolución de los migrantes que no tengan derecho a permanecer en España lo antes posible.