Ceuta y Melilla en el vórtice de un huracán

La Tribuna

La soberanía se defiende con diplomacia, pero se consolida asegurando la presencia, los derechos y el respaldo del Estado en cada rincón del territorio

Juan Manuel Ruiz Galdón

Colegiado de honor por el Colegio de Economistas de Ceuta y presidente de la Comisión de Recursos del Colegio de Economistas de Málaga

La soberanía de un país no se evalúa solo por los tratados internacionales, sino también por la solidez de las instituciones que protegen a sus ... ciudadanos día a día. En el debate constante sobre la pertenencia de Ceuta y Melilla a España frente a las aspiraciones de Marruecos, a menudo se olvida una dimensión interna del conflicto: el compromiso del Estado con sus territorios fronterizos.

Haber gestionado durante años el Instituto y la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga y Ceuta durante periodos de intensa transformación me permitió observar que el equilibrio en el Estrecho de Gibraltar no es un concepto abstracto, sino un pilar fundamental que sostiene la seguridad de toda Andalucía y por extensión, de España y la Unión Europea.

La postura de Marruecos sobre Ceuta y Melilla parece carecer de bases sólidas en términos de derecho internacional e historia compartida

Los vínculos con el norte de África son esenciales para nuestra estabilidad, transformando este conflicto geopolítico en un asunto que afecta directamente a nuestra economía y paz. Abyla, hoy Ceuta, y Rusadir, hoy Melilla, no son periferias alejadas, sino componentes cruciales de nuestra estructura administrativa. Hoy me enfocaré en Ceuta. Para comprender profundamente la soberanía española sobre Ceuta, es necesario acudir a su historia. Desde siglos antes de que Marruecos existiera como entidad política, la ciudad ya era un enclave estratégico vital para la civilización mediterránea. Fundada por los fenicios con el nombre de Abyla, posteriormente fue un centro comercial consolidado por los cartagineses hasta ser absorbida por el Imperio romano con el nombre de Septem Fratres formando parte del Imperio romano desde el año 42 d. C., cuando el emperador Claudio integró y organizó el norte de África en la provincia de la Mauritania Tingitana. En el 429 esta región es invadida por los vándalos y en el 534 volvió a ser conquistada por los romanos, entonces Imperio Bizantino. En el 615 los visigodos expulsan a los bizantinos y estas plazas pasan a la órbita de este reino cristiano. Este núcleo histórico muestra que Ceuta nunca fue una periferia improvisada, sino un bastión occidental conectado desde hace casi tres milenios con los mismos pueblos que también fundaron Málaga.

En el 711, desde Ceuta, entonces gobernada por el legendario conde don Julián, se facilitó el avance árabe hacia Europa a través de la península ibérica. Durante la permanencia de los musulmanes en la península, estas ciudades estuvieron bajo el control de distintos gobernantes islámicos. Tras el fin del dominio musulmán en la península en 1492, Ceuta ya había sido conquistada por el reino de Portugal en 1415, mientras que Melilla lo fue por Castilla en 1497. Entre los siglos XVIII y XX, diversos sultanes del entonces llamado Sultanato de Marruecos firmaron varios tratados con España (como los Tratados de Mequinez de 1799 o el Tratado de Wad-Ras de 1860). Al establecer acuerdos internacionales sobre fronteras y comercio con España, los antiguos gobernantes marroquíes reconocieron jurídicamente la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y otros territorios, ampliando los límites fronterizos e institucionales de ambas plazas. Durante ese periodo, Marruecos también firmó el Tratado de Lalla Maghnia en 1845 para definir una frontera precisa con Francia tras ser derrotados en la batalla de Isly.

En 1956, tras la disolución de los protectorados francés y español, nació el actual Reino de Marruecos como un Estado independiente moderno. Ceuta y Melilla ya formaban parte de la soberanía española siglos antes de que se estableciera el mapa del Marruecos independiente. Estas ciudades nunca fueron parte del protectorado, ya que eran territorios españoles.

Es importante señalar que Ceuta y Melilla no están en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU, ni existe ninguna resolución de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad que las considere bajo «ocupación ilegal» o que inste a España a negociar su transferencia. Además, la Constitución Española de 1978 reconoce a Ceuta y Melilla como parte integral de la nación, en igualdad con el resto de las provincias. Los más de 170.000 residentes poseen la nacionalidad española y la ciudadanía de la Unión Europea, expresando su deseo de seguir siendo parte del Estado español y por ende de la Unión Europea.

La postura de Marruecos sobre Ceuta y Melilla parece carecer de bases sólidas en términos de derecho internacional e historia compartida. Sin respaldo jurídico ni apoyo de tribunales internacionales o de la ONU, Marruecos parece evitar llevar este asunto a instancias judiciales y mantiene el conflicto en el ámbito bilateral. En lugar de optar por vías diplomáticas, parece utilizar medidas de presión política, económica o migratoria sobre España. Lo preocupante es que esta estrategia pone en riesgo la seguridad y vida de sus propios ciudadanos, especialmente los más vulnerables. La utilización de menores y personas en situación crítica como parte de estas tácticas los expone a peligros mortales.

Ceuta no es simplemente una cuestión periférica sobre plazas de acogida o control fronterizo. Es un recordatorio de que las fronteras de la Unión Europea generan inestabilidad en los municipios europeos donde se ubican, asumiendo el coste político y humano de un sistema que necesita soluciones estructurales.

El desconocimiento del riesgo presente en las fronteras del sur de la Unión Europea podría generar un conflicto aún mayor en el futuro para Ceuta, España y la misma Unión Europea si no se implementan medidas adecuadas. La llamada guerra híbrida combina el uso estratégico de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, el cierre del comercio con Ceuta y Melilla para debilitar sus economías, la competencia desleal en el sector agrícola, el espionaje político, y el uso de redes sociales para generar inquietud y pánico. Además, las mafias dedicadas al tráfico de personas y drogas también podrían considerarse como un arma política que debería preocuparnos.

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