- JOE LEAHY
La creciente red judicial amenaza a multinacionales e individuos, incluso por las acciones llevadas a cabo fuera del país.
China está extendiendo su alcance judicial más allá de sus fronteras con una batería de nuevas herramientas legales, en su intento por fortalecer su influencia en la gobernanza global y combatir el dominante régimen de sanciones de Estados Unidos.
En los últimos meses, Pekín ha implementado diversas leyes que abarcan conductas tan amplias como el cumplimiento de sanciones extranjeras contra China, la investigación de las cadenas de suministro chinas y la incitación a la discordia étnica. Estas leyes contemplan fuertes sanciones e incluso la prohibición de abandonar el país para individuos y empresas.
Según explican abogados, esta creciente red de regulaciones no abarca sólo las acciones llevadas a cabo en China sino también en todo el mundo, lo que aumenta considerablemente el riesgo para las multinacionales y las ubica entre regímenes de sanciones contrapuestos o incluso contradictorios de otros países.
Académicos señalan que el creciente arsenal legal de Pekín forma parte de los esfuerzos de su presidente, Xi Jinping, por contrarrestar a sus rivales geopolíticos y reconfigurar el modelo internacional global para que se ajuste a la imagen de China.
"Quieren que el orden internacional actual esté mucho más centrado en China; ese es el objetivo final", explica Frank Pieke, profesor de estudios chinos modernos en la Universidad de Leiden.
Las reivindicaciones legales extraterritoriales de China también exacerbarán las tensiones con Estados Unidos mientras Xi se prepara para reunirse con Donald Trump en Washington este mes, donde se espera que ambos líderes discutan la extensión de su tregua comercial de un año.
Pekín ha emitido regulaciones sobre lo que el Partido Comunista Chino denomina "estado de derecho en materia de asuntos exteriores" durante más de una década, pero ha acelerado sus esfuerzos en los últimos años a medida que se ha intensificado la competencia con Estados Unidos por la supremacía tecnológica y las tensiones geopolíticas.
Este año, China ha promulgado al menos cinco leyes extraterritoriales de gran alcance, y hay más en trámite, según declaraciones oficiales. Esto se suma a las más de 50 regulaciones en materia de asuntos exteriores vigentes hasta 2024, según el Ministerio de Justicia.
Pekín estima que su arsenal legal extraterritorial es crucial para defender sus intereses frente a lo que considera marcos extranjeros injustos, como las sanciones estadounidenses contra empresas e individuos chinos.
Durante la última década, Estados Unidos ha impuesto una legislación similar a países de todo el mundo, incluida China, en particular sanciones financieras y controles a la exportación de productos de alta tecnología. También ha incluido en listas negras a empresas y productos por supuestos vínculos con el ejército chino y el trabajo forzoso.
Las nuevas normas reflejan la "frustración" de Pekín con las "sanciones y restricciones a las actividades de las empresas chinas en el extranjero", afirma Lester Ross, asesor jurídico sénior de WilmerHale. Añade que China está recurriendo a la "guerra jurídica" para reforzar sus intereses y contrarrestar prácticas similares de Estados Unidos, la UE, Reino Unido y otros países.
"Las autoridades chinas han expresado reiteradamente su firme oposición al abuso de las sanciones unilaterales y de la jurisdicción extraterritorial", declaró el Gabinete chino, presidido por el primer ministro Li Qiang, tras la firma de la última ronda de leyes en abril. "El Partido Comunista de China también se ha comprometido en los últimos años a fortalecer los mecanismos para contrarrestar las sanciones extranjeras".
Entre las medidas más trascendentales adoptadas por Pekín figura la Orden 834, que restringe a las empresas extranjeras la recopilación de información sobre las cadenas de suministro chinas y la realización de procesos de diligencia debida sobre los proveedores. Esta orden permite a las autoridades imponer prohibiciones de salida a quienes sean declarados culpables de trato discriminatorio hacia los proveedores chinos.
Otra orden, la 835, se centra en el uso de la "jurisdicción extraterritorial indebida" contra entidades chinas, entendida como medidas que perjudican la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China.
Por su parte, la Orden 837 regula la forma en que las empresas chinas realizan inversiones directas en el extranjero, incluyendo a quién pueden vender activos, así como las contramedidas contra los Estados extranjeros que discriminan a los inversores chinos.
China se ha mostrado indignada, por ejemplo, por los intentos de Estados Unidos de obligar a la empresa hongkonesa CK Hutchison a vender sus concesiones de puertos a ambos extremos del Canal de Panamá.
Los expertos afirman que las empresas chinas también están bajo presión para cumplir con las regulaciones relacionadas con el exterior. Según Pieke, de Leiden, estos casos pueden ser investigados a través del sistema judicial o incluso por la temida Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista.
Los analistas señalan el bloqueo por parte de Pekín de la compra por 2.000 millones de dólares de Manus, una empresa de inteligencia artificial vinculada a China, por parte del grupo estadounidense de redes sociales Meta, un movimiento que incluyó la imposición de una prohibición de salida a dos de los fundadores de Manus.
En julio, Pekín promulgó una nueva y drástica ley de unidad étnica que autoriza acciones legales contra organizaciones o individuos fuera de China que "socaven la unidad étnica" o provoquen el "separatismo".
Los expertos afirman que esta medida responde a la legislación estadounidense y de otros países occidentales destinada a presionar a Pekín por la represión contra los tibetanos y los uigures, una minoría musulmana de la región occidental de Xinjiang que ha sufrido detenciones masivas y estrictas restricciones a sus prácticas religiosas y a la educación.
Además de ampararse en leyes extraterritoriales, China también ha comenzado a hacer valer sus reivindicaciones con mayor firmeza.
En mayo, el Ministerio de Comercio emitió su primera prohibición en virtud de una ley de 2021 contra las sanciones extranjeras para impugnar las sanciones estadounidenses contra cinco refinerías chinas que compran petróleo iraní.
A principios de este año, el Tribunal Marítimo de Shanghái tomó medidas contra un buque portacontenedores que había infringido tanto el régimen de sanciones chino como el estadounidense.
El Dortmund Express, operado por la empresa japonesa Ocean Network Express (ONE), transportaba carga desde China a Estados Unidos en 2022 cuando descubrió que tres contenedores a bordo contenían equipos electrónicos del grupo chino de vigilancia Hikvision, incluido en la lista negra estadounidense. La compañía se negó a realizar la entrega.
Hikvision demandó a ONE en virtud de la ley contra sanciones extranjeras de 2021, y el tribunal ordenó a ONE pagar el valor total del envío de 4,99 millones de yuanes (640 millones de euros), más intereses, por acciones "discriminatorias".
ONE y Hikvision no respondieron de inmediato a la solicitud de declaraciones.
El Tribunal Popular Supremo de China elogió el fallo en junio, afirmando que debería "impulsar" la actuación judicial en casos similares.
Wang Jiangyu, profesor de derecho y director del Centro de Derecho Chino y Comparado de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, afirma que el caso es un claro ejemplo del "dilema de la espada y la pared" al que se enfrentan las multinacionales, mientras que la declaración del Tribunal Supremo apuntaba a un cambio de una "postura legislativa defensiva a una aplicación judicial proactiva".
Kenny Yap, abogado especializado en litigios marítimos en Singapur, señala que el trabajo relacionado con las sanciones está aumentando. "Muchas empresas que realizan negocios legítimos temen ser sancionadas por alguna de estas administraciones rivales", afirma Yap.
Mientras tanto, China propuso el mes pasado una ley contra la corrupción transfronteriza dirigida a países extranjeros que impongan restricciones anticorrupción a empresas chinas que Pekín considere excesivas o infundadas.
Según los analistas, las ambiciones extraterritoriales de China reflejan la exigencia de Pekín de que la comunidad internacional reconozca su creciente influencia económica y su importancia para las cadenas de suministro globales, en particular para las tecnologías avanzadas.
"Hoy China tiene un poder legal que no tenía hace 10 años", explica Pieke, de Leiden. "Ahora, los extranjeros dependen de la economía china, así que China tiene un arma para presionarlos".
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