El caso del joven gallego víctima de una brutal paliza homófoba puso de manifiesto la necesidad de una mayor protección legal para las personas LGTBI en España
Regala esta noticia Añádenos en Google Ilustración en memoria de Samuel. (Alejandro Castro)Javier Rodríguez
03/07/2026 Actualizado a las 11:31h.El 3 de julio es una fecha conflictiva para la comunidad LGTBI patria. En ella concurren dos hechos de carácter muy distinto: la entrada en ... vigor del matrimonio igualitario en 2004 y el asesinato en 2021 de Samuel Luiz, un joven de 24 años que falleció después de recibir una brutal paliza homófoba en La Coruña.
5 años después de la muerte de Samuel, repasamos algunos de los cambios legislativos que se han dado en el ordenamiento español durante los últimos años para proteger la integridad de las personas LGTBI.
Pepe no pega a Juan porque le deba dinero
«Lo curioso de los delitos de odio es que no son un tipo nuevo de delitos, sino delitos comunes en los que la motivación de ese hecho es precisamente la discriminación. Es decir, que Pepe no pega a Juan porque le deba dinero o se haya acostado con su pareja, sino que le selecciona como víctima por su orientación sexual», explica Maite Verdugo, una de las mayores expertas fiscales en nuestro país en lo que respecta a delitos de odio. Ella vivió de cerca el caso Samuel Luiz: su compañera Olga Serrano fue la fiscal de sala encargada de defenderlo.
«Toda la red de fiscales especialistas nos implicamos mucho, por la complejidad y relevancia del caso y por la necesidad de reivindicar que se trataba de un asesinato homófobo»
Maite Verdugo
Experta fiscal
Esa motivación discriminatoria, fundamental para que un caso se tramite como delito de odio, no siempre termina haciéndose patente en el escrito de denuncia. Algunos expertos señalan como motivos una falta de sensibilización en los cuerpos policiales y la judicatura y el desconocimiento por parte de las víctimas que inician un proceso penal: «Aunque el funcionamiento de estas instituciones ha mejorado, hay quien todavía no entiende que hablamos de delitos de odio, y los terminan instruyendo como meros delitos de lesiones o de amenazas leves. Esa mala praxis hace que toda la investigación consiguiente sea fallida», explica Saúl Castro, abogado experto en derecho antidiscriminatorio.
Verdugo se muestra más optimista ante el panorama actual. Según afirma la fiscal, se ha hecho un esfuerzo en los últimos años por dotar a policías, jueces y fiscales de herramientas para identificar y abordar estos delitos de odio. «Empezamos haciendo formación en cascada a cuerpos policiales hace unos 15 años y, desde hace ya un tiempo, se ha incluido también en el temario de oposiciones a policía, lo que nos asegura que todos los que vayan a examinarse estén formados en delitos de odio», asegura. La aplicación en la judicatura ha llegado más tarde, admite, pero también se ha incluido tanto en la Escuela Judicial de Barcelona, un paso obligatorio para cualquier juez, como en el Centro de Estudios Jurídicos, que se encarga de formar a fiscales.
La fiscal de delitos de odio recuerda que el agravante por homofobia forma parte del Código Penal desde 1995, pero que durante dos décadas quedó «en poco más que papel mojado». «El problema a nivel jurídico ha sido que, una vez probábamos que el autor había cometido el crimen, el motivo se volvía irrelevante. Los delitos de odio requieren una investigación extra, y muchos jueces decían: 'Si ya le vamos a condenar, ¿qué más da por qué lo haya hecho? ¿Por qué seguir investigando?'. Pero claro, aquí el daño va más allá de la integridad física», argumenta la fiscal. Curro Peña, doctor en Derecho Internacional e investigador sobre los Derechos Humanos de las personas LGBTI+, coincide con ella: «Las agresiones LGTBIfóbicas son una forma de violencia que manifiesta de forma extrema el estigma que pesa sobre la comunidad. Buscan reafirmar una jerarquía social en la que las personas LGTBI estamos por debajo de otras y, por tanto, merecemos la violencia recibida. Que el Estado no reconozca esa diferencia también es una forma de reafirmar esa jerarquía».
De la Ley Zerolo al 028
Según datos publicados por el Ministerio del Interior, en España se registraron un total de 2.417 delitos de odio en el año 2025; de esos, 571 (más de un 20%) se cometieron contra personas del colectivo LGTBI. Esta cifra supone un máximo en la serie histórica y concuerda con la tendencia alcista que señalan algunas organizaciones LGTBI. Pese a todo, los expertos advierten de que ese dato no tiene por qué relacionarse directamente con un aumento de la violencia o de la criminalidad. «Solo pone de manifiesto que la población española está más concienciada con el hecho de denunciar y que las políticas públicas para visibilizar estas violencias están funcionando, pero el número por sí solo no ofrece una visión correcta ni realista de la realidad del colectivo», aduce Saúl Castro. Maite Verdugo reconoce que las cifras «están subiendo espectacularmente en estos últimos cinco años y, aunque no suponga necesariamente que haya más delitos, sí creo que el empoderamiento que ha vivido últimamente el colectivo ha hecho que aumente el rechazo en otros».
En los años transcurridos desde el asesinato de Samuel Luiz, España ha promulgado una serie de leyes destinadas a mejorar la protección legal de las personas LGTBI, como la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida popularmente como 'Ley Zerolo', o la Ley Trans de 2023. «Creo que, desgraciadamente, el caso de Samuel ayudó a ver que todavía teníamos una laguna importante en cuanto a los instrumentos de los que disponemos para frenar el odio. Desde lo político se hizo claro que había que impulsar una solución y reavivar esas iniciativas que estaban paralizadas en el Congreso», recuerda Julio del Valle de Íscar, actual director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en el Ministerio de Igualdad, quien también recuerda la futura implantación de la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno este mes de marzo para analizar la presencia de discursos de odio en redes. Verdugo valora muy positivamente estos avances legislativos: «He trabajado en Naciones Unidas, he dado formaciones por toda Europa y he podido hacer una comparativa del derecho de esos países. Te puedo asegurar que tenemos una de las mejores legislaciones del mundo», opina.
La entrada en vigor de estas normativas ha supuesto diferentes cambios en la administración española. La misma Ley Zerolo, en cumplimiento de las directivas de la Unión Europea, preveía la creación de un organismo de igualdad independiente del Gobierno. Eso se ha visto plasmado en el nacimiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI), de la que Maite Verdugo es ahora presidenta. «Nuestra misión fundamental es atender las reclamaciones de víctimas de discriminación por cualquier motivo, ya sea en lo público como en lo privado», cuenta. AINODI, que todavía está pendiente de la aprobación de su Estatuto Constitutivo, trabajará también en la emisión de recomendaciones, el ejercicio de acciones judiciales o la realización de actividades de prevención y sensibilización.
Por su parte, la Ley Trans trajo consigo la puesta en marcha durante el verano de 2023 del Servicio Arcoíris 028, un teléfono de atención gratuita que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año y que está destinado a proveer información y atención integral en materia de derechos LGTBI; en especial, sobre los delitos de odio por LGTBIfobia. Cuando lo presentó ante los medios, la entonces Ministra de Igualdad Irene Montero recordó que el asesinato de Samuel, y la posterior movilización social que desencadenó, habían servido como germen para la creación de esta línea de asistencia. En sus escasos tres años de existencia, el 028 ha atendido ya más de 30.000 consultas. «No todas son por LGTBIfobia, aunque también ofrecemos asistencia jurídica en esa vertiente», remarca Julio del Valle, que explica algunas de las otras funciones que ofrece el 028:
«Se atiende a padres y madres de hijos e hijas trans que buscan una atención especializada, jóvenes queer que pueden estar valorando el suicido, empresas que quieren implementar su plan de diversidad o parejas del mismo sexo que viajan al extranjero y quieren saber cómo ese país acoge a las personas LGTBI, por ejemplo»
Julio del Valle
Director general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en el Ministerio de Igualdad
El director general afirma que desde el Ministerio de Igualdad están «muy contentos» con el servicio y su potencial de crecimiento. Saúl Castro, que también ofrece asistencia jurídica en el 028, es más cauto en su respuesta: «Creo que es un servicio fundamental, sostenido por profesionales excelentes, pero que tiene cosas incorrectamente formuladas. Como defensor de lo público, me molesta que estos servicios de atención a víctimas, tanto el 016 como el 028, se externalicen a otras empresas que no miran por el bien de los trabajadores ni por la calidad del servicio, sino únicamente por la viabilidad económica del servicio», comenta.
¿Pacto Social o Pacto de Estado?
En 2023, más de una docena de asociaciones, lideradas por la Federación Estatal LGTBI+, formaron un Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Tres años después, reclaman al Congreso de los Diputados que esa alianza se blinde mediante un Pacto de Estado. «Es un tema urgente que ya está sobre la mesa. Necesitamos un consenso político en torno a la necesidad de proteger todas las diversidades que existen en nuestra sociedad y que son habitualmente atacadas desde el odio. Hay que establecer una línea roja que no se debe traspasar porque atenta contra la dignidad de las personas», comenta Julio del Valle.
El contenido de este pacto, sin embargo, sigue todavía en el aire. «Toda la información que he visto habla en términos muy genéricos, y cuando he preguntado más no me han respondido», admite Curro Peña, «pero a priori no me convence. Siento que la propuesta se va a utilizar como arma arrojadiza en el Congreso y eso hará que esté destinada a fracasar. Además, no se nos tiene que olvidar que alguno de los partidos que promueven este Pacto no han tomado ninguna medida disciplinaria contra miembros de su partido que siguen difundiendo bulos sobre las personas trans», critica.
«Yo no quiero arruinarles la vida a los chavales que me gritan maricón por la calle. Quiero que aprendan y no lo vuelvan a hacer, y no me parece que la cárcel sea útil para eso»
Curro Peña
Doctor en Derecho Internacional e investigador sobre los Derechos Humanos de las personas LGBTI+
«No creo que la mayor urgencia queer en España sea castigar los discursos de odio. El derecho penal debe ser la última respuesta, y con todavía más razón cuando hablamos de restringir el discurso», reflexiona Curro Peña. No es el único que piensa así. Cada vez, más expertos buscan vías complementarias o alternativas a un proceso judicial con las que las víctimas puedan seguir viéndose reparadas por el daño sufrido.
«En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay muchos hechos discriminatorios que no son constitutivos de delito pero necesitan acompañamiento», explica Ton Mansilla. «Por ejemplo, que a una persona trans se la trate en la administración según el género que no le corresponda es un acto discriminatorio que, por ahora, no está tipificado como delito». Estos son los casos para los que la Ley Zerolo y la Ley Trans prevén sanciones administrativas, aunque todavía no se hayan impuesto ningunas.
Mansilla continúa: «Incluso cuando usamos la vía penal, hay muchos casos en los que las condenas por delitos de odio no superan los dos años de prisión y, sin antecedentes previos, se suspende el ingreso. En esos casos, nosotros pedimos como pena accesoria o como condición para suspender la pena de prisión que el acusado haga un curso de sensibilización y respeto a los derechos de las personas LGTB. Es una práctica que aplicamos siempre y que nos está dando resultados», afirma.
«Fuera del ámbito penal, el estado tiene un deber y una deuda enorme con las personas LGTB», declara Isaac Guijarro, de Olympe Abogados. «Llevan décadas persiguiéndonos, apalizándonos, encerrándonos, y merecemos una reparación». Ese es el hueco que, sobre el papel, viene a cubrir AINODI. «Es una pretensión que teníamos los fiscales de delitos de odio desde hace mucho tiempo, precisamente porque muchas de esas conductas no están tipificadas en el Código Penal pero son claramente reprochables y no pueden quedar sin respuesta», afirma Maite Verdugo. La fiscal también afirma que desde esa Autoridad Independiente se está trabajando en diseñar mecanismos de justicia restaurativa «que puedan ser mucho más ágiles que un proceso judicial y mucho más orientados a lo que necesita la víctima para sentirse mejor y resarcirse de todo el perjuicio sufrido».
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