Los Comunes llevan toda la legislatura condicionando la política de vivienda del Govern que dirige Salvador Illa. Recientemente, el socialista aceptó dos controvertidas exigencias relacionadas con este ámbito de gestión para ver sus primeros Presupuestos aprobados: el impulso de una reforma legislativa para perseguir la «compra especulativa» en Cataluña y la creación de una «Dirección General de Disciplina de Vivienda» para pilotar a la persecución a los propietarios que incumplan las limitaciones impuestas una vez quede prohibida la adquisición de inmuebles residenciales («viviendas individuales o edificios mayoritariamente residenciales») que realice cualquier persona jurídica o física con condición de gran tenedor (en Cataluña, quien posee más de cinco inmuebles, frente a los diez de España) y que no sea para la residencia habitual o permanente.
Esta polémica reforma legislativa acaba de empezar a ser tramitada en el Parlament y, previsiblemente, quedará definitivamente aprobada en octubre. El objetivo del Govern y los Comunes era que lo hubiera hecho este mismo julio, pero PP y Junts han exigido un dictamen sobre su legalidad al Consell de Garanties Estatutàries -una suerte de Tribunal Constitucional catalán cuyas resoluciones no son vinculantes- lo que demorará la tramitación parlamentaria.
A la espera de superar este obstáculo, la formación que controla Ada Colau y el Ejecutivo de Illa aceleran la creación de la «Dirección General de Disciplina de Vivienda» de la Generalitat, el ente gubernamental que comandará la política sancionadora contra los propietarios. La intención de los socios de legislatura es que esta dirección sea creada este mismo mes de julio y, según trasladan a EL MUNDO fuentes conocedoras de su gestación, los Comunes pretenden que el organismo este liderado por Fuensanta Alcalá, que ya ejerció este mismo rol, pero a nivel municipal, como «directora del Departamento de Disciplina del Ayuntamiento de Barcelona» cuando Colau alcanzó la Alcaldía en 2015.
De la mano de Alcalá, Colau se significó por sus sanciones a grandes tenedores y ahora los Comunes pretenden que la comisaria que dirigió esa cruzada contra la propiedad privada sea incorporada por Illa al organigrama de la Generalitat con plenos poderes. Según las fuentes consultadas por este diario, su nombramiento ya está siendo comunicado.
«Tiene que ser una persona que tenga una trayectoria sólida de lucha por el acceso a la vivienda y que defienda el derecho a la vivienda. Que tenga experiencia y que no le tiemblen las piernas cuando haya que sancionar a un fondo buitre», manifestó este fin de semana la portavoz de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach.
Las mismas fuentes señalan que el objetivo es «retirar la competencia sancionadora a la Agència d'Habitatge de la Generalitat, que ha puesto muchas trabas con la determinación del criterio de gran tenedor», y otorgar «plenos poderes» a la nueva dirección general capitaneada por Alcalá.
Se da la circunstancia de que Alcalá recibió a dedo dos contratos de la Generalitat en 2026. Según consta el la memoria de adjudicaciones de la Administración, el pasado enero, el Departamento de Territori i Habitatge, del que dependerá su dirección general, le otorgó un contrato de 5.808 euros para «la formación de inspectores de vivienda en régimen de contención de rentas» y otro de 4.840 euros para realizar un «estudio de mecanismos de protección de vivienda habitual». Precisamente ese estudio forma parte de los informes en los que se basa la Generalitat para defender la legalidad de la ley contra la «compra especulativa» de vivienda que está impulsando con los Comunes y cuya aplicación efectuará la comisaria de Colau.