La Audiencia Provincial de Barcelona es, desde hoy, el escenario del único juicio contra policías nacionales por la actuación para impedir el referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O de 2017 en Cataluña.
Un escopetero, un inspector y dos subinspectores se sientan en el banquillo por las lesiones sufridas por Roger Español, el activista que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma durante los incidentes de aquella jornada en Barcelona.
Más de un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en el dispositivo para impedir la votación organizada por el Govern de Carles Puigdemont, declarada inconstitucional, han sido amnistiados. Sin embargo, estos cuatro uniformados son los únicos que no se han beneficiado de la ley del olvido penal debido a sus exclusiones. Ahora, se enfrentan a un juicio en el que las acusaciones piden hasta 13 años de cárcel para cada uno de ellos, mientras que la Fiscalía solicita su absolución al no apreciar delito por la eximente de "cumplimiento de un deber".
La inclusión de agentes de los Cuerpos de seguridad del Estado en la Ley de Amnistía fue, inicialmente, uno de los puntos de fricción entre las fuerzas políticas independentistas y el PSOE. Finalmente, el texto recogió que quedarían amnistiadas "las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa" comprendidos en el primer artículo de la ley orgánica "para la normalización institucional, política y social en Cataluña", aprobada en mayo de 2024 y con un periodo de reparación que va del 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Pero, entre las exclusiones que contempla el segundo artículo, aparecen "los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad".
El escopetero y sus mandos se enfrentan a peticiones de penas de 12 y 13 años de cárcel e inhabilitación por parte de las acusaciones populares [ejercidas por Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana e Irídia] y la acusación particular [Irídia], que les atribuyen el delito grave de lesiones con pérdida de órgano principal [nueve años] y el de tortura [cuatro años].
Roger Español (en el centro), el activista que perdió un ojo por una bala de goma en el 1-O, a su llegada al Palacio de Justicia de Barcelona.Gorka LoinazARABA PRESSEl juicio de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se desarrollará en cuatro sesiones, la última precisamente el próximo 1 de octubre. Entre hoy y mañana declararán más de 60 testigos (hoy lo hace Español y mañana medio centenar de policías), mientras que el miércoles 30 de septiembre llegará el turno de las pruebas periciales y el día del noveno aniversario del 1-O serán interrogados los cuatro policías nacionales acusados.
Candidato de Junts en 2019
Para ese día se ha convocado una movilización de apoyo a Español, que, después de aquellos hechos fue candidato al Congreso de los Diputados en abril de 2019 por el Front Republicà y candidato al Senado por Junts per Catalunya en la repetición de las elecciones generales de noviembre de ese mismo año, sin obtener representación. Tanto el activista como las entidades que le dan apoyo quieren que, más allá de su caso particular, sea un juicio contra "la violencia policial que provocó 1.066 heridos durante el 1-O", cifra del balance de personas atendidas, por distinta consideración, que ofreció el Departamento de Salud de la Generalitat tras la votación de 2017.
Español también llegó a estar procesado por atentado contra agentes de la autoridad por el lanzamiento de una valla metálica. La Fiscalía reclamó la amnistía tanto para él como para los cuatro policías, pero la Audiencia de Barcelona únicamente se la concedió al manifestante. El Ministerio Público considera que la actuación de los agentes se enmarca bajo el artículo 20.7 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal a quien "obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo". En su escrito, señala que los policías actuaron "en cumplimiento de órdenes judiciales y de instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad para impedir la celebración del referéndum siguiendo los principios de legalidad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad". Asimismo, la Fiscalía aprecia que el uso de las pelotas de goma se produjo tras agotar medios menos lesivos (como las porras o los disparos al aire) y ante situaciones de bloqueo y violencia.
Irídia, Òmnium y la ANC pretenden que este juicio abra un debate sobre el uso de proyectiles de goma por parte de los cuerpos policiales. En Cataluña, desde 2014, los Mossos d'Esquadra tienen prohibido el uso de pelotas de goma tras el caso de Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo en una manifestación, en Barcelona, durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
Seis organizaciones internacionales de derechos humanos asistirán a las sesiones del juicio: Amnistía Internacional, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO), Redress, ICHRP-España y Defender a quien Defiende (DqD).