Guillermo Serrano
Tribunales Con la Justicia en los talones: los diez sumarios que perseguirán a Pedro Sánchez, su familia y su partido durante el 2026La judicialización de la política continuará en el año que empieza: el Gobierno y el PSOE, atenazados por los casos de corrupción, mientras el PP afrontará procesos heredados de la etapa de Rajoy.
María Peral Publicada 29 diciembre 2025 03:38hLas claves nuevo Generado con IA
Pedro Sánchez, su familia y el PSOE afrontan en 2026 diez procesos judiciales por presunta corrupción, incluyendo casos que afectan directamente a su entorno familiar y político más cercano.
Entre los procesos destaca el juicio al exministro Ábalos, acusado de organización criminal y corrupción, y la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación.
El hermano del presidente, David Sánchez, será juzgado por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz, con peticiones de tres años de prisión.
Los casos también salpican a ex altos cargos del PSOE y están siendo investigados pagos en metálico dentro del partido, lo que podría comprometer la estabilidad política del Gobierno.
El nuevo año estará, como el anterior, pendiente de los tribunales. La agenda judicial, lenta pero inexorable, volverá a incidir en la agenda política con una intensidad propia de los fines de ciclo, cuando emergen los casos de corrupción larvados tras una larga etapa de Gobierno.
Diez procesos por presunta corrupción, más los asuntos de acoso sexual (aún no judicializados) y la condena a exfiscal general García Ortiz, que enfila su camino hacia el Tribunal Constitucional, condicionarán la tarea del Gobierno y tendrán en vilo al PSOE.
Y con una diferencia esencial respecto a la corrupción que lastró los Gobiernos de Felipe González y de Mariano Rajoy: ahora hay procesos judiciales que afectan al ámbito familiar del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al que ha sido su entorno político más cercano.
El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por el presunto amaño de una plaza de coordinador de los conservatorios de música dependientes de la Diputación de Badajoz, está señalado para el próximo 28 de mayo.
Mientras, el juez Peinado continúa las pesquisas contra Begoña Gómez por el supuesto aprovechamiento de su condición de cónyuge del jefe del Gobierno para sus actividades profesionales.
El exministro de Transportes y exresponsable de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que fue el portavoz socialista en la moción de censura que aupó a Sánchez a la Moncloa a lomos del caso Gürtel("crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción", reprochó al PP de Rajoy), será juzgado a finales de febrero o principios de marzo por el presunto cobro de comisiones por adjudicar contratos de mascarillas. Y también por colocar en una empresa pública a una amante que no fue a trabajar ni un solo día.
1. El caso mascarillas
Junto a Ábalos se sentarán en el banquillo su asistente, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide para el exministro 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
La acusación popular que encabeza el PP eleva la petición de pena para Ábalos a 30 años de prisión y ha añadido los delitos de falsedad documental y prevaricación.
En un tiempo récord (el Tribunal Supremo asumió la competencia en noviembre de 2024), el magistrado Leopoldo Puente acordó el pasado 11 de diciembre la apertura del juicio oral y confirmó su decisión de mantener en prisión preventiva a Ábalos y García por "riesgo extremo de fuga".
Ábalos se convertía, así, en el primer diputado en activo en ingresar en la cárcel. Al no haber dejado el acta de parlamentario antes de la apertura de juicio oral, la vista contra él se celebrará en todo caso ante la Sala Penal del Supremo.
Es improbable que el tribunal acepte la petición, planteada por la defensa a última hora, de que el exdirigente socialista sea juzgado por el Jurado.
2. Caso Cerdán
En manos del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente permanece la parte de la investigación contra Ábalos y Koldo García referida al presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos de obras del Ministerio de Transportes.
Son las diligencias en las que está encausado el exdiputado y exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 5 de junio.
La UCO aportó audios intervenidos en los teléfonos de Koldo García, en los que se escucha a Cerdán hablando del reparto de comisiones.
E incluyó mensajes de Whatsapp en los que el entonces dirigente socialista se interesaba por adjudicaciones de obras que presuntamente dieron lugar al cobro de comisiones.
Cerdán fue el primer investigado en ir a Soto del Real, de donde salió el pasado 19 de noviembre tras cinco meses en prisión preventiva.
Desde entonces ha intensificado la línea de defensa consistente en sostener que los audios grabados por Koldo García —el principal elemento incriminatorio, aunque no el único— están manipulados. Ábalos secunda esa estrategia, mientras Koldo guarda silencio.
En estas diligencias también es investigado Antxon Alonso, dueño de una pequeña empresa navarra, Servinabar, a la que la multinacional Acciona eligió para ir en UTE en contratos adjudicados por Transportes.
La UCO sostiene que Cerdán tenía el 45% de Servinabar, en la que han trabajado varios de sus familiares, y que Acciona pagó comisiones por esas adjudicaciones. Dos directivos y dos exdirectivos de la constructora tienen la condición de investigados y están sometidos a medidas cautelares.
3. Caso Koldo
En la Audiencia Nacional se investigan, para las personas no aforadas cuya actuación es escindible de la de Ábalos, los mismos hechos presuntamente delictivos que trata de depurar el Tribunal Supremo en los casos de las mascarillas y de Cerdán.
La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero tienen la condición de investigados después de que el instructor del Supremo apreciara indicios delictivos contra ellos y los remitiera a la Audiencia Nacional. La UCO asegura que "actuaron de facilitadores para las exitosas adjudicaciones" de contratos.
Las diligencias que instruye Ismael Moreno afectan también a Joseba García, hermano de Koldo, y a la exmujer de éste, Patricia Uriz, que ha sido citada para el próximo 20 de enero.
4. Caso de los pagos del PSOE
El juez Ismael Moreno investiga desde el pasado noviembre en una pieza separada del caso Koldo los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024.
Lo hace después de que el magistrado del TS Leopoldo Puente detectara, al investigar el patrimonio de Ábalos, descuadres en el dinero recibido por éste y por Koldo García que el exgerente del PSOE Mariano Moreno no fue capaz de explicar.
El 31 de octubre, Puente envió a la Audiencia Nacional las declaraciones y documentos que ponen de manifiesto que el exministro de Transportes y su asistente recibieron fondos del PSOE que no fueron contabilizados.
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El instructor del Tribunal Supremo describía el descontrol existente en el PSOE sobre el pago por compensaciones de gastos abonados por adelantado por los dirigentes y empleados del partido.
"Es claro que, de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo [contabilizados] los ingresos con los que aquéllos se nutrían", subraya el instructor del TS.
El pasado 16 de diciembre, el PSOE entregó la documentación relacionada con los pagos en cash efectuados desde 2017, que ya analiza la UCO.
Desde el punto de vista político, es la parte de la investigación más comprometida para el Partido Socialista, ya que los socios de investidura han asegurado que dejarán de apoyar al Gobierno si aparecen indicios de financiación ilegal.
5. La 'fontanera' contra la UCO y Anticorrupción
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por ofrecer beneficios a personas investigadas por la UCO y a fiscales a cambio de información que les permitiera desacreditar a la UCO y a Anticorrupción.
Díez se presentaba como "mano derecha" de Santos Cerdán, según se escucha en la grabación de audio entregada por el fiscal Ignacio Stampa, cuya nulidad ha pedido, sin éxito, la conocida como fontanera del PSOE.
El juez Arturo Zamarriego interrogará el próximo 2 de febrero como testigos a Santos Cerdán y a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones y antiguo colaborador de Pedro Sánchez como director adjunto del gabinete del presidente del Gobierno.
Ambos estuvieron presentes en dos reuniones con Leire Díez y Pérez Dolset celebradas en abril de 2024 en la sede del PSOE.
6. La 'fontanera' y la trama de la Sepi
El pasado 10 de diciembre, la UCO detuvo por orden del juez de guardia de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, a Leire Díez, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández (un hombre próximo a la vicepresidenta María Jesús Montero) y al empresario amigo de Cerdán Antxon Alonso.
Son, según la investigación, los miembros del grupo autodenominado Hirurok ("nosotros tres", en euskera).
Pero no son los únicos investigados (aún desconocidos) en unas diligencias abiertas tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que permanece secreta y que ha recaído por turno de reparto en el juez Santiago Pedraz.
La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional EFE
Las diligencias se refieren al presunto cobro de comisiones a cambio de "orientar" e "influir" en expedientes públicos, "aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", indicaba Piña, que les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.
La mayor parte de los fondos obtenidos mediante esas comisiones habrían sido destinados a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca que están siendo analizadas
7. Caso hidrocarburos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz es también el instructor de las diligencias en las que se investiga un presunto fraude millonario a Hacienda, cifrado en más de 182 millones de euros, que tiene como epicentro a la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas.
Junto a él están investigados también Víctor de Aldama; Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz, y su hija Leonor González Pano.
El pasado 11 de diciembre, un informe de la UCO conectó este caso con la investigación a Ábalos, al señalar que la trama del fuel destinó un millón de euros a sobornos y "contraprestaciones" para el exministro y otros cargos políticos a cambio de que se agilizara la obtención del título de operadora por Villafuel.
El instructor ha acordado un calendario de citaciones para finales de enero que, además de los cuatro investigados, incluye la comparecencia como testigos de Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart. Fueron jefes de gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera —actual comisaria europea de Competencia— y de la exministra de Industria Reyes Maroto, respectivamente.
8. Caso Plus Ultra
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que investigó hace dos años el polémico rescate de Plus Ultra por la SEPI por 53 millones de euros, ha abierto ahora una pieza relativa al supuesto blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".
El 11 de diciembre fueron detenidos Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra; Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante. Los tres quedaron en libertad provisional con medidas cautelares.
La investigación está bajo secreto. Martínez Martinez tiene una estrecha relación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero y fue cliente de la empresa de marketing de las hijas de éste.
9. Caso Begoña
La esposa de Pedro Sánchez sigue bajo la lupa del juez Juan Carlos Peinado, que el próximo abril cumplirá dos años de pesquisas de resultados imprecisos.
Investigada inicialmente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y, más adelante, también por apropiación indebida e intrusismo profesional, el pasado agosto Peinado amplió las diligencias a una supuesta malversación de fondos y sigue teniendo en el punto de mira el rescate de Air Europa.
La Audiencia de Madrid ha rectificado más de una decena de veces al instructor, sobre todo por la falta de motivación de sus decisiones. Pero, en lo sustancial, sigue avalando que Peinado prosiga su investigación.
La Audiencia ve indicios de que Gómez pudo aprovecharse de la influencia de su posición como cónyuge del presidente del Gobierno para conseguir financiación para la cátedra extraordinaria que se creó para ella en la Universidad Complutense de Madrid, además de utilizar para sus actividades profesionales los servicios de su asistente en Moncloa, pagada con fondos públicos.
10. Caso del hermano
Begoña Gómez no es el único familiar del presidente del Gobierno con problemas judiciales. Su hermano, el director de orquesta David Sánchez, se sentará en 2026 en el banquillo junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
En ambos casos los procesos siguen adelante porque existen acusaciones populares (Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, entre otras), ya que el fiscal no ve delito alguno.
La juez Beatriz Biedma concluyó que Gallardo influyó en 2017 para que David Sánchez obtuviera una plaza artística, diseñada ad hoc para él, en la Diputación de Badajoz. Las acusaciones piden para cada uno de ellos 3 años de prisión.
El pasado 3 de diciembre, la Audiencia Provincial de Badajoz retrasó a mayo la vista oral, que inicialmente estaba señalada para febrero.
No obstante, en los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre Gallardo ha sido elegido diputado en la Asamblea extremeña y, por tanto, será aforado en cuanto obtenga formalmente el acta.
Ello puede determinar la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) para el enjuiciamiento, lo que obligaría a fijar una nueva fecha.
El PP, Pujol y Puigdemont
El PP también tendrá que afrontar en 2026 el impacto de los casos heredados de las etapas de Aznar y Rajoy: se notificará la última sentencia del caso Gürtel, referida al 'blanqueo' de los beneficios ilícitamente obtenidos entre 1998 y 2009. Y a mediados de enero empezará el juicio contra Francisco Granados por el caso Púnica.
El 6 de abril será el comienzo del juicio del caso Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha, supuestamente, con el "acuerdo pleno" del exministro el Interior Jorge Fernández para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está pendiente de su juicio por presuntos delitos fiscales y de la investigación de su relación empresarial con el propietario de Prevención. Y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro seguirá siendo investigado por el caso de la consultora Equipo Económico.
El juicio al clan Pujol, con el patriarca, Jordi Pujol, de 95 años a la cabeza, continuará en la Audiencia Nacional hasta el próximo mayo.
Y otro expresidente catalán, Carles Puigdemont, espera que 2026 sea el año en que por fin pueda volver a España sin temor a ser detenido por orden del Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena mantiene en vigor la orden de arresto derivada de su procesamiento por malversar dinero público para destinarlo al procés.
El regreso depende, en buena medida, del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales que han planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional respecto a la ley de amnistía.
Pero el criterio el TJUE tendrá que ser aplicado después por el Tribunal Constitucional y, a continuación, por el Tribunal Supremo, al que corresponde la decisión final sobre la exención de responsabilidad penal de Puigdemont y del resto de procesados o condenados por malversación. No habrá, por tanto, una resolución judicial en los primeros meses de este año.
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