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Conchita, la veterana "mano derecha de Vicente Fernández" en la Sepi que 'ayudó' a la 'trama Leire' a embolsarse 575.800 €

Conchita, la veterana "mano derecha de Vicente Fernández" en la Sepi que 'ayudó' a la 'trama Leire' a embolsarse 575.800 €
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La presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha sido imputada como investigada en el último auto del juez Pedraz. El magistrado la considera una cooperadora necesaria del expresidente de la Sepi en la adjudicación de un contrato que está bajo sospecha judicial. Más información: El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

María de la Concepción Ordiz. YouTube FORMACIÓN-ISEL Diputación de Málaga

Reportajes Conchita, la veterana "mano derecha de Vicente Fernández" en la Sepi que 'ayudó' a la 'trama Leire' a embolsarse 575.800 €

La presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha sido imputada como investigada en el último auto del juez Pedraz.

El magistrado la considera una cooperadora necesaria del expresidente de la Sepi en la adjudicación de un contrato que está bajo sospecha judicial.

Más información:El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

Publicada 2 julio 2026 04:09h

El nombre de María de la Concepción Ordiz Fuertes —conocida como Conchita Ordiz—, la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), es uno de los 25 que el juez Pedraz ha incluido como imputados en el marco del caso Leire, la macrocausa de corrupción centrada en el presunto amaño de contratos públicos ligados a la SEPI.

Los indicios que han llevado al magistrado a imputar a esta abogada del Estado apuntan a que habría actuado al dictado del expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, para torcer en favor de la trama la resolución de recursos en materia de contratación pública.

El magistrado ha descrito en sus providencias, a las que ha tenido acceso este diario, la existencia de una "dinámica continuada de intermediación ilícita" en la que los investigados principales habrían actuado como nexo entre intereses privados y decisores públicos.

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Según este documento judicial, los indicios recabados son susceptibles de integrar delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y organización criminal.

575.800 euros

El episodio concreto que sustenta la imputación de Ordiz gira en torno a un contrato de demolición de las antiguas baterías de coque de Avilés (Asturias) licitado por Sepides —filial de la Sepi dedicada a obras públicas— por un importe de 2,85 millones de euros.

La adjudicación inicial, en abril de 2021, recayó en la UTE formada por Lezama Demoliciones y Constructora Los Álamos. Sin embargo, la trama convenció a la empresa navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri para que recurriera la adjudicación.

El TACRC, presidido por Ordiz, estimó el recurso en agosto de 2021 y anuló la adjudicación.

Según los mensajes interceptados por la UCO en la aplicación de mensajería cifrada Threema, el propio Vicente Fernández comunicó a Antxon Alonso y Leire Díez, el 26 de octubre de 2021: "Se ha conseguido que se la admitan, aunque estuviera incursa en temeridad". Un mensaje que lanzó antes incluso de que los técnicos formalizaran el informe correspondiente.

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A finales de noviembre de ese año, Erri Berri se adjudicó definitivamente el contrato.

Fernández volvió a escribir a sus 'socios': "Conchita [presidenta del TACRC] ha cumplido". Esa es la frase que la UCO considera más reveladora de la relación entre Ordiz y la trama Leire.

A cambio de todas estas gestiones, la trama se habría embolsado 575.800 euros a través de Mediaciones Martínez SL, la sociedad pantalla habitual del grupo, posteriormente rebautizada como Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL.

Ordiz, exalto cargo de la Sepi

Ordiz no era una desconocida para Vicente Fernández cuando este la contactó ya siendo presidenta el TACRC para los hechos que investiga el juez Pedraz. Ambos habían coincidido durante años en la SEPI, donde la abogada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos [2013-2014] y después como secretaria general y del Consejo [2014-2019].

Pero su trayectoria profesional arrancó mucho antes, en 1999, cuando tomó posesión como funcionaria de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado, tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Oviedo en 1992.

Su currículum es extenso. Después de 1995 saltó de un despacho familiar de abogados que fue su primer empleo, a la Administración pública.

Fue directora del Gabinete Técnico del Subsecretario de Justicia, luego del Secretario de Estado y de Seguridad del Ministerio del Interior, más tarde trabajó en la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.

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Hasta que en 2013 llegó a la Sepi. Una fuente cercana a esta institución declara a EL ESPAÑOL que Ordiz "es el peor perfil de funcionario que hay, es el que trafica con el poder que tiene. Un funcionario trepa, que no es ideológico. Es más, probablemente, su ideología está más cerca del PP".

Aunque reconoce que se trata de una profesional "muy inteligente": "Cuando llegó a la SEPI trabajaba bien. No llegó como secretaria general, sino como directora de la asesoría jurídica. Era muy cumplidora, muy segura, buscaba soluciones a todo, estudiaba los temas", amplía.

"Tras llegar a la secretaría general empieza a generar problemas y abandona su actitud previa: crea problemas jurídicos donde no los hay con la intención de hacerse imprescindible. 'Yo genero un problema y tú tienes que venir a pedirme que lo solucione, y yo lo soluciono'. Es como un bombero que se vuelve pirómano para justificar su trabajo. Por ahora, le ha salido a cuenta".

Cuando esta fuente dice que esta estrategia "le ha salido a cuenta", se refiere a quién la ha asignado a los puestos que ha desempeñado: "Tiene una serie de vinculaciones con el PSOE".

No en vano, en la Sepi, esta fuente asegura que se convirtió en "la mano derecha" de Vicente Fernández.

Uno de los acontecimientos más sonados de esta etapa fue el que la enfrentó con la exsecretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, cuando esta era secretaria general de Mercasa en 2018.

"En Mercasa había una trama de corrupción que estuvo en la Audiencia Nacional. Cuando llegó Olona a la empresa, abrió una investigación. Recopiló documentos, contratos, listados de llamadas, correos... Todo lo que estaba en su poder. Conchita Ordiz pensó que en ese paquete podía haber correos o llamadas suyas y le pidió a Macarena el expediente, y Macarena le dijo que no, que eso era para el juez. Conchita se fue a ver a Vicente Fernández y le pidió que echara a Macarena, y este accedió".

Al dejar la Sepi, en 2019, el entonces presidente de Red Eléctrica y exministro de Zapatero, Jordi Sevilla, la reclutó como vicesecretaria general. Sin embargo, los constantes enfrentamientos de Ordiz con Teresa Ribera hicieron que, tras la salida de Sevilla y la llegada de Beatriz Corredor a REE, esta se deshiciera de ella.

Tras esta etapa, en mayo de 2021, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la elevó a su actual puesto, presidenta del TACRC.

'Dinero en B'

Este mes de junio su imputación ha sacado a Conchita Ordiz al foco mediático. Pero a pesar de esto, la citada fuente no cree "que se haya llevado dinero en B": "Busca su ascenso profesional dentro de la Administración pública y aledaños. Su precio es el puesto. Eso encaja lo que ocurrió, bien descrito en el auto de Pedraz, en lo de Erri Berri".

La polémica no sólo surge a raíz de su propia imputación.

A finales de junio de 2026, cuando la UCO ya había requerido documentación al tribunal en el marco de la investigación de la trama Leire, el Consejo de Ministros concedió a Ordiz la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco mediante real decreto publicado en el BOE, sin que el Gobierno acompañara el reconocimiento de una explicación específica sobre los méritos que lo motivaban.

Una decisión que ha generado controversias, porque la UCO ya la había señalado antes de que el juez Pedraz la citase como investigada: algo que ocurrió menos de una semana después.

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