El etarra, Juan Ramón Carasatorre, durante el juicio en la Audiencia Nacional. Efe
Reportajes Consuelo Ordoñez denuncia la semilibertad del asesino de su hermano: "Es uno más entre los 100 que ya están en la calle"Bajo el amparo del artículo 100.2 los etarras que cumplen condena en las cárceles vascas están obteniendo un régimen de semilibertad.
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Iranzu G. Vergara Publicada 22 febrero 2026 16:23h Actualizada 22 febrero 2026 17:27hEl etarra Juan Ramón Carasatorre, uno de los terroristas condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez, es otro de los terroristas que ha obtenido un régimen de semilibertad.
El asesinato se produjo el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa cuando el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián comía junto a otros compañeros de partido.
El etarra fue condenado a 30 años de prisión por este asesinato, a la que se suman otros 30 por el asesinato del inspector jefe de la Policía Nacional, Enrique Nieto; y otros 30 años y medio por el asesinato del brigada del Ejército, Mariano de Juan Santamaría.
La consejera vasca de Justicia del PSOE da un tercer grado a un etarra cada 11 días: entre ellos, los asesinos de BuesaUn beneficio penitenciario al que también se han acogido otros etarras sanguinarios como el exjefe de ETA, 'Txeroki'. Es el artículo 100.2 el que está permitiendo que pasen el día fuera de la cárcel, aunque tengan que dormir en la cárcel.
La "trampa" del 100.2
Conceder la semilibertad a presos de ETA se está convirtiendo en algo habitual en los últimos años en la justicia vasca. Algo que lamentan profundamente las víctimas.
La hermana de Gregorio Ordóñez, Consuelo Ordóñez, asegura a EL ESPAÑOL que el caso de Carasatorre "no es más que el de los 100 etarras que están en la calle desde el año 2022", lamentablemente.
Ekaitz Sirvent, el jefe de ETA convertido en profesor de Ética de niños entre 12 y 16 años en el instituto de ElgoibarConsuelo se enteró de esta noticia a través de una llamada institucional de un alto cargo de la Consejería de Justicia el pasado 2 de enero.
Hasta ese momento, su asociación, Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), había estado denunciando todos los terceros grados que se concedían. Pero, Ordóñez asegura a Espejo Público que "no era consciente de lo que suponía el artículo 100.2".
"Me indigna no haberme dado cuenta", lamenta Consuelo.
A partir de ahora podrá salir de la cárcel de Zaballa donde cumple condena, aunque tenga que volver a pernoctar a la institución penitenciaria.
Carasatorre es uno de los más de 100 etarras que ya puede salir a las calles después de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Podemos, Bildu, Sumar y ERC se suman a la marcha a favor de los presos de ETA que reúne a 30.000 personas en Bilbao"Son legales, pero esa ley no obliga a conceder terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas", insiste Ordóñez. Además, la presidenta de Covite asegura que "la ley dice que se podrá conceder, no que se deba conceder y ahí está la trampa".
Sin embargo, se trata de una medida prevista con carácter excepcional que con los presos de ETA se está aplicando de manera sistemática lo que permite flexibilizar el cumplimiento de las penas aunque no se les conceda el tercer grado.
Para Consuelo es la "trampa" que se utiliza porque no pueden darles el tercer grado porque no cumplen todos los requisitos.
Una "amnistía encubierta"
Esta política penitenciaria supone una "amnistía encubierta absolutamente incompatible con el derecho de las víctimas a la justicia y contraria al ordenamiento jurídico", argumentaba Consuelo cuando se conoció la semilibertad para 'Txeroki'.
Y, es que, esto supone un golpe muy duro para todas las personas que han sido víctimas y que han formado parte durante décadas de la lucha contra el terrorismo de ETA.
Esto produce que sea incomprensible y que cueste aceptar esta trampa legal para poder 'vaciar las cárceles', tal y como deseaba la izquierda abertzale.
El fiscal paraliza el tercer grado concedido por el Gobierno vasco a uno de los etarras que asesinó a López de Lacalle"Se están cumpliendo estos deseos exactamente como ellos quieren, sin exigirles arrepentimiento, ni desvinculación del entramado social y político que legitima el terrorismo", sentencia Ordóñez quien además asegura que "las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares".
Resulta de tal magnitud que la ex diputada del Parlamento Vasco, María San Gil, al ser consultada por El ESPAÑOL prefiera guardar silencio: "Lo que tengo que decir no se puede publicar", ha asegurado.
Un "fraude" para las víctimas
Covite denuncia que todo esto supone "un fraude que afecta directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA".
"Este silencio generalizado y atronador resulta tan doloroso como incomprensible", asegura Consuelo.
Además, advierten que la extensión del 100.2 del Reglamento Penitenciario como una norma para los etarras "vacía de contenido el carácter excepcional de la medida y consolida una política penitenciaria que está marcada por la izquierda abertzale".