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Observatorio de la vivienda Consumo multa con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licenciaLa resolución implica dos sanciones que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados.
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L. Broche Agencias Publicada 15 diciembre 2025 08:31h Actualizada 15 diciembre 2025 08:43hLas claves nuevo Generado con IA
El Ministerio de Consumo ha multado a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia.
La sanción incluye la obligación de eliminar los anuncios ilícitos y hacer pública la multa impuesta a la plataforma.
Se han detectado 65.122 anuncios con prácticas comerciales desleales, como licencias falsas o falta de información sobre los anfitriones.
Además de la multa principal, Airbnb ha recibido sanciones adicionales por incumplir obligaciones contractuales y no colaborar con Consumo durante la investigación.
El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.
La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, según ha comunicado el ministerio este lunes.
La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Consumo propone multar con 3,6 millones a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra los inquilinosLas infracciones de la normativa de consumo -identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución- han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.
En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
Publicidad engañosa
También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale "a seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.
El Ministerio también ha identificado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionada con 10.000 euros.
Consumo investiga a las plataformas de alquiler turístico para perseguir la publicidad de pisos sin licenciaAsimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.
Por último, se ha apuntado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor -dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente-, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene distintos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión del alquiler.
Todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país.
Bustinduy ha declarado que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", y ha subrayado que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".