- PETER ANDRINGA
Los accionistas cuestionan el trabajo para ICE tras la demanda de una exempleada contra el proveedor de bases de datos legales.
Una exempleada de Thomson Reuters ha demandado a la compañía amparándose en la ley de protección a denunciantes, alegando que la despidieron ilegalmente por manifestar su preocupación sobre el uso que las autoridades de inmigración estadounidenses hacen de su tecnología.
La demanda se produjo cuando algunos accionistas del proveedor de bases de datos legales también expresaron su preocupación por el uso de sus herramientas de vigilancia, presentando una propuesta para que la compañía realice una evaluación de posibles violaciones de los derechos humanos.
Estas iniciativas demuestran la creciente indignación que enfrentan las empresas que suministran tecnología de vigilancia al gobierno estadounidense para respaldar políticas de deportación agresivas, que los votantes estadounidenses rechazan.
Palantir, Capgemini y otras empresas también han enfrentado una creciente reacción negativa. Una investigación de Financial Times en diciembre reveló cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reutilizado tecnologías previamente empleadas en investigaciones criminales para su labor de control migratorio.
Thomson Reuters vendió a ICE acceso a su herramienta de investigación Clear, que recopila datos de numerosas fuentes públicas y comerciales, para uso policial.
La demanda, interpuesta por Billie Little, exeditora senior de su división de comentarios jurídicos, fue presentada el martes ante un tribunal federal de Oregón. Según el documento, Little creía que Thomson Reuters estaba compartiendo datos 'de formas que violaban la ley' y que podría haber estado 'facilitando o contribuyendo a sabiendas a una conducta ilícita' por parte del ICE.
Little organizó un comité interno para "recuperar la confianza" y escribió una carta abierta firmada por empleados de toda la empresa, tras la "Operación Metro Surge" en Minneapolis, que resultó en la muerte de Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes de inmigración.
"Thomson Reuters siempre habla de sus principios de confianza", declaró Little a Financial Times. "Sentí que toda esta situación —el uso de nuestros productos de esta manera— estaba generando una ruptura de la confianza entre los empleados y la empresa".
La demanda alega que Thomson Reuters despidió a Little el 20 de marzo por infracciones no especificadas del código de conducta, cuando la noticia de la carta empezó a filtrarse a los medios. Little solicita a su antiguo empleador la reincorporación, el pago de los salarios perdidos y una indemnización por daños y perjuicios.
Thomson Reuters declaró que "Nos tomamos en serio las preocupaciones de nuestros empleados y proporcionamos canales claros para que nuestros colegas planteen sus inquietudes. Rechazamos categóricamente las acusaciones y tenemos la intención de defendernos con firmeza".
La herramienta Clear de la compañía contiene una gran cantidad de información, desde facturas de servicios públicos y registros de vehículos hasta informes crediticios, entre muchos otros conjuntos de datos. En mayo de 2025, ICE renovó un contrato de 4,8 millones de dólares con la compañía para una "suscripción de datos de investigación policial" con "datos de lectores de matrículas".
En una demanda reciente, un juez federal en Maine dictaminó que los agentes de ICE utilizan una app móvil para escanear matrículas y buscar avistamientos previos de vehículos en una red nacional de cámaras. En un caso de Oregón, un magistrado señaló que los agentes del ICE estaban "cotejando aleatoriamente las matrículas de los vehículos que circulaban a su alrededor... para comprobar si el propietario registrado se encontraba ilegalmente en Estados Unidos".
Muchos estados prohíben el uso de datos de registro de vehículos con fines migratorios.
Un acuerdo de usuario para los datos de terceros de Clear, en la sección de "registros de vehículos", establece que "no se pueden utilizar datos de ninguna jurisdicción para la aplicación de la ley en materia de inmigración". El documento también menciona la app "Mobile Companion", citada en el caso de Maine, la cual, según indica, se rige por términos de servicio independientes de su proveedor, Motorola.
"No estoy segura de quién se encarga de hacer cumplir esas medidas de seguridad ni de quién garantiza que los clientes las cumplan", declaró Sarah Lamdan, investigadora en derecho de la privacidad y autora de Data Cartels.
Thomson Reuters afirmó contar con "sólidas medidas de seguridad que aseguran que nuestros productos y servicios se utilicen de conformidad con nuestros términos contractuales y la legislación aplicable".
El Sindicato General de Empleados de Columbia Británica, que posee una participación en Thomson Reuters, presentó el miércoles una resolución de accionistas en la que manifestaba su preocupación antes de la junta general anual de la compañía en junio. En ella, solicita a Thomson Reuters que realice una evaluación de derechos humanos sobre el uso de sus productos por parte del ICE y las fuerzas del orden.
Emma Pullman, responsable de relaciones con los accionistas del sindicato, declaró que el sindicato busca "un informe independiente que aborde esta área concreta del negocio de la compañía, que genera riesgos legales, reputacionales y financieros desproporcionados, así como violaciones de derechos".
El consejo de administración de Thomson Reuters recomendó a los accionistas votar en contra de la propuesta.
"Una evaluación independiente adicional sería redundante y supondría un uso ineficiente de los recursos de los accionistas", escribió la empresa en un comunicado. "No creemos que proporcionar soluciones de investigación a los organismos encargados de hacer cumplir la ley... sea incompatible con nuestros compromisos en materia de derechos humanos".
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