La ministra de Igualdad, Ana Redondo interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles Efe
Tribunales Cuentas pone en entredicho la gestión de Ana Redondo con pulseras antimaltrato: hubo "graves deficiencias" y "riesgo"El órgano fiscalizador cuestiona la ejecución de un contrato de 42,6 millones por fallos que "comprometieron la efectividad" y que la ministra negó.
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María Peral Publicada 23 septiembre 2026 15:34h Actualizada 23 septiembre 2026 15:36h Las claves Síguenos Las claves Generado con IAEl Tribunal de Cuentas aprobó el martes un informe en el que concluye que ha habido "serias", "graves", "manifiestas" deficiencias en la contratación y seguimiento del funcionamiento de las pulseras telemáticas que controlan si los agresores o presuntos agresores cumplen las órdenes de alejarse de las mujeres en riesgo.
El Tribunal de Cuentas decidió fiscalizar los contratos celebrados por el Ministerio de Igualdad para la prestación de ese servicio en 2018, 2021 y 2023 después de que la Memoria de la Fiscalía de 2024, conocida en septiembre de 2025, pusiera de manifiesto que se había producido una "gran cantidad" de archivos de procesos por quebramiento debido a "múltiples fallos" en las pulseras telemáticas.
Luego se supo que el Consejo General del Poder Judicial había advertido a Igualdad hacía meses de las incidencias que el defectuoso funcionamiento de los dispositivos estaba generando.
Pese a todo, la ministra Ana Redondo minimizó el problema. "Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras", aseguró el 19 de septiembre de 2025.
Redondo habló de un "problema técnico" que "pudo generar" que en unos procedimientos judiciales "mínimos, puntuales" los datos de geolocalización de víctimas y agresores no estuvieran a disposición del Juzgado.
La ministra de igualdad, Ana Redondo, niega fallos en las pulseras anti maltrato
El informe del Tribunal de Cuentas es un desmentido radical a las afirmaciones de la ministra. Los contratos formalizados por Igualdad, por un importe total de 102,6 millones de euros, no se firmaron bajo su mandato sino en el de Carmen Calvo y en el de Irene Montero.
Pero Redondo, titular de Igualdad desde noviembre de 2023, es la responsable de la ejecución del suscrito en 2023 (formalizado el 6 de noviembre de ese año por 42,6 millones y en vigor hasta el pasado mayo), que el Tribunal de Cuentas destaca por las "graves deficiencias" detectadas durante "prácticamente toda su vigencia que, si bien han sido resueltas, comprometieron su efectividad".
Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía) y retrasos en las reparaciones, resume el órgano fiscalizador.
"Impacto en la seguridad de las víctimas"
Los fallos de geolocalización fueron una de las deficiencias más relevantes de la ejecución de ese contrato, "con impacto potencial directo en la seguridad de las víctimas", asegura el informe.
Las trabajadoras de la Sala Cometa, desde la que se realiza el seguimiento de los dispositivos, pusieron de manifiesto, ya en la primera reunión en la que fueron convocadas (diciembre de 2024), "episodios en los que víctimas y agresores se habían cruzado sin que saltara la alarma, llamadas reiteradas de usuarios señalando fallos de posición GPS y la incapacidad del sistema para proporcionar información esencial - ubicación y trayectoria del usuario - necesaria para la práctica de pruebas testificales en los procesos judiciales", describe el informe.
En enero de 2025, la adjudicataria del servicio (Vodafone, que reemplazó a Telefónica a principios de 2024, registrándose problemas de migración de datos) indicó que analizaría si el origen de los errores de geoposicionamiento se encontraba en los propios dispositivos o en la aplicación, "un diagnóstico que en esa fecha ya debería haberse realizado".
Un mes después, en la reunión de febrero, la empresa contratista reconoció, por primera vez, que los saltos de GPS no constituían un problema puntual sino un fallo sistemático que "ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas".
El personal de la Sala COMETA, presente en la reunión, "confirmó que estos problemas no existían con el sistema anterior y que ocurrían a diario en todos los turnos".
Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes, afirma el Tribunal de Cuentas.
La fecha comprometida para su resolución fue el 19 de junio de 2025, "cumpliéndose una reducción significativa de los problemas únicamente a partir de las actuaciones técnicas llevadas a cabo el 17 de junio, cuando el contrato se encontraba ya en su fase final de ejecución".-
En noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que "confirmó vulnerabilidades críticas y altas relacionadas con la posible manipulación por parte de los agresores de determinadas funcionalidades del dispositivo (como que un encausado pudiera instalar una aplicación que falseara la localización del GPS o comprometer la integridad y el control de los dispositivos), aspecto que las trabajadoras de la Sala Cometa habían puesto de manifiesto desde finales de 2024".
Sin plan de transición
A esta situación contribuyó el hecho de que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un plan de transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, un plan "imprescindible, además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario", resalta el informe.
El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente, por lo que hubo de procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de 2023.
La ausencia de dicho plan y el cambio de adjudicatario produjeron deficiencias "que afectaron a la prestación del servicio" centradas en el acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria.
Esos problemas de acceso a los datos precedentes "impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes".
Esa situación se mantuvo hasta octubre de 2024, dice el Tribunal de Cuentas. En ese momento, que coincide con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para arbitrar soluciones.
La última Memoria de la Fiscalía, conocida el pasado septiembre, vuelve a alertar, sin embargo, de deficiencias del sistema telemático de control de maltratadores.
El Tribunal de Cuentas subraya que del adecuado funcionamiento de ese sistema "depende la protección de la integridad física y estabilidad emocional y mental de miles de mujeres (4.329 en abril de 2026), que viven en tensión bajo amenaza de agresiones y en estado permanente de angustia, ansiedad o alerta".
Sin embargo, "debilidades en la preparación de los contratos (determinantes, entre otras circunstancias, de la elección de las tecnologías y de un abaratamiento de costes), en las fases de transición de la vigencia de un contrato a otro, y en el seguimiento de su ejecución, han provocado deficiencias e interrupciones del servicio que, si bien fueron finalmente resueltas, han comprometido su seguridad".
El Ministerio de Igualdad, recomienda, "debería perseguir, en este tipo de contratos, la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes y adoptar las medidas necesarias para asegurar en las fases de preparación del contrato la utilización de la mejor tecnología que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas".
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