Las declaraciones de los hijos de la 'Top Gun española' revelan supuestas agresiones, duros castigos, privación de alimentos y amenazas de expulsión a su país de origen
Regala esta noticia Añádenos en Google Patricia Campos, su pareja y la abogada que las defiende salen del juzgado. (Ignacio Cabanes)Javier Martínez e Ignacio Cabanes
Valencia
22/06/2026 a las 09:36h.«Si no aparece el altavoz, te cojo y te tiro por el balcón». Con esta grave amenaza, unida a un grave episodio que terminó ... con uno de los menores rodando por las escaleras por no sacar la ropa de la lavadora, convivían dos hermanos en una vivienda de una localidad de la comarca de l'Horta Nord (Valencia). Las presuntas víctimas son dos adolescentes de 12 y 15 años, ambos de nacionalidad ugandesa, los hijos adoptivos de Patricia Campos, bautizada en su día como la 'Top Gun española' por ser la primera mujer en pilotar reactores en la Armada Española, y su pareja sentimental.
agresiones y privación de alimentos en su propio hogar, según su declaración ante la Guardia Civil. Aseguran que también eran sometidos a tareas domésticas que incluían la obligación de realizar la limpieza, poner lavadoras y planchar solo la ropa de sus madres, mientras las prendas de ellos quedaban excluidas.Frente a estos testimonios, las dos mujeres investigadas proclaman su inocencia. Niegan de forma tajante haber ejercido cualquier tipo de violencia física o mental en el ámbito del hogar. «Nos declaramos completamente en contra del empleo de comportamientos agresivos en la relación con los hijos. Nuestro modelo de familia es absolutamente contrario a este tipo de prácticas que jamás hemos usado con nuestros hijos», afirmó Patricia Campos a través de un comunicado oficial.
Promesas de bienestar
El atestado de la Guardia Civil reconstruye de forma cronológica una dolorosa transición que comenzó con promesas de bienestar. Los dos hermanos vivían en una aldea de Uganda junto a sus padres biológicos. Tras un acuerdo de adopción con las dos progenitoras en el año 2019, los menores fueron trasladados a un centro de acogida en Kampala dirigido por un profesor local. Allí pasaron seis años esperando la validación judicial de los trámites. Finalmente, un juez autorizó el proceso y los menores viajaron en avión directamente hasta Valencia.
La aparente normalidad familiar se quebró muy pronto. Según consta en las diligencias del Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada, el niño de 12 años sufrió el primer castigo de privación de alimentos entre los años 2021 y 2022. Su falta consistió en desobedecer a Patricia Campos, utilizando un ordenador para jugar a un videojuego en lugar de practicar ajedrez. Desde ese instante, la retirada de comida se convirtió en una práctica habitual en la casa para corregir malos comportamientos o suspensos escolares.
La violencia se habría intensificado a partir de 2023, coincidiendo con el regreso de Estados Unidos de la pareja de la piloto. De acuerdo con las declaraciones, esta última habría golpeado a los adolescentes, presuntamente, con un cinturón doblado, una chancla o la mano abierta, principalmente en las piernas y las manos.
Caída por las escaleras
Las supuestas agresiones habrían cesado en 2024 después de que uno de los hermanos cayera por las escaleras tras un empujón de la pareja de la piloto, sufriendo lesiones en la cabeza que le obligaron a guardar cama durante varios días sin recibir asistencia médica, siempre según la versión del menor.
El control ejercido en el domicilio familiar abarcaba aspectos fundamentales de la vida diaria. Según los menores, los alimentos eran guardados bajo llave en la habitación de las madres. Para poder comer, debían pedir permiso explícito. Con frecuencia eran obligados a alimentarse de las sobras de las comidas de las progenitoras, cenando en la cocina mientras ellas lo hacían en el salón. Además, si las madres sospechaban de la falta de dinero o comida, ambos hermanos declararon que eran privados de desayuno, comida o cena hasta que uno de ellos se autoinculpara.
Comían con ansiedad
Las alarmas saltaron en el ámbito escolar. La directora del colegio y los profesores detectaron que los hermanos acudían al centro con evidentes signos de hambre y comían con extrema ansiedad en los programas públicos de reparto de fruta y lácteos. La situación de necesidad era tal que uno de los menores confesó a los investigadores haber sustraído dinero a su profesor de música con el único fin de poder comprar comida.
Los menores acudieron al cuartel de la Guardia Civil en compañía de sus abogados, Ana María Valdivieso y José Manuel Feliu, la directora del colegio y una psicóloga. Detallaron que hasta diez compañeros del centro escolar les daban comida de forma habitual al verlos hambrientos. Otros profesores y tutores, compadecidos por su situación, también les hacían llegar comida a escondidas, e incluso les proporcionaron un teléfono móvil y auriculares para pedir auxilio y realizar trabajos escolares.
Los menores manifestaron que tenían prohibido asistir a las excursiones del centro educativo y a las fiestas de fin de curso. Patricia Campos llegó a impedir que el mayor de los hermanos acudiera a recoger una mención honorífica en la Casa de la Cultura del municipio alegando que «no se lo merecía», según la denuncia. La situación alcanzó su punto álgido de gravedad en los últimos meses. Entre el 27 de diciembre de 2025 y finales de enero de 2026, los hermanos habrían sufrido un prolongado castigo que consistiría en no comer durante el día, recibiendo únicamente un sándwich por la noche.
En mayo de 2026, la violencia verbal y física se recrudeció tras la pérdida de un altavoz. Los menores relatan haber sido insultados gravemente y amenazados de muerte. El pánico se apoderó de ellos al escuchar a Patricia Campos planificar por teléfono con un antiguo cuidador de Uganda su devolución inmediata a principios de agosto de 2026.
El último fin de semana de mayo, antes de acudir a las dependencias de la Guardia Civil de Moncada, los menores afirman que sus madres adoptivales les impusieron como castigo correr alrededor del pueblo, y les advirtieron de que si no lo hacían se quedarían sin cenar. Ante la gravedad de los hechos denunciados y la falta de familiares directos en España que puedan hacerse cargo de su custodia, la Fiscalía de Menores ordenó el ingreso de los dos adolescentes en un centro de protección de menores.
- Temas
- Valencia (Provincia)