De la garantía al populismo jurídico

LA TRIBUNA

Estamos entrando poco a poco en una especie de populismo en el que parece que cuantos más trámites y protocolos, más justa será necesariamente una decisión

JOSÉ MARÍA BASELGA

Una de las características fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico europeo es la extraordinaria protección que concede al individuo frente al poder. Es, probablemente, una de ... las grandes conquistas de nuestra civilización.... aunque tiene sus inconvenientes. No pretendo abrir aquí el viejo debate sobre dónde termina el derecho individual y dónde comienza el interés general. Es un debate complejo y de doble filo. Pero precisamente por eso conviene preguntarse si, en algún momento, hemos confundido la protección de los derechos con la incapacidad para tomar decisiones.

Y no sería nada extraño si no fuese porque está día tras día. Semana tras semana. De día y de noche. Inmóvil, abandonado y sin iluminación, ocupando el arcén de una vía rápida. Por ello, finalmente decidí llamar a la Guardia Civil. Me atendieron -como siempre hacen- con enorme amabilidad y, para mi sorpresa, conocían perfectamente la situación. Pero, según me explicaron, no podían hacer nada por el momento porque existía un asunto judicial pendiente y son fechas estivales. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿En qué momento la seguridad jurídica de un expediente pasó a estar por encima de la seguridad física de quienes circulan por una carretera?

Me cuesta comprender por qué proteger los derechos de alguien exige mantener durante semanas un objeto potencialmente peligroso

No discuto quién es el propietario del vehículo. Ni quién tiene razón en el procedimiento que exista detrás. Ni siquiera me interesa lo más mínimo, que los tribunales lo determinen cuando corresponda. Lo que me cuesta comprender es por qué proteger los derechos de alguien exige mantener durante semanas un objeto potencialmente peligroso junto a una vía por la que circulan miles de personas.

¿De verdad nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de imaginar una solución tan sofisticada como retirar el vehículo, depositarlo en un lugar seguro y continuar después discutiendo durante los meses o años que sean necesarios sobre quién tiene razón?

Si la respuesta es que no puede hacerse porque «el procedimiento no lo permite», quizá el problema ya no sea el coche. Quizá sea el procedimiento. Estamos entrando poco a poco en una especie de populismo jurídico en el que parece que cuantos más trámites, garantías, protocolos, informes y cautelas acumulemos, más justa será necesariamente una decisión. Y no siempre es así.

Una garantía jurídica tiene sentido cuando protege un derecho. Pero debemos atrevernos a preguntarnos qué ocurre cuando la acumulación de garantías termina protegiendo más al procedimiento que a las personas para las que fue creado.

Lo vemos en demasiados ámbitos. Parece que un menor está perfectamente protegido cuando alguien ha firmado todos los papeles que exige el protocolo. Que una Administración ha cumplido con su obligación cuando puede demostrar que siguió escrupulosamente el procedimiento. Que el orden público está garantizado siempre que cada actuación haya atravesado previamente el laberinto jurídico correspondiente. Y a veces el absurdo adquiere dimensiones mucho mayores que las de un coche abandonado en un arcén.

También hay fronteras en las que la realidad sucede en minutos y el Derecho pretende administrarla en meses. Personas que entran irregularmente, identificaciones, procedimientos individualizados, expedientes, recursos, resoluciones y garantías que se van superponiendo hasta que la capacidad efectiva del Estado para ejecutar una decisión puede terminar siendo mucho menor que su capacidad para documentarla.

No cuestiono esas garantías. Precisamente porque son esenciales debemos preguntarnos cuándo protegen realmente a una persona y cuándo empiezan a proteger, sobre todo, al propio procedimiento. Porque podemos llegar a una situación inquietante: que un Estado sea extraordinariamente eficiente produciendo expedientes y extraordinariamente ineficiente resolviendo problemas.

Ceuta conoce bastante bien lo que significa vivir en esa frontera entre la realidad y el papel. Y entonces surge otra pregunta incómoda. Si la función de la Justicia consistiera únicamente en aplicar literalmente una norma, comprobar requisitos, verificar plazos, exigir un flotador en el agua, y determinar si cada casilla del procedimiento ha sido correctamente cumplimentada, ¿para qué necesitaríamos jueces? Nos bastaría la inteligencia artificial.

Una máquina podrá leer una ley, cruzarla con un reglamento, comprobar antecedentes y verificar procedimientos mucho más deprisa y probablemente mucho más barato. Pero hay algo que durante siglos hemos supuesto que debía aportar un juez, un funcionario, un político o cualquier persona investida de autoridad y que todavía resulta extraordinariamente difícil introducir en un algoritmo: criterio. La capacidad de interpretar una norma comprendiendo para qué existe.

Porque las leyes no fueron inventadas para que las leyes estén satisfechas. Fueron inventadas para que las personas podamos convivir. Y esa diferencia empieza a ser importante. Una sociedad madura no es aquella en la que nadie puede tomar una decisión hasta disponer de un informe que le garantice que jamás tendrá que responder por ella. Es aquella en la que otorgamos autoridad a determinadas personas precisamente para que decidan y, posteriormente, les exigimos responsabilidad por sus decisiones. Hemos hecho demasiadas veces exactamente lo contrario: multiplicar controles, cautelas y procedimientos hasta conseguir que cada vez resulte más difícil saber quién puede decidir algo.

Así nace una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: nunca hemos tenido tantas normas para protegernos y, sin embargo, cada vez encontramos más situaciones en las que nadie parece tener autoridad para resolver lo evidente. El coche continúa allí.

Probablemente habrá un expediente perfectamente identificado, un procedimiento abierto, alguna autoridad competente, quizá varios informes. Y seguramente una explicación jurídicamente impecable de por qué nadie puede moverlo. Pero continúa allí.

Y mientras en agosto la Justicia ralentiza su actividad por vacaciones, el Gobierno descansa y el Congreso desaparece de la vida cotidiana, los ciudadanos seguimos circulando junto a ese coche esperando que nadie tenga un accidente. Quizá no necesitemos otra ley. Quizá necesitemos recuperar algo mucho más difícil de legislar: el sentido común.

Porque cuando una sociedad necesita meses de procedimiento para retirar un peligro de una carretera, o montañas de papel para hacer efectiva una decisión en una frontera, quizá el problema ya no esté en el arcén ni en la frontera. Quizá esté en el sistema.