Política andaluza
De las costas al Parlamento: el narco sacude la políticaLa Memoria de la Fiscalía enciende un debate institucional que enfrenta a los partidos y crea nuevas fricciones entre la Junta y el Gobierno
Regala esta noticia Añádenos en Google La Guardia Civil persigue a una narcolancha en el Estrecho. (Sur)Sevilla
19/09/2026 a las 23:56h.El goteo de tragedias no es un fenómeno inédito en la frontera sur del continente. Durante años, la violencia asociada a las redes del crimen ... organizado se ha cobrado la vida de agentes de las fuerzas de seguridad en puntos calientes como el Campo de Gibraltar o las aguas de Barbate y ha convertido a algunas localidades de la Costa en escenario de ajustes de cuentas entre bandas rivales. Ante cada emboscada, tiroteo o arrollamiento, los partidos políticos y la Junta de Andalucía han elevado la voz para abordar una situación que parecía acotada al ámbito del orden público y a la crónica de sucesos. Sin embargo, en las últimas jornadas se ha producido un salto cualitativo de enorme calado. La irrupción del narcotráfico en el centro de la agenda política autonómica ha dejado de ser una reacción coyuntural para convertirse en una batalla institucional de primer orden, catalizada de forma definitiva tras la publicación de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.
Aunque el control de las fronteras y la seguridad ciudadana constituyen competencias exclusivas del Estado, el asunto se ha instalado de lleno en la conversación política andaluza por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque el territorio andaluz es el escenario principal donde se materializa la violencia y la penetración social de la droga. En segundo término, porque ante la cercanía del horizonte electoral, se ha encontrado en el deterioro de la seguridad un motivo sólido y fundamentado de desgaste contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Por último, porque la perspectiva de la seguridad en las costas andaluzas se percibe como un fenómeno indisolublemente ligado a la situación crítica que se vive en la ciudad autónoma de Ceuta.
Una Proposición No de Ley aprobada en el Parlamento pide la reposición de la unidad de élite Ocon-Sur
El clímax de este choque parlamentario se escenificó en la Cámara autonómica con el debate de una Proposición No de Ley impulsada por el Grupo Popular. La iniciativa salió adelante con el respaldo de los diputados del PP y Vox y cosechó el rechazo frontal de los tres grupos de la izquierda. Desde la tribuna, los populares argumentaron que la supresión en 2022 de la unidad de élite OCON-Sur fue un error garrafal del Ejecutivo central que ha derivado en una exhibición impune de narcolanchas.
En este contexto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, llegó a sugerir el despliegue de la Armada para proteger el litoral ante bandas que emplean métodos propios del crimen organizado en algunos países de América Latina, al tiempo que la iniciativa parlamentaria reclamaba la declaración de todo el cauce del Guadalquivir y la costa como Zona de Especial Singularidad y el reconocimiento de las fuerzas policiales como profesión de riesgo.
Fractura ideológica
La respuesta de la oposición parlamentaria dibujó de inmediato la profunda fractura ideológica que rodea al problema. El PSOE acusó a los populares de manosear el sufrimiento ciudadano para desgastar a Moncloa, recordando que la disolución de OCON-Sur respondió a criterios estrictamente técnicos y defensivos. Por su parte, las formaciones de la izquierda alternativa, Por Andalucía y Adelante Andalucía, alertaron del riesgo de estigmatizar comarcas enteras bajo un relato exclusivamente policial, defendiendo que la verdadera raíz del problema exige combatir el malestar social a través de inversiones en empleo, educación y servicios sociales que ofrezcan un horizonte vital a la juventud. En un tono opuesto, Vox abogó por endurecer las penas y aplicar mano dura para restaurar la autoridad del Estado.
Este intercambio de reproches encontró un réplica inmediata en el Gobierno de España. El delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Fernández, instó a la Junta a no engañar a la ciudadanía y a concentrar su acción en las materias que le son propias, como la sanidad o los servicios sociales, para desarticular el entorno de exclusión que nutre a las bandas criminales. Fernández defendió la vigencia del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, destacando que el gasto movilizado ha permitido incrementar las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional en más de cuatro mil efectivos respecto a etapas anteriores, logrando la aprehensión de toneladas de sustancia ilícita y miles de detenciones.
La dimensión del conflicto ha desbordado incluso los límites de la política nacional para alcanzar los pasillos comunitarios. El pleno del Parlamento Europeo aprobaba una resolución para exigir mayor financiación y cooperación aduanera en la lucha contra el blanqueo y el tráfico de drogas, respaldando de forma explícita que las fuerzas desplegadas en primera línea reciban la consideración de profesiones de alto riesgo. Mientras la diplomacia europea busca respuestas coordinadas frente a redes criminales cada vez más profesionalizadas, en Andalucía el debate parece haber traspasado el umbral del consenso institucional. La irrupción del narcotráfico en el centro del tablero autonómico augura una prolongada batalla política donde la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la contienda electoral continuarán entrelazándose de forma inevitable.
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