En el momento en que Pedro Sánchez estaba intentando apañar la votación en el Comité Federal del PSOE con una urna tras una cortina, cuyo feliz documento visual hemos podido ver estos días en el vídeo publicado por The Objective, la regeneración era uno de los temas estrella de la política española. La gran crisis había agitado un intenso debate sobre la necesidad de mejorar nuestra democracia, que abarcaba temas muy diversos: la reforma de la Ley Electoral, la reducción de cargos públicos, la supresión de organismos ineficientes, la democracia interna de los partidos, la limitación de mandatos, los aforamientos, la transparencia, las puertas giratorias...
Una década después, y con la única excepción de la regeneración de la Corona con Felipe VI, todo aquello ha sido enterrado. Las grandes convicciones se quedaron en promesas, las promesas en intenciones y las intenciones en incómodos recuerdos.
El acceso de Sánchez al poder cambió muchas cosas, también en esto. El impulso regenerador se diluyó entre líneas rojas cruzadas y pactos inconfesables. Ningún atisbo de mejora democrática se ve hoy en quien gobierna de espaldas al Congreso, no presenta presupuestos y aspira a eternizarse en el poder. Y en ningún lugar como en la corrupción se contempla mejor el declive.
El Juicio, con mayúscula, entra hoy en su semana final con las declaraciones de Ábalos y Koldo este miércoles. La pareja inenarrable ha asistido a las sesiones en el Supremo con pasividad unos días, risas nerviosas otras y frustración, real o figurada, de vez en cuando. El ex ministro con mirada perdida y chaqueta con la que sostener la dignidad. El ex asesor con una barba imposible y el abrigo puesto, con aspecto como de venir del cementerio por la noche.
El desfile de testigos ha dejado una sensación que oscila entre la incredulidad y el torrentismo. Siempre es desconcertante comprobar la facilidad con la que la corrupción se instala en el epicentro del poder. En el país de Gürtel, los ERE o los Pujol, sigue siendo tan sencillo como que un ministro ordene amañar un contrato o enchufar a una churri para que, simplemente, se haga.
En el Supremo no ha sido descrita una compleja trama de estructuras indescifrables, capaz de burlar férreos controles anticorrupción. Más bien, aquello se hacía a la vista de todo quisque sin que se generara mayor alarma.
Koldo se desempeñaba como los viejos secretarios de los dictadores, controlando el acceso al ministro más poderoso del Gobierno y sacando tajada de ello. "Necesito hablar con él", le escribía con premura toda una presidenta autonómica como Francina Armengol, hoy tercera autoridad del Estado. Mientras, Aldama se paseaba por el Ministerio de Transportes como si fuera su jardín y su presencia, como mucho, "chocaba a los funcionarios", a decir de una presidenta de Adif como Isabel Pardo de Vera. Y una tal Patriciaacudía a Ferraz a recoger sobres con cash como quien visita a su prima el sábado por la tarde, sin que tampoco aquello provocara mayor inquietud en los trabajadores de la sede central del PSOE.
Nadie pudo o quiso pararlo. El caso se investigó, recuérdese, por una denuncia del PP de Madrid, no por ninguna delación interna. No existe, o no se quiere que exista, la posibilidad de que alguien pueda decir no a un ministro sin tener que afrontar graves consecuencias, como le ocurrió a ese director gerente que se empeñó en que Miss Asturias hiciera algo más que leer libros de trenes y fue cesado ipso facto. No funcionan tampoco los canales para denunciar comportamientos sospechosos. No, aquí se hace lo que dice el de arriba. Y punto.
En el juicio coetáneo de Kitchen, con otro ex ministro sentado en el banquillo, asistimos a una dinámica parecida, en la que un Gobierno ordena supuestamente robar y destruir pruebas de un caso de corrupción y va y se hace. Cuatro comisarios y tres inspectores jefe de la Policía acompañan a Jorge Fernández Díaz como acusados. Ninguno, parece ser, consideró necesario decirle que eso no se podía hacer.
Luis Bárcenas, declarando en el juicio de Kitchen el pasado día 20. Detrás, el ex ministro Jorge Fernández Díaz.E. M.Hasta un fiscal tan motivado como el que pide el archivo de la investigación a Begoña Gómez se ve obligado a admitir en su último escrito que "hay determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente". ¡Ay, la transparencia! Aquí tampoco creyó nadie conveniente advertir de que no se podía montar un gabinete de negocios en La Moncloa y usar la agenda del marido como lista de contactos.
Ante todo esto, la reacción es siempre la misma: la negación. Nada hay que debatir ni mucho menos que arreglar, porque no hay nada que esté mal. En unos casos se fabrica una teoría de la conspiración de jueces, periodistas y políticos contra el Gobierno, que siempre habrá un juez Peinado al que zarandear para no tener que afrontar el fondo del asunto. En otros, se formula la fábula de las manzanas podridas, según la cual son solo casos aislados dentro de un cesto impoluto, dando igual tanto el número de manzanas como el fondo del cesto.
En este réquiem por la regeneración, el Gobierno presentó un Plan por la Democracia (sic) para que jueces y policías no se pasen investigando al poder político, y los periodistas dejen de publicar tantas cosas incómodas. Hoy nos conformamos ya con que se cumplan las leyes, se respete el trabajo de los jueces, no se cercene el derecho a la información y quede alguna institución independiente. La degeneración era esto: rebajar tanto las expectativas que, para muchos, lo anómalo, como lo es el Juicio en el Supremo, haya terminado siendo lo normal.