La Casa Blanca conserva el aparato de seguridad, las guerras contra países islámicos y una presidencia reforzada tras los atentados de 2001
Regala esta noticia Añádenos en Google Un superviviente contempla conmocionado las ruinas de las Torres Gemelas. (AFP) 12/09/2026 a las 07:27h.Hay cosas que parecen hoy normales en Estados Unidos y que en 2001 habrían resultado completamente extraordinarias. Controles exhaustivos en los aeropuertos, accesos restringidos a ... los edificios públicos y una enorme maquinaria federal dedicada a prevenir amenazas terroristas forman ya parte del paisaje cotidiano. El Departamento de Seguridad Nacional ni siquiera existía cuando cayeron las Torres Gemelas y hoy emplea a más de 260.000 personas, concentrando competencias que entonces estaban repartidas por buena parte del Gobierno. Pero la transformación fue mucho más profunda. El 11-S reforzó sobre todo una presidencia con una capacidad mucho mayor para actuar en nombre de la seguridad nacional y emplear la fuerza en el exterior. La actual guerra con Irán, con operaciones militares ordenadas directamente por Donald Trump al amparo de esas facultades, vuelve a mostrar hasta dónde puede llegar ese poder.
Y quien ocupa hoy esa presidencia tiene una relación muy particular con el 11-S. Donald Trump era entonces uno de los grandes promotores inmobiliarios de Nueva York y desde aquellos primeros días ha incorporado los atentados a su propia biografía. Esta misma semana volvió a contar aquí, en la Casa Blanca, que llevó trabajadores de sus empresas a la zona y que dos bomberos tuvieron que sacarlo apresuradamente de un edificio ante el temor de que se derrumbara. Hay dudas serias sobre algunos de esos episodios y no existen pruebas independientes que permitan reconstruirlos exactamente como él los relata. Pero hay algo más relevante para entender al personaje y su papel: Trump ha querido presentarse como un presidente surgido de aquellas ruinas. El 11-S forma parte de su relato de una América que fue atacada, que durante demasiado tiempo mostró debilidad y que, según él, debe responder con una fuerza abrumadora cuando se siente amenazada.
Aquel empresario neoyorquino ocupa ahora una presidencia profundamente transformada por los atentados. Y lo hace mientras dirige una nueva guerra contra una potencia islámica y utiliza facultades militares y de seguridad nacional que fueron ampliándose durante el cuarto de siglo posterior al 11-S. Ahí está una de las grandes continuidades entre aquella mañana de 2001 y el Estados Unidos de hoy. Cambiaron las amenazas y los enemigos, y por la Casa Blanca pasaron George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden y de nuevo Trump, pero buena parte del poder construido para responder a aquel ataque permanece. Ahora está en manos de un presidente especialmente dispuesto a utilizarlo y con una concepción muy amplia de sus propias atribuciones como comandante en jefe.
Esa expansión del poder presidencial no comenzó con Donald Trump. Peter Bergen, uno de los principales especialistas estadounidenses en terrorismo, sostiene que veinticinco años de decisiones tomadas desde el 11-S han acabado produciendo lo que describe como una suerte de «comandante en jefe imperial». Bush llevó esa lógica hasta la invasión preventiva de Irak; Obama extendió las operaciones con drones en países como Pakistán y Yemen y emprendió la intervención en Libia sin una autorización específica del Congreso, y Biden, aunque puso fin a la guerra de Afganistán, mantuvo buena parte de la estructura y de las facultades acumuladas durante las dos décadas anteriores.
Trump ha regresado ahora a una Casa Blanca que dispone de más herramientas que ninguno de sus ocupantes antes y las está llevando de nuevo hasta sus límites con la guerra de Irán. La paradoja es que ese poder no fue diseñado de una sola vez ni por un solo partido. Se construyó decisión a decisión, guerra a guerra y presidencia a presidencia, tanto por demócratas como por republicanos. Cada comandante en jefe heredó las facultades de su antecesor y, en muchos casos, añadió otras nuevas, más ambiciosas. El resultado, un cuarto de siglo después, es una Presidencia considerablemente más libre para recurrir a la fuerza en nombre de la seguridad nacional que la que Bush ocupaba la mañana del 11 de septiembre de 2001.
A pagar un precio
Todo ese poder tuvo un precio. Se pagó primero en vidas humanas: las de los soldados estadounidenses enviados a guerras que se prolongaron durante dos décadas, las de sus aliados y, en una proporción mucho mayor, las de cientos de miles de civiles atrapados en conflictos que se extendieron por Afganistán, Irak, Siria, Pakistán y Yemen. Y se pagó también con dinero, en una factura tan enorme y repartida durante tantos años que ni siquiera existe una única cifra para calcularla.
Las cuentas más estrechas se concentran en el dinero destinado directamente a las operaciones militares. Las partidas extraordinarias utilizadas durante años para financiar las misiones a Afganistán, Irak y otras operaciones posteriores al 11-S acumularon alrededor de 2,3 billones de dólares. Esa cifra permite hacerse una idea del gasto directo en las guerras, pero deja fuera buena parte de lo que costaron y de lo que seguirán costando durante décadas.
Es la Universidad Brown la que lleva años intentando calcular esa segunda factura. Su proyecto 'Coste de la guerra' incorpora no sólo las operaciones militares, sino también el gasto de seguridad relacionado con aquellas guerras, los intereses de la deuda y, sobre todo, el coste de atender a los veteranos durante décadas. Su cálculo eleva a unos ocho billones de dólares lo gastado o ya comprometido por Estados Unidos como consecuencia de las guerras posteriores al 11-S: unos 5,8 billones en gasto y obligaciones acumuladas, a los que se añaden al menos 2,2 billones en atención médica y prestaciones futuras para los veteranos.
La cuenta humana es todavía más difícil de cerrar. Brown calcula que más de 900.000 personas murieron directamente por la violencia de las guerras posteriores al 11-S y que más de 400.000 eran civiles. EE UU perdió además a más de 7.000 militares. Y ni siquiera esas cifras lo recogen todo. Los investigadores de Brown estiman entre 3,6 y 3,8 millones las muertes indirectas causadas por las consecuencias de las guerras: enfermedades, hambre, destrucción de hospitales, sistemas sanitarios, infraestructuras y economías enteras. Sumadas a las muertes violentas, el balance podría situarse entre 4,5 y 4,7 millones de muertos. Es una estimación, en ningún caso un recuento exacto, pero sí da una dimensión de hasta dónde llegó la reacción desencadenada aquella mañana.
El contraste resulta difícil de ignorar veinticinco años después. EE UU salió de los escombros del 11-S con un objetivo inmediato y perfectamente identificable: encontrar a los responsables, destruir la capacidad de Al-Qaeda para volver a atacar y evitar que algo semejante ocurriera de nuevo en territorio estadounidense. Ese último objetivo se cumplió. El país no ha sufrido desde entonces otro atentado organizado desde el extranjero de una magnitud remotamente cercana . Pero la respuesta terminó convirtiéndose en guerras de veinte años, intervenciones en numerosos países y un compromiso humano, económico y militar que sobrevivió durante décadas al enemigo que lo había provocado.
Según Marc Hecker, director ejecutivo del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, una de las lecciones de estos 25 años es que tan peligroso puede ser subestimar el terrorismo como exagerar la amenaza hasta provocar una reacción desproporcionada que termine alimentando el mismo fenómeno que se intenta combatir: «Exagerar la amenaza puede desencadenar una reacción excesiva que corre el riesgo de crear un círculo vicioso beneficioso para los terroristas».
El juicio pendiente
La justicia, además, quedó a medio camino. Estados Unidos encontró y mató a Osama bin Laden en Pakistán en 2011, después de una caza de casi diez años, pero algunos de los principales procesos por los atentados todavía no han llegado a juicio. Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el cerebro del 11-S, y otros tres procesados llevan años atrapados en el laberinto judicial de Guantánamo. Un juez militar ha fijado para junio de 2028 el comienzo de su juicio. Si finalmente se cumple ese calendario, habrán pasado casi 27 años desde los ataques.
Al Qaeda tampoco desapareció. Perdió a sus principales dirigentes y dejó de ser la organización centralizada capaz de preparar desde Afganistán una operación como la del 11-S, pero sobrevivió fragmentada en ramas y grupos locales. Dio paso al Estado Islámico, que llegó a controlar amplias zonas de Irak y Siria y a proclamar allí un califato antes de perder prácticamente todo aquel territorio.
Según Hiunjin Choi, del East Asia Institute de Corea del Sur, las nuevas tecnologías han permitido localizar y atacar a dirigentes terroristas con una precisión que habría sido inimaginable en 2001, pero eso no equivale necesariamente a derrotar el fenómeno. «Nos hemos vuelto extraordinariamente buenos encontrando terroristas», sostiene, «pero encontrar terroristas y derrotar al terrorismo no son la misma cosa». La experiencia de estos 25 años demuestra, dice, que se pueden destruir bases, matar dirigentes y desarticular organizaciones sin eliminar las condiciones que permiten que otras ocupen su lugar.
Y sí, también cambiaron los enemigos de Washington. El adversario que en 2001 tenía el rostro de Bin Laden y de Al Qaeda se ha desplazado hoy hacia uno muy distinto: el régimen de los ayatolás de Irán, al que EE UU designa como Estado patrocinador del terrorismo desde 1984 y al que acusa desde hace décadas de financiar, armar y respaldar a organizaciones como Hizbolá, Hamás y los hutíes. El enemigo de 2026 no es el responsable del 11-S, pero la guerra contra él se libra con buena parte del lenguaje, las instituciones y los poderes de seguridad nacional que aquellos atentados ayudaron a consolidar.
Queda Arabia Saudí, una de las contradicciones más delicadas de toda aquella historia. Quince de los 19 secuestradores eran ciudadanos saudíes y Bin Laden procedía de una de las familias más conocidas del reino. La Comisión del 11-S describió en su informe oficial a Arabia Saudí como un aliado problemático en la lucha contra el extremismo y constató que Al Qaeda había recaudado allí dinero de particulares y organizaciones caritativas, pero no encontró pruebas de que el reino saudí como institución o sus principales dirigentes hubieran financiado a la organización. Con el tiempo, Riad se convirtió además en un socio mucho más activo de Washington contra el yihadismo. El país del que salieron 15 de los 19 hombres que secuestraron los aviones es hoy uno de los principales aliados estadounidenses en Oriente Próximo.
Pero tampoco esa historia quedó cerrada del todo. Durante años esa fue, en esencia, la conclusión oficial: numerosos terroristas eran saudíes pero no se había probado una implicación del Estado. Después llegaron documentos desclasificados y, sobre todo, una larga batalla judicial de las familias de las víctimas. En agosto de 2025, un juez federal rechazó la petición de Arabia Saudí de archivar una de las principales demandas y permitió que el caso siguiera adelante. En el centro están dos saudíes que tuvieron contacto con los secuestradores del avión que se estrelló contra el Pentágono, y la ayuda que recibieron después de llegar a California.
La decisión judicial no estableció que Arabia Saudí estuviera detrás del 11-S ni determinó qué sabía el Gobierno de Riad. Lo que sí hizo, sin embargo, fue dejar abierta la posibilidad de que las familias intenten demostrar ante un tribunal si determinados funcionarios o personas vinculadas al reino tuvieron un papel mayor del que se conoció durante años. Arabia Saudí lo niega. Veinticinco años después, EE UU mató a Bin Laden, destruyó la organización que preparó los atentados y transformó por completo su aparato de seguridad, pero todavía no ha conseguido cerrar todas las amargas dudas que dejó aquella luctuosa mañana.
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