Desde el no es no de Pedro Sánchez, que este año cumple una década, la política española está abonada a depender de los extremismos. Donde hay un muro no hay posibilidad de entendimiento ni políticas de Estado comunes, sino polarización y frentes ideológicos. El PSOE ha atravesado ese camino normalizando a Podemos, a Bildu, a Junqueras, a Puigdemont y anda ahora con Xi Jinping y el Grupo de Puebla. El PP lo ha hecho pactando con Vox. No sin pocas dudas, pasadas y presentes, pero con la necesidad de ofrecer una alternativa a Sánchez y presentar gobiernos eficaces frente al desgobierno sin presupuestos.
El primer capítulo de esta alianza renovada ha sido el pacto en Extremadura para investir a María Guardiola. Cuatro meses habían pasado desde las elecciones y la incertidumbre empezaba a pesar como losa sobre la cabeza de Vox, incapaz de responder de qué servía votarle. Su 17% de los votos y el 43% del PP eran una exigencia de cambio a gritos que convenía no ignorar.
El resultado son 23 páginas de acuerdo, dos puestos en el Gobierno autonómico para Vox y el compromiso de dar estabilidad institucional con cuatro presupuestos. Entre las medidas hay políticas compartidas -bajadas de impuestos, desregulación- y píldoras del ideario de uno y otro. Sorprende que el PP haya asumido algunas afirmaciones del repertorio de Abascal, como el «rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur» o que se hable de «imposiciones de Bruselas». Y choca que los dos principales problemas que señalan los extremeños en las encuestas, que son el paro y las infraestructuras, no tengan un capítulo propio en el pacto de gobierno, sino que aparezcan levemente en otros puntos.
Guardiola compareció sonriente para anunciar el acuerdo, pero por el momento quien lo está rentabilizando es Vox, que lo ha planteado en términos de mirad de lo que somos capaces. El partido necesita oxígeno y quiere conseguirlo con este pacto. La semana pasada fue negra para la derecha populista, que tuvo que digerir la derrota de Orban, el divorcio entre Trump y Meloni y, en España, la brusca bajada de Vox en las tres encuestas andaluzas que se publicaron. La guerra en Irán ha consolidado un ambiente de crisis en un ámbito político que parecía imparable, pero que ahora se enfrenta a sus propios fantasmas.
Esos fantasmas llevan en España el nombre de Podemos y Ciudadanos. Dos partidos que tuvieron más de cinco y cuatro millones de votos, respectivamente, antes de caer en el ostracismo tras un paso fugaz por las instituciones. Vox es su heredero como máximo representante de la nueva política contra el bipartidismo y se enfrenta al mismo dilema: cómo superar el momento populista de ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos y pasar a gestionarlos y a ofrecer respuestas reales.
Abascal está presumiendo en especial de haberle colado al PP el «principio de prioridad nacional», definido como la «asignación de recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Habría que preguntarse si realmente han doblegado al PP en esto o si los populares están viviendo su propia evolución con la inmigración, adoptando la línea dura que gobierna Europa y que comparten desde el popular Merz, la socialista danesa Frederiksen o la radical Meloni. Por de pronto, Génova tuvo que salir a explicar el pacto al día siguiente de firmarlo, lo que no es muy buena señal.
Lo firmado constituye, en todo caso, una declaración de intenciones y se entiende que un programa para toda España, porque precisamente en Extremadura no hay un problema acuciante con la inmigración. Es la comunidad autónoma con menor porcentaje de residentes nacidos en el extranjero y en la lista de problemas de los extremeños ocupa el puesto 16º, con apenas un 1,3%. Si acaso, la región tiene el problema contrario, el de la fuga de jóvenes formados por falta de oportunidades y el de la pérdida de población. De Guardiola y el PP dependen ahora tenerlo muy en cuenta. El éxito de este acuerdo no estará en sus declaraciones, sino en su capacidad para responder a la realidad.