- Más de 60.000 personas afectadas por los incendios en Madrid y Ávila
- El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los incendios
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Se ha convertido casi en una constante que, ante cualquier emergencia grave, prima el cálculo político sobre la atención a los afectados.
Se ha convertido casi en una constante que, ante cualquier emergencia grave, prima el cálculo político sobre la atención a los afectados. Ha vuelto a suceder con los incendios que rodean el oeste de la Comunidad de Madrid, cuya voracidad llevó en la noche del jueves al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a reclamar la declaración de emergencia nacional.
Primero el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, y después el ministro de Transportes, Óscar Puente, trataron de aprovechar esta desgracia para cuestionar la gestión de la dirigente popular, vinculando incluso la incidencia de los fuegos con la inversión destinada al mantenimiento del cuerpo de bomberos forestales. Además de lo irresponsable que resulta crear polémica política con una crisis tan delicada, que ha obligado a desalojar a decenas de miles de personas y el confinamiento de otras tantas, estas afirmaciones resultan falsas.
Lo cual no es novedoso tratándose del Gobierno, pero sí contrasta con la prudencia que, por ejemplo, el mismo ministro reclamó a los miembros de la oposición durante la tragedia ferroviaria de Adamuz a finales de enero, en la que afloraron graves deficiencias en el mantenimiento de las vías que, en esa ocasión sí, fueron determinantes para el fatal desenlace.
Más acertada está siendo la coordinación en las primeras horas de gestión unificada de los medios para combatir unos fuegos que han adquirido una voracidad inusitada, han obligado a pedir ayuda a la UE y, según los técnicos, están "fuera de su capacidad de extinción". Ojalá perdure ese espíritu mientras dure la emergencia y no surjan más voces interesadas en politizarla.
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