Dos agentes de la Policía Nacional. Policía Nacional
Sociedad Sucesos Denuncian a dos profesores en Móstoles por abusos sexuales y malos tratos a un menor con discapacidad cognitivaLa progenitora acudió a la comisaría de Móstoles el pasado 3 de febrero de 2026 tras detectar un comportamiento anómalo en el menor.
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Jesús Soler Publicada 19 junio 2026 16:38h Las clavesLas claves Generado con IA
La madre de un menor de 10 años escolarizado en un aula de educación especial del CEIP Alonso Cano, en lalocalidad madrileña de Móstoles, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por presuntos tocamientos, vejaciones sexuales y malos tratos hacia su hijo por parte de dos docentes del centro.
Según ha podido saber Madrid Total, los hechos, que ya están siendo investigados en sede judicial, han provocado la inmediata reacción de la familia y de su representación legal, ejercida por el despacho Le Morne Brabant, desde donde se denuncia una alarmante lentitud en la toma de decisiones judiciales.
Al parecer, ni el menor ni los profesionales denunciados han comparecido ante el juzgado cuatro meses después de interponerse la querella.
El historial de "abusos laborales" del empresario Pablo Iglesias en la taberna Garibaldi y Canal Red: "Te tratan como escoria"Según consta en la correspondiente denuncia policial, la progenitora acudió a la comisaría de Móstoles el pasado 3 de febrero de 2026 tras detectar un comportamiento anómalo en el menor, quien presenta una discapacidad cognitiva reconocida del 49%.
El niño venía mostrando en las semanas previas una alteración evidente tanto a nivel emocional como sexual, manifestando una inusual obsesión con su propio cuerpo que no se había registrado con anterioridad.
Las alarmas definitivas saltaron el 1 de febrero, cuando la madre y el hermano mayor del menor, de 15 años, descubrieron de manera fortuita un historial de búsquedas de carácter obsceno en el teléfono móvil de la mujer.
Entre las consultas realizadas en el dispositivo figuraban frases explícitas como "mostrar el culo a los profesores", "pero que nunca le dé pena mostrar el culo a los profesores", "los secretos que nunca se deben decir" o "personas que se desnudan frente a otras".
Imputadas las dos profesoras del colegio del cura de los Legionarios de Cristo que conocían los abusos a las niñasAnte el hallazgo, la denunciante aportó a los investigadores policiales las capturas de pantalla de los terminales junto con una grabación magnetofónica de una conversación mantenida con su hijo.
En dicho audio, el alumno admite de forma directa haber sufrido vejaciones de índole sexual en el entorno escolar y relata de viva voz frases como "me ponen videos con gente desnuda", "me tocan mis partes", "les digo que eso no se toca y me pegan", "C e I son malos, me desnudan", añadiendo además que "I es bueno porque me hace trucos de magia pero es malo porque me desnuda".
Tras constatar estos indicios y ante lo que describe como una absoluta falta de comprensión y auxilio por parte de la dirección del colegio, la madre, de nacionalidad venezolana y residente en España desde hace dos años, tomó la determinación de retirar inmediatamente al niño de la actividad lectiva, viéndose obligada por ello a renunciar a su puesto de trabajo para poder ejercer su cuidado exclusivo de forma diaria.
La situación económica de la unidad familiar obligó, sin embargo, a la mujer, transcurridos cuatro meses desde el suceso, a reincorporarse al mercado laboral y a enviar de nuevo al menor al CEIP Alonso Cano.
Un excandidato de Más Madrid, condenado a 9 años de prisión por violar a una alumna, que se suicidó antes de la sentenciaHa sido a raíz de este forzoso retorno cuando la dirección del centro ha dado traslado formal de las actuaciones al Servicio de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.
No obstante, el equipo jurídico de Le Morne Brabant Abogados confirma que el juzgado competente aún no ha recibido ningún tipo de informe técnico por parte del citado organismo inspector, una circunstancia que coincide en el tiempo con la resolución de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles de denegar de forma provisional las medidas cautelares de protección y la consiguiente orden de alejamiento solicitadas para el alumno.
El órgano judicial argumenta en su resolución de denegación que, a la fecha de la firma, las actuaciones se fundamentan exclusivamente en testimonios de referencia.
El tribunal sostiene que la diligencia de investigación de mayor relevancia y que determinará el curso del procedimiento penal es la exploración judicial del menor, la cual debe practicarse formalmente como prueba preconstituida en una cámara Gesell bajo la supervisión de un psicólogo y un facilitador, debiendo ser el propio afectado quien verbalice los hechos.
Álvaro, el profesor y numerario del Opus Dei acusado de abusos sexuales a tres menores de un colegio de MirasierraPara ello, el juzgado se encuentra a la espera de que el médico forense adscrito emita el preceptivo informe técnico sobre si las condiciones derivadas de la discapacidad cognitiva del niño permiten llevar a cabo dicha exploración, un trámite que permanece completamente pendiente de resolución.
El letrado Óscar Palau, encargado de la dirección técnica de la acusación en representación del despacho, ha confirmado que ya se ha interpuesto el correspondiente recurso contra la denegación de las medidas cautelares de protección.
Al mismo tiempo, desde la firma jurídica muestran su honda extrañeza por el hecho de que, tras el dilatado tiempo transcurrido desde la denuncia en comisaría, la autoridad judicial no haya citado todavía a declarar en calidad de investigados a los dos profesionales señalados, uno de los cuales ejerce como profesor titular y el otro como técnico de apoyo educativo.
El menor se encuentra integrado en una de las tres aulas estables de educación especial que el CEIP Alonso Cano mantiene operativas para alumnos con diversas discapacidades y perfiles de neurodivergencia.
Mientras el procedimiento penal avanza lentamente en la instancia judicial, la madre ha manifestado su desamparo ante la imposibilidad de que el menor reciba asistencia terapéutica pública al no haber testificado todavía, lamentando profundamente la situación de dolor, desatención e incertidumbre en la que se encuentra sumida toda la familia de forma prolongada.