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Las Administraciones registran al mes 43 ausencias por cada mil empleados, y el sector privado 38. Las bajas laborales sólo se han reducido en el caso de los trabajadores por cuenta propia.
La escasa diligencia del Gobierno para encarar el creciente problema del absentismo laboral es todavía más inexplicable a la luz de las cifras de bajas registradas en el sector público. La tasa de faltas al puesto de trabajo en las Administraciones y sus entes dependientes es un 12,5% superior a la que se da en las empresas privadas de nuestro país. Así, mientras entre los funcionarios y el personal eventual se producen al mes 43 ausencias por cada mil empleados, en el ámbito empresarial esa cifra se reduce a 38 personas. Una diferencia que incrementa el coste para las arcas públicas por el absentismo, ya no sólo por los salarios que debe abonar la Seguridad Social durante los procesos de baja -que representaron unos 18.400 millones de euros en el año 2025, según la Airef, el ente fiscalizador de las cuentas públicas-, sino también por el sobrecoste de las plantillas y la cobertura de los primeros días de ausencia a su puesto de trabajo de cada empleado, al igual que sucede a los empresarios. Sin embargo y pese a las reiteradas denuncias del sector productivo, el Ejecutivo no tiene entre sus prioridades el crecimiento exponencial de las bajas laborales.
Urgencia económica
Se trata de un debate que no puede seguir postergándose ni dilatarse con foros de debate u observatorios improductivos, ya que el número de procesos de incapacidad temporal por cada mil trabajadores gestionados por la Seguridad Social se ha duplicado desde 2018. Extrapolando estos datos, equivale a que 1,6 millones de personas falten cada jornada a su empleo. El resultado más tangible es que, de media, un 7,2% de las horas de trabajo pactadas en los convenios colectivos no se realiza. Este es, de hecho, el principal factor de la pérdida de productividad de la economía española, un impacto que va más allá de la organización diaria del trabajo en cada empresa y constituye un desafío como sociedad. El Gobierno debe dar una respuesta sensata que vaya más allá de confrontar con la oposición que denuncia los altos niveles de absentismo en España respecto a otros países.
Factores exógenos
Los expertos apuntan que hay factores exógenos que han acentuado la dinámica previa, como el envejecimiento progresivo de las plantillas, el colapso de la atención primaria del sistema sanitario que debe tramitar las altas de los trabajadores restablecidos, así como las deficiencias en el control de posibles fraudes que también denunció la Airef. Por su parte, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha apuntado a una mala distribución de competencias entre las Administraciones como el origen de los problemas de gestión que se producen con las bajas y que, según denuncian las patronales, suponen un grave riesgo para la supervivencia de las pymes. En un contexto de menores márgenes operativos y crecientes cargas tributarias y por las cotizaciones sociales, no poder disponer durante semanas de un trabajador puede suponer un serio contratiempo para los negocios con pocos empleados.
La excepción de los autónomos
En contraste con la situación de los asalariados emergen las cifras de absentismo de los autónomos, que revelan una frecuencia cuatro veces menor de las ausencias al puesto de trabajo -10 procesos por cada mil profesionales-, que además ha retrocedido en los últimos años, si bien las bajas de los profesionales por cuenta propia tienen mayor duración. No tiene demasiada lógica que la incidencia de las enfermedades más comunes, principal causa de las ausencias al puesto de trabajo, sea mayor entre trabajadores por cuenta ajena que para quienes son sus propios empleadores. Es cierto que la situación de este colectivo responde a una dinámica propia, acelerada tras la pandemia y debida en parte a la mayor carga fiscal que soportan tras el cambio en el sistema de cuotas puesto en marcha por el Ministerio de Seguridad Social, de reducción progresiva del número de autónomos. Pero también, que tal contraste numérico debe invitar a la reflexión y el análisis sobre potenciales abusos en el recurso a solicitar una baja laboral.
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