El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Doce años después, la Justicia ya no es justicia Publicada 28 abril 2026 02:40hLa decisión adoptada este lunes por la Audiencia Nacional de exonerar al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, debido a su deterioro cognitivo, supone un desenlace profundamente insatisfactorio a un caso de corrupción antológico que habría exigido una reparación mucho más temprana y profunda.
A sus noventa y cinco años, quien fuera la figura central de la política catalana durante casi un cuarto de siglo abandona el banquillo de los acusados no por una sentencia que aclare su responsabilidad penal, sino por la inexorable victoria de la biología sobre el procedimiento.
Aunque técnicamente se denomina una dispensa por enfermedad, lo que se ha consumado sólo puede leerse políticamente como un indulto biológico derivado de una desidia judicial y política inaceptable.
Han transcurrido doce años desde que, en julio de 2014, el propio Pujol dinamitara la imagen de su legado con una confesión pública sobre una herencia oculta en Andorra que nunca fue declarada.
Desde aquella revelación, el proceso ha avanzado con una parsimonia desesperante. Y la justicia que llega con más de una década de retraso pierde su carácter ejemplarizante para convertirse en una mera formalidad administrativa.
En este caso, la demora ha hurtado a la sociedad española el derecho a conocer la verdad judicial sobre un sistema de presunta corrupción institucionalizada que, de acuerdo a la Fiscalía, operó a la sombra de la Generalitat durante décadas.
El juicio continuará para los siete hijos del expresidente, sobre quienes pesan acusaciones gravísimas de asociación ilícita y blanqueo de capitales, y para otras quince personas. Pero la ausencia del patriarca (el único para el que se pedían nueve años) vacía el proceso de su carga política más profunda.
Existen razones de peso para interpretar que este descomunal retraso no responde únicamente a la complejidad de las comisiones rogatorias internacionales, o a la maraña de sociedades en paraísos fiscales. Sino que es el resultado de un cálculo de conveniencia compartida por las grandes fuerzas políticas del Estado.
Porque tanto el PP como el PSOE han tenido sobrados incentivos para no acelerar la caída definitiva de este mito de la Transición.
El "oasis catalán" no fue sólo un fenómeno autonómico, sino una estructura de gobernabilidad nacional. Durante años, la estabilidad parlamentaria en Madrid dependió de los votos de la formación liderada por Pujol.
En la etapa más reciente, la dependencia del Gobierno central respecto a los herederos de aquel espacio (hoy bajo las siglas de Junts) ha proyectado una sombra de sospecha sobre la voluntad real de profundizar en las raíces de un sistema de mordidas y comisiones que, de haberse juzgado a tiempo, habría exigido una catarsis que ninguno de los grandes partidos parecía estar dispuesto a asumir.
Esta inacción institucional ha permitido que el proceso judicial se empantanara en una selva de recursos y nulidades, alimentada por las irregularidades de la llamada "Operación Cataluña".
El uso partidista de los servicios de inteligencia y de la policía durante la etapa del Ministerio del Interior de Rajoy (que se está dilucidando estos días en el juicio del caso Kitchen), lejos de facilitar la labor de la justicia, la contaminó. De tal modo que proporcionó a las defensas de la familia Pujol las herramientas necesarias para dilatar la instrucción durante más de una década.
El resultado es un Estado que, por intentar combatir el nacionalismo con métodos ajenos al Derecho, terminó regalando a sus acusados el escudo perfecto para la impunidad.
El contraste con el rigor que la Administración aplica a cualquier ciudadano de a pie es sangrante. Mientras el contribuyente medio se enfrenta a plazos perentorios y sanciones inmediatas, el clan que ostentó el poder máximo en Cataluña ha disfrutado de una instrucción eterna que ha terminado por caducar de forma natural.
La justicia no sólo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. Y, sobre todo, debe ser eficaz. Cuando un juicio de esta magnitud se celebra una vez que el principal encausado ya no puede comprender los cargos que se le imputan, el sistema judicial reconoce implícitamente su derrota.
Por eso, urge una reforma profunda de los procedimientos judiciales en las macrocausas para evitar que la edad y la salud se conviertan en la vía de escape ordinaria para las responsabilidades de quienes gestionaron lo público.
De lo contrario, el Estado de derecho seguirá emitiendo el peligroso mensaje de que la justicia sólo es igual para todos mientras los plazos (y la connivencia política entre Madrid y Barcelona) no digan lo contrario.