La Audiencia Provincial de Madrid inició ayer el juicio con jurado popular contra dos conductores acusados de protagonizar una carrera ilegal en los túneles de la M-30 que terminó con la muerte de un médico de 35 años en julio de 2021. La Fiscalía solicita para ambos 15 años de prisión por delitos de conducción temeraria, homicidio y lesiones.
En la primera sesión se procedió a la selección del jurado y a la exposición de los informes previos. El fiscal especializado en Seguridad Vial defendió que los hechos no constituyen un simple accidente, sino un «acto consciente», al considerar que los acusados participaron en una carrera «absolutamente temeraria» durante cerca de cuatro kilómetros en un tramo limitado a 70 km/h.
Según la acusación, ambos conductores circularon a velocidades que alcanzaron los 180 kilómetros por hora, realizando maniobras peligrosas como adelantamientos en zigzag, cambios bruscos de carril y circulación en paralelo. Estas conductas, subraya el fiscal, evidencian que los implicados eran plenamente conscientes del riesgo extremo que generaban.
El siniestro ocurrió el 25 de julio de 2021, en torno a las 11:30 horas, en sentido A-3. Durante varios minutos, los vehículos implicados convirtieron el túnel en un circuito improvisado hasta que uno de ellos colisionó contra un coche que circulaba correctamente. El impacto provocó un accidente en cadena. En el vehículo alcanzado viajaba Juan Alfredo López, médico de la Fundación Jiménez Díaz, que regresaba de trabajar. Tenía 35 años, estaba casado, tenía una hija y su mujer estaba embarazada de su segundo hijo. Falleció en el acto como consecuencia del brutal choque. Fue el primer médico de su hospital en vacunarse contra el Covid.
Bajo los efectos de las drogas
La Fiscalía destaca además que uno de los acusados conducía bajo los efectos de drogas -cocaína, cannabis y otras sustancias- y sin permiso de conducir, mientras que el otro abandonó inicialmente el lugar de los hechos, aunque posteriormente se entregó a la Policía.
Entre las pruebas que se presentarán en el juicio figuran grabaciones de las cámaras de tráfico que recogen todo el recorrido, testimonios de agentes de la Policía Municipal, informes periciales y llamadas al 112 realizadas por conductores que alertaron de la conducción peligrosa.
Las acusaciones particulares, ejercidas por la viuda y los padres de la víctima, sostienen que se trata de un caso de homicidio con dolo eventual, al entender que los acusados asumieron conscientemente la posibilidad de causar la muerte. "Se sabía que alguien podía morir", han señalado.
Por su parte, las defensas cuestionan la validez de las mediciones de velocidad y consideran que los hechos deben calificarse como homicidio imprudente. El abogado de uno de los acusados ha señalado que su representado "está arrepentido y no dejará de arrepentirse jamás" y que por ello va a reconocer hechos pero ha declarado que fue un accidente causado por una imprudencia grave pero no un homicidio intencionado por lo que la pena a imponer debe ser menor. Este mismo letrado señaló que la Fiscalía tiene intereses políticos en este juicio ya que desde hace tiempo el Gobierno intenta agravar conductas viales que acaban en fallecimiento para que parezca que le importan los temas de tráfico y que legisla a base de imponer castigos más duros, según Efe.
Estado de uno de los coches tras el accidente en la M-30.EMERGENCIAS MADRIDLa abogada del otro conductor enjuiciado ha estimado que su defendido no condujo de la forma temeraria que dicen las acusaciones, sino que incluso fue víctima de la conducción de R.M.F. y que llegó a temer por su vida y por la de su pareja, que viajaba con él.
El fiscal también ha solicitado una indemnización superior a 1,29 millones de euros para la familia de la víctima, destinada a su viuda, sus hijos y sus padres. Parte de esta cantidad ya ha sido abonada por las aseguradoras.
El juicio continuará en los próximos días con la práctica de pruebas y la declaración de testigos y peritos, en un proceso que deberá determinar el grado de responsabilidad penal de los acusados en uno de los siniestros más graves registrados en la M-30 en los últimos años.