Dos décadas de regates jurídicos a 20 metros de donde rompen las olas

El bloqueo de los ediles del PSOE a la anulación de la licencia, el enésimo problema al que se enfrenta el derribo de El Algarrobico

MIGUEL CÁRCELES

CARBONERAS

En la costa más virgen del Mediterráneo occidental, en el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el hotel de El Algarrobico se ... erige no solo como una mole de 21 plantas y 411 habitaciones, sino como el monumento más imponente a la complejidad urbanística de España. Tras más de veinte años de litigios, decenas de resoluciones judiciales y el clamor -fuera de Carboneras- por su demolición, el edificio sigue en pie. Muriendo de inanición en el interior de un laberinto burocrático en el que los intereses locales, el miedo a las repercusiones económicas y la resistencia política han conseguido congelar su derribo.

Desde entonces, el asunto ha transitado por casi todas las instancias judiciales marcando principalmente tres hitos sustantivos. En 2012, el Tribunal Supremo declaró de forma definitiva que el hotel violaba la ley de costas al invadir la servidumbre de 100 metros desde donde rompen las olas. Desde ese momento, el inmueble parecía condenado a ser ruinas. En 2016, también en el Supremo, se dictaminó que el hotel se levantó en suelo no urbanizable y de especial protección.

Y por si fuera poco, todo se clarificó aún más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mediante una sentencia dictada en el año 2021, obligó formalmente al Consistorio a revisar de oficio los permisos otorgados a la promotora Azata de manera definitiva y anular la licencia de obras.

Sin embargo, y a pesar de todos estos pronunciamientos, el hotel no puede ser demolido de forma inmediata. Y aquí reside la gran paradoja y el principal nudo jurídico del conflicto: el edificio se construyó bajo una licencia municipal que formalmente sigue existiendo.

Los dictámenes jurídicos -principalmente, los de los servicios letrados de la Junta de Andalucía- mantienen que, para proceder al derribo físico con plenas garantías, primero es necesario que el propio Ayuntamiento de Carboneras tramite y apruebe la revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de ese permiso concedido en 2003. Y, pese a que han pasado ya cinco años desde que el TSJA lo dictaminó en sentencia firme, aún no se ha ejecutado.

Responsabilidad patrimonial

Es justo ahí donde se eterniza el bloqueo. El TSJA sentenció que el Ayuntamiento revisase la sentencia en 2021, pero el Consistorio no lo ha hecho durante años arguyendo la falta de capacidad administrativa en un municipìo de 8.000 vecinos. Desde el año pasado, el TSJA viene requiriendo al alcalde el sometimiento a la sentencia y la convocatoria de un pleno que anule la licencia bajo amenaza de multa o de incoación de proceso penal. Y desde hace varios meses, está obligado a informar semanalmente al Alto Tribunal con sede en Granada de los procesos administrativos cursados para la anulación de la licencia.

La resistencia municipal a actuar motu proprio -reconocen fuentes cercanas al gobierno local- reside en dos puntales. El primero es que el Consistorio cree que la anulación de la licencia le obligará a correr con el coste de las indemnizaciones a la constructora. Unas cuantías tan millonarias -Azata del Sol pide casi 45 millones solo por los suelos- que llevaría al pueblo a la bancarrota. El segundo, que nadie quiere cargar con la cruz de ser visto en el pueblo como el causante del derribo. Sobre todo en un entorno sociológico que aún cree, de forma mayoritaria, que el hotel podría ser una fuente de empleo y riqueza para la localidad.

Bajo toda la presión legal y administrativa, Salvador Hernández (Cs), llevó a pleno la revisión de la licencia esta semana. Sin embargo, en un giro imprevisible dentro de este largo historial, el pleno municipal decidió por mayoría —a propuesta de un edil expulsado de las filas del PP y con el apoyo de cinco de los seis concejales del PSOE— dejar el acuerdo sobre la mesa y aplazar la decisión definitiva hasta un pleno futuro. Se piden informes, papeles y cuentas. Y un ayuntamiento tan pequeño no tiene capacidad para hacer eso. De nuevo en el callejón sin salida.

Los concejales socialistas sancionados por su propio partido tras la votación -han sido suspendidos de militancia- defienden que su postura no es un desacato, sino una petición de prudencia, alegando que el expediente carece de informes complementarios y estudios de cuantía económica bien definidos pese a que pese sobre esa decisión una sentencia judicial muy clara.

Reunión el martes

Los efectos que tendrá la resolución de este conflicto rebasarán el ámbito estrictamente municipal. Este martes la Junta de Andalucía -presidenta de turno- ha convocado una reunión de la comisión mixta para la coordinación del potencial derribo de El Algarrobico. Allí se pondrá sobre la mesa el nuevo bloqueo. Tanto el Gobierno andaluz como el estatal van a pedir al TSJA la ejecución subsidiaria de la nulidad de la licencia.

Este periódico ha tratado de contrastar con fuentes jurídicas si esta posible solución derivaría en responsabilidades penales contra los regidores, pero las respuestas de varios expertos han sido contradictorias. Mientras tanto, la Dirección General de la Costa y el Mar tramita de forma paralela un expediente para la expropiación forzosa de la mitad de los terrenos que ocupa el macrohotel como vía alternativa para agilizar el proceso. La exvicepresidenta María Jesús Montero llegó a prometer, ante el esqueleto del hotel, que lo derribaría en cinco meses. Han pasado 16 meses y sigue en pie.

Echarlo abajo costará unos siete millones de euros a los que habrá que sumar el hacerse con los terrenos (2,3 millones de euros del retracto o lo que acabe costando la expropiación) y la reconstrucción ecológica del espacio.

Cuando el laberinto concluya y las máquinas derriben la mole de cemento, los efectos sentarán un precedente histórico en el derecho urbanístico y ambiental español. Se pondrá fin a más de dos décadas de parálisis y se enviará un mensaje inequívoco: ni el paso del tiempo ni las dilaciones burocráticas pueden consolidar una edificación ilegal en una zona de especial protección. El fin de El Algarrobico significará la demostración de que la restauración ambiental y el cumplimiento de las leyes del litoral prevalecen sobre los intereses y las prórrogas de la política local.

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