El exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini (c), a su llegada al Tribunal Supremo. Europa Press
Tribunales Dos directivos de Acciona niegan comisiones por contratos de Transportes pero el fiscal pide medidas cautelaresEl exCEO de Acciona Construcción y el encargado de la zona norte aseguran ante el juez instructor del Supremo que los trabajos firmados con Servinabar fueron reales y califican de normales las reuniones con Santos Cerdán.
Más información: "Te recuerdo que de estas cuatro, tres eran de Acciona": la constructora, epicentro de las comisiones de Cerdán y Ábalos
María Peral Publicada 3 diciembre 2025 13:55hLas claves nuevo Generado con IA
Dos directivos de Acciona han negado ante el juez haber pagado comisiones ilegales a la trama de corrupción presuntamente liderada por Santos Cerdán.
Los investigados reconocen la colaboración de Acciona con Servinabar, empresa vinculada a la trama, pero defienden que los servicios prestados eran reales y facturados.
La UCO detectó ingresos de más de 6,7 millones de euros de Acciona a Servinabar desde 2015, relacionados con contratos públicos de gran valor.
El fiscal ha solicitado medidas cautelares para los directivos tras sus declaraciones, incluyendo retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado.
Un exresponsable de Acciona Construcción y un directivo aún ligado a la compañía han negado esta mañana ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que hayan pagado comisiones ilegales a la trama de corrupción presuntamente liderada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Justo Vicente Pelegrini -hasta el pasado julio CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África- y Tomás Olarte -director de la zona norte de la constructora- han reconocido que la empresa formó uniones temporales con Servinabar, una pequeña mercantil navarra que los investigadores sitúan en el epicentro de la trama.
Pero han negado que Servinabar haya sido el instrumento utilizado para canalizar mordidas a cambio de la obtención de contratos del Ministerio de Transportes.
Han continuado, así, la estela del primer empleado de Acciona investigado en estas diligencias, Fernando Merino, exdelegado de Acciona para el País Vasco y Navarra, que compareció en el Tribunal Supremo el pasado julio.
A Merino se han sumado como investigados Pelegrini -que fue despedido por Acciona el pasado junio, tras conocerse un informe de la UCO-, Olarte y Manuel García Alconchel. Este último, director de la zona sur y África de la compañía, no ha declarado hoy sino que está citado para el próximo día 15.
La 'trama Cerdán' negociaba por videoconferencia con un alto directivo de Acciona obras adjudicadas por ÁbalosOlarte y García Alconchel, que reportaban a Pelegrini, continúan como directivos de Acciona, aunque fueron suspendidos cautelarmente de funciones el pasado 18 de noviembre, cuando trascendió un informe de la UCO fechado una semana antes en el que se aportaron datos concretos de la relación entre los tres investigados y Servinabar.
La UCO ha encontrado acuerdos de colaboración entre Acciona y Servinabar por los que esta última recibiría el 2% del importe del contrato a cambio de labores de prevención, seguridad y salud cuya real prestación es cuestionada por los investigadores.
Según la UCO, Servinabar, una pequeña empresa navarra, ingresó desde 2015 al menos 6.707.294,67 euros de Acciona por obras cuyo importe de adjudicación superó los 300 millones de euros.
El 75,3% de los ingresos de la empresa de Antxon Alonso -propiedad al 45% de Cerdán, según la UCO, aunque el exdirigente socialista lo niega- procedían de su relación con Acciona, según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Pelegrini ha explicado esta mañana en el Supremo que el 2% que figura en los acuerdos con Servinabar no era un porcentaje fijo, sino un límite máximo.
Ha defendido que los servicios prestados por Servinabar fueron reales y ha asegurado que existen facturas de todo ello.
Pelegrini y Olarte han indicado que la relación con Servinabar comenzó en 2015 a raíz del proyecto de Mina Muga. Como en todas las obras 'sensibles' que podían generar inquietud o rechazo social, Acciona se reunía con agentes sociales y políticos para pulsar la opinión pública. En ese contexto conocieron a Santos Cerdán, que "era amigo de Antxon Alonso", y se reunieron con él.
Acciona apareció en las diligencias del Tribunal Supremo el pasado 16 de diciembre, cuando el empresario Víctor de Aldama declaró que la empresa tenía "una serie de pactos" para conseguir obras en el País Vasco y Navarra, la zona que controlaría el penúltimo exsecretario de Organización socialista.
Después, gracias a los audios hallados en los móviles de Koldo García, asistente de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se supo que Cerdán se interesó por obras adjudicadas a Acciona en otros puntos del territorio nacional y que están bajo sospecha, como el Puente del Centenario en Sevilla. Para este proyecto fue contratado como peón el cuñado de Santos Cerdán.
Al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, no le han convencido las explicaciones de Pelegrini y Olarte y cuando han terminado de declarar ha pedido para ellos medidas cautelares: retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el Juzgado.
Son las medidas que tenían el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente, Koldo García, antes de ingresar en prisión el pasado jueves.
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