Adrián Barbón y Adriana Lastra, llegan a la mina de Cerredo tras la catástrofe. Europa Press.
Política Dos informes ponen contra las cuerdas a Barbón en Asturias por la muerte de 5 hombres en una mina ilegal: "Pudo evitarse"La memoria de la comisión de investigación del Parlamento asturiano pide depurar las "responsabilidades políticas" de cuatro exconsejeros.
Más información: Asturias confirma que se sacaba carbón de forma ilegal en la mina de Cerredo donde murieron cinco leoneses
Rubén Fernández Publicada 25 abril 2026 02:33h Las clavesLas claves Generado con IA
A las 9:00 del 31 de marzo de 2025, la montaña de Degaña, en el suroccidente asturiano, se tragó cinco vidas. Once mineros perforaban el tercer piso de la mina Cerredo. Una bolsa de grisú —metano acumulado por falta de ventilación— estalló en la galería Mangueiro: cinco murieron, cuatro quedaron gravemente heridos, dos escaparon del infierno.
Clausurada desde 2019, la mina de Blue Solving SL era un cascarón jurídico: 3.000 € de capital, administrador de 21 años, cero trabajadores en alta, sin maquinaria registrada. La Asturias de los pozos cerrados, con tres abiertos de los más de 50 de hace tres décadas, respira el carbón negro del mercado clandestino.
Ahora, un año más tarde, dos informes apuntan al Gobierno del socialista Adrián Barbón y lo ponen en serios aprietos.
El primero procede de la comisión de investigación de la Junta General, el Parlamento asturiano. Su conclusión no puede ser más demoledora: “El accidente de Cerredo no fue un accidente en el sentido estricto del término”, sino “la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar y prevenir”.
El borrador de las conclusiones de la comisión de investigación, elaborado por Covadonga Tomé, presidenta de la comisión y exmiembro de Podemos, será aprobado a principios de mayo con un amplio consenso —de IU a Vox—, con la excepción, con toda seguridad, de la FSA-PSOE.
El informe —elaborado a partir de la documentación remitida y del testimonio de decenas de comparecientes— respalda que se traslade a la Fiscalía para que valore los “indicios de responsabilidad penal”.
En concreto, se señala a siete personas, cuatro de ellas ex altos cargos: tres exconsejeros del Gobierno regional y un viceconsejero.
Del prejubilado Iván al joven Jorge: los 5 muertos de la mina de Cerredo fueron sepultados tras una explosión de gas grisúEsto abre una brecha en la federación socialista, con alcaldes de las zonas mineras pidiendo responsabilidades políticas a Adrián Barbón y con IU, que forma parte del Gobierno del Principado, inclinándose por respaldar el informe.
El documento pone el foco en las inspecciones. Ya en 2022 se produjo una muerte en esa mina, pero, tras el cambio de titularidad en 2023, los informes de inspección —realizados en su mayoría por el mismo inspector— no detectaron indicios de actividad extractiva ilegal, pese a que había “elementos en el exterior de la mina que resultan indiciarios de lo que sucede en la misma”.
"Elementos como mampostas y maquinaria que indicaban que la extracción no se había detenido", junto a equipos o compresores de gran tamaño y mangueras de aire y ventilación que "sugieren que se están alimentando martillos picadores y sistemas de aire en zonas profundas sin ventilación natural”. Algo que resultó letal a posteriori.
“Las turbinas de ventilación neumáticas estaban inactivas debido a que las llaves de alimentación de aire comprimido se encontraban cerradas. Esta falta de circulación de aire provocó una acumulación de gas metano en las cavidades generadas por la extracción, alcanzando concentraciones superiores al 4,5%, lo que creó una atmósfera altamente explosiva”, recalca el informe.
De ahí que la comisión de investigación señale que la inspección “no abre expedientes sancionadores cuando se incumplen garantías esenciales, que avisa a las empresas antes de inspeccionarlas y que reduce progresivamente el número y calidad de las visitas de control, no puede alegar que actuó diligentemente”.
Varias denuncias
La extracción ilegal parecía un secreto a voces. Un segundo informe de más de 300 páginas—este de la Inspección General de Servicios del propio Gobierno del Principado, conocido también esta semana— así lo evidenciaba al admitir que se habían recibido varias denuncias contra la mina de Cerredo desde el accidente mortal en 2022.
En 2023, se remitió un correo a la cuenta corporativa mineria@asturias.org en el que se afirmaba: “Los vecinos del pueblo podemos ver cómo se siguen cargando camiones de carbón en las instalaciones de la mina a horas muy tempranas para evitar el día y que la gente los vea”.
El 16 de octubre de 2023, se recibe otro correo con fotografías y vídeos. En él se afirma que “el lugar nuevo se está explotando sin ninguna medida de seguridad y se encuentra encima del lugar donde hace un año falleció el trabajador”. “Desde el Ayuntamiento de Degaña no se dice nada y se permite a cambio de que uno de sus concejales del PSOE, partido que gobierna, entrara a trabajar para esta empresa”, se lamenta el vecino.
A esto se unen denuncias de empresas, como la mercantil Promining, contra Blue Solving, en las que se pide que "se anulen todas las autorizaciones que permiten continuar con la actividad extractiva encubierta que —según parece— se está llevando a cabo en las minas de Villares de Arriba y Cerredo”.
Lo sabían los vecinos y también las empresas, pero no la Administración, ya que los correos se habrían perdido en una migración del sistema de correo, según alegan en el Principado. Aunque en el informe laboral sobre el accidente de 2022 ya se advertía también que “existen indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada”.
Las críticas al sistema de inspección también se recogen en el documento del propio Gobierno donde señalan que “desde el Servicio de Minas” se admite que “las visitas” de inspección “se conciertan”. Lo que apunta a una “planificación más o menos formal”.
Aunque la inspección no es lo único que habría fallado. El informe de la comisión de investigación también señala que no entiende cómo se “aprobó figuras jurídicas sin coberturas normativas” al dar el visto bueno a Blue Solving para la aprobación de derechos mineros, “pese a que se trata de una empresa de muy reciente creación, con un capital social de solo 3.000 euros, que no contaba con trabajadores dados de alta, ni activos tangibles, ni maquinaria a su nombre, ni financiación ajena demostrada y cuyo administrador solo tenía 21 años”.
Los accidentes mortales en las minas han aumentado un 311% desde 2016: "Los protocolos se deben cumplir a rajatabla"¿Un ataque contra Barbón?
Hay algunos que quieren ir aún más lejos. Adrián Pumares, líder de Foro Asturias y uno de los diputados más incisivos durante la comisión de investigación, lo resume así: “Un empresario pirata sacaba carbón de forma ilegal y a mí lo que me preocupa es cómo lo pudo hacer con impunidad”.
El líder forista venía denunciando desde hace años el claro “conflicto de intereses” en la Consejería de Industria y Minas. La exconsejera Nieves Roqueñí, uno de los cuatro exaltos cargos a los que se les pide responsabilidades políticas y que ahora está al frente del Puerto de Gijón, tenía a su esposo y su hermana en el consejo de la empresa Minersa.
Unas relaciones que Foro denunció en su momento pese a que no están recogidas en el informe de la comisión. La tensión va en aumento y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (también de Foro), ha reclamado el cese inmediato de Roqueñí, con la que mantiene unas pésimas relaciones, “por su responsabilidad política”.
No sería la primera vez que Roqueñí es cesada. Tras desvelarse los vínculos familiares con Minersa, abandonó la Consejería y le sucedió Belarmina Díaz, que hasta ese momento era directora de Energía y Minas.
Solo unos días después de la tragedia de Cerredo, se destapaba que su hermano actuaba como intermediario para empresas mineras. En ese momento dimite. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en el informe de la comisión y se le piden responsabilidades por "no haber activado mecanismos de control, paralización, revisión o auditoría" o "haber otorgado transmisiones concesionales sin que conste una comprobación suficiente".
Aunque Pumares apunta más alto y cree que el “responsable último” es el presidente del Principado, Adrián Barbón, por desmantelar el servicio de seguridad minera nada más llegar al Gobierno. Afirma que intentará incluir esta conclusión en el borrador final de la Comisión, aunque no parece probable que otros partidos de izquierdas le respalden.
Durante la comisión de investigación, tuvo un choque con el exconsejero Enrique Fernández, ahora al frente de la empresa pública Hunosa, en la que admitió que la decisión de desmantelar el servicio de seguridad minera le vino dada y que Hacienda “manda mucho”.
El borrador de esta comisión ha pillado al presidente asturiano, Adrián Barbón, de viaje oficial en México. En el Principado anuncian que se pronunciará la próxima semana.
De momento, la única en hablar es la número dos de la FSA y actual delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que afirma que el informe de la Comisión es un “dislate jurídico y un despropósito político”.
Para la vicesecretaria general de los socialistas asturianos se trata de “un relato construido para dañar al Gobierno” de Barbón. “Relacionar a siete personas, tres funcionarios y tres técnicos con un accidente que se produce en una empresa privada que nada tiene que ver con la Administración, que está desarrollando una actividad ilegal al margen de la ley, y en el que además las condiciones laborales dejaban bastante que desear, díganme ustedes qué tiene que ver ahí la Administración”, decía Lastra.
Aunque entre los dirigentes del PSOE en las Cuencas Mineras empiezan a pedir responsabilidades políticas. No es sólo la comisión de investigación, también el Informe de la Inspección General de Servicios apunta las deficiencias durante años en una Consejería que tiene un futuro negro como el carbón.