Trabajadoras del Registro de Votantes procesan votos por correo en EEUU para las elecciones de 2024. Michael Ho Wai Lee / SOPA Images v / DPA
EEUU EEUU, el país donde se vota sin DNI: por qué el plan de Trump de exigir identificaciones en las elecciones indigna a sus rivalesMuchos ciudadanos estadounidenses no poseen documentos federales que los identifiquen, y cada estado organiza las elecciones con criterios diferentes.
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Itziar Nodal Denver Publicada 16 marzo 2026 01:46hLas claves nuevo Generado con IA
En Estados Unidos se puede votar sin DNI. No existe un documento nacional de identidad. Tampoco un censo electoral único. El sistema cambia de un estado a otro. Y el votante debe registrarse antes para poder participar.
Para el lector español, suena, como poco, extraño. En Estados Unidos no lo es. Ese modelo fragmentado no nació por accidente, sino de una profunda desconfianza hacia el poder federal.
Ahora Donald Trump quiere cambiarlo. Su propuesta, la SAVE America Act, obligaría a demostrar la ciudadanía para registrarse como votante y exigiría presentar una identificación de validez federal en las urnas.
El movimiento MAGA incita a Trump a declarar la emergencia nacional para extender sus poderes sobre las eleccionesPara entender por qué esta reforma ha abierto una batalla política, primero hay que entender cómo funciona realmente el caótico sistema electoral en el país.
50 estados, 50 formas de votar
En Estados Unidos votas de una u otra forma según donde residas. La Constitución dejó en manos de los estados la organización de las elecciones y esa decisión sigue marcando hoy todo el sistema. Cada uno establece su propio registro de votantes y fija sus propias reglas.
En casi todo el país —excepto en Dakota del Norte— hay que registrarse previamente. El ciudadano debe inscribirse por internet, correo o al renovar el carnet de conducir. De lo contrario, no puede votar.
En ocasiones, ese registro ni siquiera está en manos de los estados sino de los distritos electorales o municipios. Después llega la identificación. Y aquí las reglas vuelven a cambiar según el estado.
En Texas, por ejemplo, el votante debe presentar una identificación con fotografía: un carnet de conducir, un pasaporte, una tarjeta militar o un documento electoral emitido por el estado.
En Colorado, en cambio, la ley permite identificarse con una lista mucho más amplia de documentos, desde una factura de la luz hasta una tarjeta universitaria o de biblioteca.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 36 estados solicitan algún tipo de identificación para votar, mientras que el resto utiliza otros métodos. Pero la diferencia con Europa no termina ahí.
En varios estados ni siquiera es necesario acudir a un colegio electoral. En Oregon, Washington, Colorado, Utah o Hawái, la mayor parte del voto se realiza por correo. Las papeletas se envían directamente a casa de los votantes, que pueden devolverlas por correo o depositarlas en buzones electorales.
Una votante deposita su voto en un buzón electoral en Seattle en 2024. Paul Christian Gordon / ZUMA Press / DPA
En Colorado, por ejemplo, más del 90 % de los votos se emiten de esa forma.
Todo esto se solucionaría con un documento nacional de identidad. Las propuestas para crear uno oficial han aparecido varias veces en el Congreso, especialmente tras los atentados del 11-S, pero ni demócratas ni republicanos dan por aceptable esta solución.
El motivo es político y cultural. Para muchos estadounidenses, un sistema de identificación obligatorio daría al gobierno federal excesivo control sobre los ciudadanos. Esa desconfianza hacia el poder central forma parte del ADN político del país.
'SAVE America Act', la reforma de Trump
Trump lo que plantea ahora es obligar a los votantes a demostrar su ciudadanía con documentos que ya existen —como el pasaporte, el certificado de nacimiento o los papeles de naturalización— cuando se registran para votar.
En la mayoría de los estados basta con rellenar un formulario y declarar bajo juramento que se es ciudadano. Mentir en ese documento es un delito federal.
La exigencia se aplicaría también al voto por correo. Los votantes que soliciten una papeleta tendrían que enviar una copia de su documento identificativo y repetir el proceso cuando devuelvan la papeleta.
El proyecto incluye también otras medidas. Obligaría a los estados a revisar periódicamente sus registros electorales para detectar posibles votantes sin ciudadanía y verificar su estatus mediante bases de datos federales.
También endurecería las responsabilidades de los funcionarios electorales. Las autoridades locales podrían enfrentarse a penas criminales si registran votantes sin haber comprobado correctamente su ciudadanía.
El texto contempla además otra consecuencia más severa: investigar y potencialmente deportar a personas ilegales registradas para votar.
Fraude escaso, debate eterno
La reforma se presenta como una respuesta a un problema concreto: el fraude electoral. Pero los datos muestran una realidad muy distinta.
Un análisis del Departamento de Seguridad Nacional revisó 49,5 millones de registros electorales antes de las elecciones de 2024. Solo 10.000 casos fueron enviados a segunda verificación por dudas sobre la ciudadanía. Aproximadamente 0,02 % del total.
Incluso la base de datos de fraude electoral de la conservadora Heritage Foundation ha documentado menos de cien casos de votantes sin ciudadanía en todo el país entre 2000 y 2025.
Para muchos expertos, el motivo es sencillo. El fraude electoral a nivel individual carece de lógica.
El jurista Rick Hasen, especialista en derecho electoral en la Universidad de California, resume el problema. El fraude electoral individual exige firmar documentos bajo pena de perjurio y arriesgarse a sanciones penales o a la deportación.
Todo para emitir un voto que difícilmente cambiará el resultado de unas elecciones. Ese cálculo —riesgo alto, beneficio prácticamente nulo— ayuda a explicar por qué los casos documentados son tan escasos.
Pero los defensores de la SAVE Act ven el problema desde otro ángulo. Argumentan que incluso un número pequeño de votos ilegales puede erosionar la confianza en el sistema y que exigir pruebas documentales de ciudadanía refuerza la integridad electoral.
Los críticos responden que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Alrededor de la mitad de los estadounidenses no tiene pasaporte. Y más de 21 millones de ciudadanos no tienen documentos que prueben su ciudadanía, según el Brennan Center.
Para muchas personas, obtenerlos no es tan sencillo. Un pasaporte cuesta más de 130 dólares y conseguir un certificado de nacimiento puede requerir trámites adicionales, por no hablar de que ni siquiera es válido para mujeres casadas que cambiaron su apellido por el de su marido al casarse.
Quienes defienden el acceso al voto señalan que muchas personas —por ejemplo, personas mayores que ya no conducen o ciudadanos con bajos ingresos— no tienen incentivos para gastar dinero y tiempo en conseguir un documento que solo usarían para votar.
En ese escenario, argumentan, muchos ciudadanos acabarían haciendo algo más sencillo: no votar. Y ahí está el núcleo del debate.
Las televisiones corrigen a Trump tras su rueda de prensa, incluida Fox News: "No hay pruebas"Para muchos europeos la solución parece evidente: identificación nacional, reglas uniformes y un sistema centralizado. En Estados Unidos la lógica es distinta.
El país se fundó sobre la desconfianza hacia el poder central y eso sigue marcando su sistema electoral. Algo tan común en Europa como presentar un documento nacional para votar puede convertirse aquí en una batalla política.
No es solo una discusión sobre documentos o procedimientos. Es sobre dónde debe situarse el equilibrio entre seguridad electoral y acceso al voto. Y sobre quién sale beneficiado de todo esto.