El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Kevin Lamarque Reuters
EEUU EEUU escala su ofensiva contra la Corte Penal Internacional y sanciona a la presidenta del tribunal y a su fiscal principalLa japonesa Tomoko Akane y el senegalés Abdoulaye Seye se suman a los once funcionarios de la corte represaliados por la Administración Trump.
Más información:Los miembros de la Corte Penal Internacional expulsan al fiscal jefe Karim Khan, acusado de abuso sexual
Álvaro Escalonilla Publicada 18 agosto 2026 21:39h Actualizada 18 agosto 2026 22:21h Las clavesLas claves Generado con IA
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes a través de un comunicado que la Administración Trump había sancionado a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y a su fiscal principal, el senegalés Abdoulaye Seye, implicados en los esfuerzos del tribunal "para investigar, detener, arrestar o procesar" a funcionarios cuyos respectivos gobiernos no han aceptado su jurisdicción.
La medida alude sin mencionar a las órdenes de arresto que emitió el tribunal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra en Gaza. En Washington también incomoda una investigación previa sobre la actuación de las tropas estadounidenses en Afganistán y preocupa su actividad en lo relacionado con sus políticas antimigratorias y los ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe.
El Departamento de Estado se apoya en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el año pasado y que autoriza a las autoridades estadounidenses a tomar represalias contra el tribunal. Las sanciones contra Akane y Seye congelan cualquier activo que ambos puedan tener en Estados Unidos y, en la práctica, les excluyen del sistema financiero estadounidense, al que están estrechamente vinculadas la mayoría de las entidades bancarias que operan a escala internacional.
Akane y Seye no son los únicos miembros de la CPI que sufren las represalias de Washington, que comprenden prohibiciones de viaje y restricciones a la prestación de servicios por parte de empresas estadounidenses. La Administración Trump ya anunció una batería de sanciones contra al menos once funcionarios del tribunal, entre los que figuran nueve jueces y el fiscal jefe, el británico Karim Khan, expulsado a finales de julio entre acusaciones de abuso sexual.
"El mes pasado, lancé una campaña diplomática para desmantelar la amenaza que supone la CPI para nuestra soberanía nacional", recordó el propio Rubio este martes a través de un mensaje en la red social X. "La Administración Trump está sancionando a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al fiscal principal Abdoulaye Seye como parte de nuestra firme misión de proteger a los estadounidenses de esta farsa de tribunal", explicó.
"En honor a nuestra Declaración de Independencia, los estadounidenses nunca serán trasladados al extranjero para ser juzgados por delitos ficticios", remató el también asesor de Seguridad Nacional, que evitó aclarar que, en este momento, no hay ningún ciudadano estadounidense acusado formalmente, investigado o sobre el que pese una orden de detención por parte del tribunal con sede en La Haya.
Rubio tampoco mencionó que Akane, que a principios de los noventa obtuvo un máster en Justicia Criminal en la Jacksonville State University de Alabama, figura en la lista de personas en búsqueda y captura en Rusia por emitir una orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin, acusado de ordenar la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos a su país en el marco de la denominada "operación militar especial" de febrero de 2022.
"Vivimos tiempos surrealistas en los que la Corte Penal Internacional, con 125 Estados parte, constituye una 'amenaza' y sus jueces son 'sancionados' por exigir responsabilidades a criminales de guerra. ¡Un mundo orwelliano!", lamentó el diplomático egipcio y Premio Nobel de la Paz Mohamed el-Baradei en X.
Señalado por socavar el derecho internacional, Trump ha dejado claro que la campaña para desmantelar "ladrillo a ladrillo" la Corte Penal Internacional, en palabras de Rubio, tiene como objetivo blindar a Netanyahu y a otros miembros del Gobierno israelí acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad, y no protegerse a sí mismo de las acusaciones a las que pueda hacer frente en el futuro.
Ni Israel ni Estados Unidos figuran entre los 125 países signatarios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del Tribunal de La Haya. La corte sólo ejerce jurisdicción cuando un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas, aunque sí puede juzgar crímenes atroces cometidos en el territorio de Estados miembros por ciudadanos de países que no forman parte del tribunal.