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El Gobierno impulsa una nueva normativa que abogará también por la soberanía del dato.
El Gobierno busca anticiparse a la eclosión del sector de los centros de datos en España y trabaja ya en una normativa para regular su actividad. El Ministerio para la Transición Ecológica, junto a los ministerios de Economía y Transformación Digital, iniciarán próximamente el trámite de audiencia pública sobre un proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos en España, según indicaron ayer fuentes del Ejecutivo.
El apartado más destacado en materia energética es la exigencia del Gobierno de que el 80% del consumo de los centros de datos provenga de fuentes renovables. Además, la propuesta incluye que ese consumo deberá ser adicional, es decir, que por cada megavatio que consuma un centro de datos se deberá haber instalado un megavatio nuevo de energía renovable en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación, ya sea mediante autoconsumo o a través de un contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
Otra exigencia, para evitar que los centros de datos se conviertan en un agujero negro que acapare la capacidad renovable actual, es que esos requisitos de abastecimiento se acrediten hora a hora. Según explican las fuentes gubernamentales, esto significa que en cada hora de funcionamiento del centro de datos, el 80% de su consumo eléctrico deberá proceder de fuentes que estén generando esa energía en ese mismo momento. Es decir, deberá existir una correlación entre consumo y producción renovable.
El principal objetivo de esta medida es evitar que el incremento de la demanda eléctrica impulse el uso del gas natural para generación eléctrica si las energías renovables no crecen de forma proporcional. De producirse ese escenario, el Gobierno prevé un aumento de los costes eléctricos para los consumidores, tal y como, según las fuentes gubernamentales, está ocurriendo en países como Estados Unidos o Irlanda.
Los factores de sostenibilidad que se exigirán a los centros de datos incluirán también requisitos de etiquetado A en eficiencia energética e hídrica.
Soberanía digital
Más allá de los requisitos ambientales, la propuesta que el Gobierno someterá a audiencia pública incorpora elementos vinculados a la resiliencia y la soberanía digital.
El proyecto de real decreto exigirá que los operadores de centros de datos en España estén establecidos en la Unión Europea.
Además, los datos, metadatos y registros gestionados por cada centro deberán mantenerse en territorio comunitario, y se reforzará el control sobre los accesos desde terceros países.
Asimismo, aquellos centros de datos que alojen información de las administraciones públicas o que puedan afectar a la seguridad nacional no podrán suministrar dichos datos a terceros países.
En relación con los equipamientos de estas instalaciones y las posibles restricciones a proveedores tecnológicos como Huawei, fuentes del Ejecutivo explican que el proyecto de real decreto aplicará en esta materia lo que establezca el Reglamento de Ciberseguridad de la Unión Europea (Cybersecurity Act o CSA).
Penalizaciones por incumplimiento
En caso de incumplir los requisitos exigidos, los centros de datos se enfrentarán a penalizaciones económicas crecientes e, incluso, podrían llegar a perder el derecho de acceso a la red eléctrica.
En cuanto a los proyectos que ya se encuentran en tramitación, dispondrán de un plazo de entre tres y seis meses para adaptarse a la nueva regulación. Si las exigencias hacen inviables algunos desarrollos, también se contemplan cláusulas de salida que permitirían renunciar a los derechos de acceso y conexión.
Desde el Gobierno insisten en que España sigue siendo un destino atractivo para la inversión en centros de datos y subrayan que llevan meses trabajando junto a empresas y asociaciones del sector para perfilar la propuesta de ordenación de esta industria.
De hecho, este mismo miércoles el Ejecutivo español mantendrá reuniones con la Asociación Española de Data Centers (SpainDC) y con Ametic para abordar los detalles de la propuesta regulatoria.
Inversiones de casi 67.000 millones
Según las previsiones de la Asociación Española de Data Centers (SpainDC) recogidas en el 'Informe anual 2025 del sector de Centros de Datos en España. Situación actual y perspectivas para 2030' -presentado el pasado marzo- el sector podría captar 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta finales de la década actual.
Asimismo, apunta que el impacto anual en el PIB podría alcanzar los 7.300 millones de euros en 2030 Y que el empleo total asociado al sector se espera que supere los 16.000 puestos de trabajo. El informe también subraya que la expansión del 'cloud', la aceleración de la digitalización y, en especial, el auge de la inteligencia artificial (IA), están impulsando una nueva generación de infraestructuras digitales en España.
En este contexto, cabe señalar que España ha sido protagonista en los últimos años de varios anuncios de grandes inversiones por parte de gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Microsoft. Amazon prevé invertir 33.700 millones en una región 'cloud' hasta 2035. Por su parte, Microsoft ha apostado por Aragón, donde ha desplegado tres grandes campus, y por Madrid. A ello se suman varios proyectos de Google en Madrid o Málaga.
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