Un miembro de Avite, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Efe
España El abogado de los afectados por la talidomida demanda a 15 víctimas para cobrar 1,5 millones de su indemnizaciónEsta cuestión fractura a AVITE y aboca, salvo sorpresa, a varios pleitos por un montante millonario.
Más información: La Justicia rechaza la reclamación de 400 millones de euros de las víctimas de la talidomida
Javier Corbacho Publicada 2 febrero 2026 02:50hLas claves nuevo Generado con IA
El abogado de AVITE, Ignacio Martínez, ha demandado a 15 víctimas de la talidomida para reclamarles el 10% de la indemnización pública que recibieron en 2023.
Mientras unos 150 socios de la asociación han pagado ese porcentaje, una quincena se niega, argumentando que la compensación no fue resultado del trabajo del abogado.
El enfrentamiento ha generado una crisis interna en AVITE, principal asociación de afectados, con acusaciones cruzadas sobre los servicios y pagos al letrado.
Las ayudas públicas a las víctimas rondan los 750.000 euros por persona, y en total Martínez reclama cerca de 1,5 millones de euros a los socios que no han pagado.
Cisma en AVITE, la principal asociación de afectados por la talidomida. Ignacio Martínez García, el abogado de la misma, ha demandado a unos 15 miembros de la organización, víctimas de este medicamento, para reclamarles un porcentaje de la ayuda pública que les concedió el Gobierno en el año 2023.
La situación es la siguiente: en torno a 150 socios de AVITE sí han pagado el 10% (más IVA) de estas subvenciones, de las que, además, Hacienda se queda el 47%. Una quincena se niega a ello.
Tal y como constatan los diversos testimonios recabados por EL ESPAÑOL, existe un enfrentamiento interno en el seno de la organización por esta cuestión.
Las fuentes consultadas por este diario indican que, de media, las ayudas públicas gubernamentales que ha recibido cada una de las víctimas de la talidomida alcanzan los 750.000 euros. Por tanto, Martínez reclama, en total, un millón y medio de euros a los 15 miembros de AVITE que no pretenden pagarle un porcentaje.
La talidomida fue diseñada para combatir las náuseas de las embarazadas y acabó causando malformaciones en los fetos. El medicamento no fue retirado del mercado en España hasta 1985, cuando el resto de países lo habían vetado en noviembre de 1961.
La Justicia rechaza la reclamación de 400 millones de euros de las víctimas de la talidomidaGran parte de las víctimas del fármaco nacieron sin algún brazo o pierna y sufren envejecimiento prematuro y una situación de relativa dependencia. Por ello, han recibido las mencionadas ayudas.
Este diario ha tenido acceso a una de estas demandas —una demanda de proceso monitorio—, presentada ante un Juzgado de Madrid por Ignacio Martínez contra una socia de la asociación, a la que reclama, en su caso, casi 110.000 euros.
Por contra, el letrado particular de esta mujer se opone a dicha reclamación. Aunque admite que su clienta aceptó abonar a Martínez un 10% de la futura compensación estatal que recibiese, considera que la misma no ha sido fruto del trabajo del abogado de la asociación.
Subraya, en contestación a la demanda, que fue una enmienda de Ciudadanos, aprobada en 2016, la que otorgó, inicialmente, cierta protección a los afectados por la talidomida, sin que "el letrado demandante haya tenido intervención alguna".
A renglón seguido, el letrado de esta asociada recuerda que un real decreto, fechado en 2023, reguló la concesión de dichas ayudas. Y recalca que, el año anterior, en 2022, la Audiencia Nacional rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por AVITE, que exigía 400 millones de euros al Estado.
"Por lo tanto, [Martínez] no tiene derecho al cobro de cantidad alguna", expresa el letrado de la asociada.
Como informó EL ESPAÑOL, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó la reclamación millonaria presentada por AVITE.
La asociación se quejó de la parálisis en la concesión de las ayudas —en 2022, aún no había sido publicado el real decreto que las otorgaba—, agudizada por la pandemia de la Covid-19.
No obstante, la Audiencia Nacional descartó que la Administración cometiera ninguna "conducta que haya entorpecido de una manera arbitraria la voluntad del legislador" de conceder estas subvenciones. Por ello, tras rechazar todas sus pretensiones, la Sala de lo Contencioso condenó a AVITE a pagar las costas de dicha reclamación, hasta un máximo de 3.000 euros.
Un 10% de la ayuda
Por otro lado, en la contestación a la demanda de Martínez, el abogado de la socia demandada indica que "en todo caso, la legitimación activa" para pedirle un porcentaje de su ayuda correspondería a AVITE.
"Esta parte no niega que el abogado demandante haya prestado servicios profesionales como abogado a la demandada, pero en ningún caso le han proporcionado beneficio alguno", relata la contestación a la demanda.
Además, sostiene que tales servicios legales ya le han sido remunerados a Martínez mediante los fondos de la asociación. "Pero amenaza y coacciona con que, si no se le paga el 10% más IVA, lo va a exigir por vía judicial", se queja el letrado de la asociada.
Las vidas rotas de las madres del Depakine: hijos con malformaciones tras tomarlo embarazadasEn conversación con este periódico, el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, lo niega. "Martínez ha estado 15 años trabajando para nosotros sin cobrar un céntimo", asegura por teléfono.
"Creo, sin ofender a nadie, que son excusas de mal pagador", indica, en alusión a los 15 socios que se niegan a pagar.
Basterrechea, además, valora positivamente la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó ciertos requisitos que imponía el real decreto de 2023, ampliando así el número de beneficiarios.
"Al iniciar nuestra batalla legal, hace más de 15 años, contratamos un abogado a éxito y firmamos un contrato con él: sólo cobraba si ganaba los pleitos", indica, por su parte, el vicepresidente de AVITE. "De ahí que yo esté de acuerdo con pagarle", concluye.
Por otro lado, el Supremo ya estableció que la farmacéutica alemana Grünenthal, comercializadora de la talidomida, fue la responsable de las malformaciones. No obstante, la posibilidad de reclamar por la vía penal contra esta compañía ya ha prescrito.