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El acta de una reunión de 2021 de la 'trama Leire' cita la "promesa" de Belén Gualda para aprobar el rescate de Tubos

El acta de una reunión de 2021 de la 'trama Leire' cita la "promesa" de Belén Gualda para aprobar el rescate de Tubos
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El juez investiga a la presidenta de la SEPI por la sospechosa concesión de esta ayuda y otras gestiones que beneficiaron a la siderúrgica vasca. Más información: El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

El acta de la reunión de la 'trama Leire' 14 días antes del rescate de Tubos Reunidos. EE

Tribunales CASO LEIRE El acta de una reunión de 2021 de la 'trama Leire' cita la "promesa" de Belén Gualda para aprobar el rescate de Tubos

El juez investiga a la presidenta de la SEPI por la sospechosa concesión de esta ayuda y otras gestiones que beneficiaron a la siderúrgica vasca.

Más información: El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

Publicada 1 julio 2026 02:50h Las claves

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El acta de una reunión de la trama Leire, celebrada el 6 de julio de 2021, alude a la "promesa" de Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de aprobar el rescate para Tubos Reunidos.

Meses antes, esta compañía vasca había solicitado a la SEPI que le inyectase 112,8 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas de la Covid-19.

La trama Leire —de la que formó parte Leire Díez, la fontanera del PSOE— hizo gestiones con la Administración pública en favor de esta sociedad, que acabó recibiendo el rescate solicitado poco después de la fecha del acta, el 20 de julio de 2021.

Actualmente, la empresa, dedicada al ámbito siderúrgico, está en concurso de acreedores y la devolución de esos 112,8 millones está en el aire.

Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las maniobras de la trama y posibles amaños, sumó a Gualda a la lista de implicados. El magistrado la citará a declarar próximamente.

El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

Pedraz considera que existen "indicios de criminalidad" en su contra, al igual que sucede con otros miembros de la cúpula de la SEPI que participaron en el expediente sobre Tubos Reunidos, que también engrosan la lista de investigados desde hace sólo unas horas.

Lo que la mencionada acta demuestra es que, dos semanas antes de la aprobación del rescate, la trama Leire tenía constancia del compromiso de Gualda de que esta decisión tendría luz verde.

La Fiscalía Anticorrupción, que instó a Pedraz a sumar como investigada a Gualda, relató en un informe que un directivo de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa, informó a la trama de que "BG", la presidenta, tenía la firme intención de agilizar varias operaciones. Entre ellas, la solicitud de Tubos Reunidos.

El receptor de los mensajes de Figueroa era Vicente Fernández, presidente de la SEPI hasta el año 2021 y también miembro de la supuesta trama corrupta.

Ambos se conocían de la época en la que Fernández encabezaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al frente de la que dimitió al ser investigado en el caso Aznalcóllar.

Más gestiones en 2025

Años más tarde, la trama hizo más gestiones en favor de Tubos Reunidos.

Casi un lustro después del rescate, ya en 2025, la dirección de la SEPI también autorizó a la empresa siderúrgica a utilizar los casi 10 millones de euros que había obtenido con la venta de un edificio en Sestao (Bilbao), en lugar de consignarlos.

"Por estas actuaciones, Tubos Reunidos acordó el abono a Vicente Fernández de 40.000 euros (IVA no incluido)", subrayó Anticorrupción en su informe.

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Como publicó EL ESPAÑOL, Leire Díez, la fontanera del PSOE, realizó gestiones —en su caso, en el terreno político— en favor de esto mismo, de la propuesta de Tubos de poder utilizar ese dinero a su antojo en lugar de consignarlo.

La llamada trama Leire concertó una reunión entre el CEO de la empresa vasca y Andoni Ortuzar, celebrada en enero de 2025. Es decir, cuando este último aún presidía el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

De hecho, el mencionado acta, aunque está fechado en julio de 2021, ya menciona la posibilidad de tantear al PNV para tratar de que presionase al Gobierno central en favor del rescate a Tubos Reunidos.

"Los 112,8 millones de euros comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy, 6 de julio, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI, no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Antxon lo confirme ante el PNV", reza el acta.

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¿Quién es Antxon? Antxon Alonso, dueño de la constructora Servinabar 2000 SL, también está siendo investigado por Pedraz como tercer miembro del núcleo de esta trama.

Este empresario tenía contactos en las altas esferas del nacionalismo vasco. De hecho, el acta plantea que hable con representantes del PNV para "demostrarles que tiene información fidedigna" e interna de la SEPI.

De hecho, a renglón seguido, el acta de la reunión también plantea una "presión" del Partido Nacionalista Vasco al Gobierno central para que se aprobase el rescate cuanto antes.

Santos Cerdán

En su informe enviado a Pedraz, la Fiscalía señalaba que, poco antes de la concesión de la ayuda, se habrían producido "una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda, con el fin de agilizar la tramitación de la concesión" de la misma.

Por otro lado, ya en 2024, Díez convocó una reunión entre la cúpula de Tubos Reunidos y Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, para abordar la Operación Sestao.

Ese encuentro, fechado el 13 de noviembre de ese año, se produjo en el despacho que este último ocupaba en la sede central del partido, en la madrileña calle de Ferraz.

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Además de sumar a Gualda como investigada, Pedraz también tomó este lunes esta misma decisión respecto de Miguel Ángel Figueroa por, supuestamente, filtrar información interna de la SEPI a Vicente Fernández.

El juez también citará como investigado a Julián Mateos-Aparicio. Se trata del miembro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que firmó, por delegación de Belén Gualda, la autorización para que Tubos Reunidos no tuviese que consignar los fondos derivados de la venta de Sestao.

De forma genérica, sin individualizar, Anticorrupción aprecia en las actuaciones relatadas indicios de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y pertenencia a organización o grupo criminal.

El juez también incluyó este lunes en la lista de investigados del caso Leire a Francisco Irazusta, expresidente de Tubos Reunidos, y el consejero de la compañía Jesús Pérez Rodríguez Urrutia.

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