Política andaluza
El acuerdo de gobierno sitúa la política migratoria en el centro de la legislaturaVox introduce sus tesis sobre el control de extranjeros en cuatro grandes bloques estratégicos del documento firmado con el PP
Regala esta noticia Añádenos en Google Juanma Moreno y Manuel Gavira, tras la firma del acuerdo. (María José López / Europa Press)Sevilla
03/07/2026 a las 17:34h.El acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox para la investidura de Juanma Moreno y su posterior acción de gobierno para los ... próximo cuatro años sitúa la gestión de los flujos migratorios como un eje vertebrador de la próxima acción ejecutiva. El documento consta de 15 puntos programáticos y, aunque dedica un apartado exclusivo a regular esta materia, la condición de la población extranjera se introduce de manera transversal en áreas estructurales de la administración pública como la vivienda, la educación y la sanidad. A lo largo del texto consensuado, Vox ha logrado incorporar la totalidad de sus tesis programáticas, consolidando el mensaje formal de que el fenómeno migratorio constituye un problema central para la comunidad autónoma. Asimismo, el texto articulado omite cualquier mención expresa a los derechos de las personas migrantes.
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, el pacto estipula la ejecución de un plan de retorno coordinado con los países de origen y prevé partidas presupuestarias específicas para potenciar las pruebas de determinación de edad con el fin de evitar supuestos fraudes en los servicios.
El pacto estipula la ejecución de un plan de retorno coordinado de los menores no acompañados con los países de origen
En el plano de la fiscalización, se introduce una auditoría anual obligatoria a cargo de la Cámara de Cuentas para supervisar los costes directos e indirectos derivados de la inmigración masiva, al tiempo que se anulan todas las subvenciones y conciertos económicos dirigidos a organizaciones no gubernamentales que colaboren en el sostenimiento de personas en situación irregular. Este capítulo propio se completa con medidas de control interno en centros de menores, la prohibición del uso del burka y el nicab en dependencias de la Junta de Andalucía para antes de que concluya 2026, y la solicitud al Gobierno central para que difunda trimestralmente estadísticas de expulsión por motivos delictivos.
Vivienda
Más allá del apartado sectorial, los condicionantes sobre la población extranjera se extienden a la regulación del parque público de vivienda y los alquileres sociales. En esta área, el documento implanta el principio de prioridad nacional. Las cláusulas fijan un requisito de arraigo real y prolongado mediante el empadronamiento histórico en Andalucía y España, estipulando un umbral mínimo de diez años de residencia efectiva para la adquisición de inmuebles protegidos y de cinco años para el acceso a arrendamientos de carácter social.
La transversalidad del pacto alcanza de igual manera al sistema educativo no universitario. El acuerdo determina que la Junta de Andalucía no procederá a renovar el convenio nacional relativo al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en las aulas de la comunidad autónoma. La vigencia de esta resolución comenzará a aplicarse de cara al curso escolar 2027/2028, justificando la medida en la necesidad de preservar la convivencia en las instalaciones educativas y de evitar injerencias externas que diluyan la identidad.
Auditoría en la sanidad
Finalmente, el ámbito de la sanidad pública también queda supeditado a mecanismos de control sobre los extranjeros. El documento acuerda la confección de una auditoría anual de carácter público y desglosado para cuantificar el impacto económico de la atención médica a personas extranjeras. El informe separará los costes facturados entre residentes legales, desplazados temporales y ciudadanos sin residencia legal acreditada, especificando los desembolsos en áreas como urgencias, partos, hospitalización y atención primaria. A esta medida se suma, dentro del bloque general de inmigración, la limitación de los servicios sociales estructurales para personas en situación irregular, cuyo acceso quedará restringido a los supuestos tipificados como de urgencia vital.
Para coordinar la vigilancia de estas medidas, el pacto prevé la creación de un Servicio de Verificación del Fraude Prestacional, del Padrón y de la Residencia Efectiva. Este órgano inspector actuará junto a las corporaciones locales para identificar empadronamientos ficticios y desmantelar el uso irregular de las viviendas multifamiliares, complementando la exigencia formal de modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local a fin de declarar nulas las inscripciones padronales de quienes carezcan de un título de propiedad o contrato de alquiler habilitante.
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