«Yo simplemente hice lo posible para que todos esos proyectos salieran adelante, hice lo necesario. Yo sólo facilitaba las cosas. España había hecho una apuesta muy fuerte por las energías renovables, una apuesta de país, y no podía ser que las cosas no salieran adelante simplemente porque no había capacidad suficiente en el departamento para que se tramitaran los expedientes. Lo único que hice fue agilizarlo todo».
Así se defendió Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, a preguntas de EL MUNDO en diciembre pasado, frente a las críticas a su «extraña» ejecutoria durante sus años en el Ministerio, que eran vox populi en la institución desde 2024, y que este diario publicó hace dos meses.
A finales de 2022 y principios de 2023, Domínguez había hecho «cosas inexplicables», contaron a este diario varios subordinados suyos de Evaluación Ambiental. «Llegó a acumular él solo, en su ordenador, los expedentes de dos centenares de solicitudes de DIA [Declaraciones de Impacto Ambiental], más que los 50 empleados de su departamento, y todas salieron positivas», contaban fuentes del área a EL MUNDO.
Domínguez tenía la llave ministerial para que salieran adelante inversiones millonarias en energías renovables, por ejemplo las de la empresa aragonesa Forestalia: si él levantaba el pulgar, y la DIA era positiva, significaba que el parque eólico o solar en cuestión se podía instalar -y se conseguían también millones públicos en subvenciones-. «Y si a él no le daba tiempo a tramitar, contrataba a Tragsa, que también daba barra libre», explicaban estas fuentes. Las renovables se habían convertido en el gran pelotazo en la España post burbuja del ladrillo, y el escollo para los parques solares y eólicos era, regularmente, el medio ambiente.
Eugenio Domínguez.E. M.Ayer, apenas dos meses después de hablar con EL MUNDO, Domínguez era detenido por la división de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCOMA). Los agentes habían conseguido, según fuentes jurídicas, cuadrar el círculo. Tras su «extraño» acopio de expedientes, y esa «barra libre» denunciada a voces por ex subordinados suyos, los guardias civiles siguieron el rastro del dinero. Y bingo: según ha podido saber este diario, la prueba de cargo contra el ex alto funcionario son varios pagos recibidos por la compra de mercantiles que estaban a su nombre y al de su mujer -también detenida ayer- por parte de otras empresas del entramado de Forestalia. Por ahí habrían llegado las mordidas.
También fue detenido ayer el presunto corruptor: el dueño de Forestalia, Fernando Samper, que lleva años en la diana de investigaciones policiales, y quien habría pagado a Domínguez a través de alguna de sus mercantiles -Forestalia es un árbol societario inmenso: casi hay una sociedad por cada molino de viento-.
El domicilio de Samper fue ayer igualmente registrado, y no es el único de sus problemas: el empresario llegó hace años a Navarra del brazo de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, y también le investiga la UCO en el curso del Caso Leire. Otro punto en común entre Domínguez y el Caso Cerdán: al igual que la participación del ex número 2 del PSOE en Servinabar nunca se elevó a pública, los pagos al ex alto cargo de Ribera a través de la compra de mercantiles tampoco se registró jamás... Pero el dinero sí llegó, según fuentes jurídicas. Por esa ocultación está investigado en la causa también, según ha sabido este diario, el notario que lo legalizó todo.
La detención de Domínguez, por orden del juzgado de Instrucción 1 de Teruel, se produjo ayer por presunto cohecho al dar luz verde al Clúster del Maestrazgo, un gigantesco parque eólico de casi 200 molinos de más de 150 metros de altura en pleno espacio de la Red Natura 2000 y denunciado por Teruel Existe, pero los guardias civiles trabajan con la hipótesis de que muchos de los expedientes por él aprobados pudieron serlo en prevaricación.
A su jubilación a mediados de 2023 Domínguez fue incluso contratado a dedo por la Secretaría de Estado. ¿Para qué?, le planteó este diario en diciembre pasado. «Simplemente porque hacía falta que diera salida a más Declaraciones de Impacto Ambiental», contestó a EL MUNDO.
Esa llamativa contratación a dedo, como asesor con nivel 30 de la Administración, es del todo inusual y llama poderosamente la atención a fuentes judiciales. La superior de Domínguez en Evaluación Ambiental en esa época, no obstante, no está por el momento en el objetivo de los investigadores, pero sí llama la atención el volumen de permisos medioambientales concedidos: hasta 52 expedientes están siendo observados con lupa. En el caso del llamado Clúster del Maestrazgo, la Justicia habría llegado a tiempo. Otros parques que podrían ser ahora declarados ilegales están ya construidos. Si hubiera que tirarlos abajo, galimatías jurídico.
«Era muy cantoso, hasta iba a actos públicos de Forestalia», aseguraron funcionarios a este diario. «Es falso», contestó Domínguez. Ayer, tanto él como el dueño de la empresa, Fernando Samper, eran detenidos.