Un "auténtico campo de minas" alrededor de los suyos para saber, en tiempo real, si existía cualquier viso de posible investigación sobre él o su entorno.
Eso llegó a construir, según el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, Óscar Sánchez Gil, alias El Anodino, desde su responsabilidad en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), para ocultar su protección y liderazgo del clan del narcotráfico que le llegó a rendir los 20 millones de euros que sus propios compañeros de Asuntos Internos le encontraron emparedados en las paredes de su casa en Alcalá de Henares (Madrid) -más otro milloncejo en su propio despacho policial-.
Sánchez Gil operaba con extrema cautela tanto en la gestión de la información -mucha de ella en una nota anónima en uno de sus teléfonos- como en sus comunicaciones, pero un movimiento repetido y recurrente terminó por delatarle: la búsqueda en las bases policiales de los contenedores en que la organización que él mismo lideraba junto a Ignacio Torán importaba la droga a España.
O, como lo manifiesta el juez De Jorge en su último auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO: "Su colaboración [con el clan] se concretaba esencialmente en la realización de consultas en las bases de datos policiales para conocer y descartar la existencia de investigaciones sobre los miembros de la organización, introduciendo en esas bases policiales datos de personas, teléfonos, empresas y sobre todo de contenedores, con el objeto no de investigarlos realmente, sino de asegurarse de que no estaban siendo investigados por otras unidades policiales".
Si por ventura esas investigaciones sí estaban teniendo lugar, Sánchez Gil se dedicaba entonces a "avisar a los implicados y favorecer la actividad de la organización, todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no pudiendo percibirlas de manera directa, tuvo que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos".
Prisión provisional
El auto reconstruye así la caza del jefe policial por parte de sus propios compañeros de Asuntos Internos para responder a una solicitud de sus abogados, que denuncian que la investigación sobre él se manipuló en su presunto "punto de arranque", un cargamento venido de Colombia interceptado en 2021. De Jorge da credibilidad a Asuntos Internos al fundar el inicio en otros extremos, y narra así cómo se abrieron diligencias el 2 de enero de 2024.
Se avisó entonces a Vigilancia Aduanera, y también a varios bancos para que informaran sobre las posiciones y activos de Sánchez Gil y su esposa, también policía e igualmente detenida e imputada por los hechos.
Se daba cuenta poco después, en marzo, del "inusitado número de contenedores que el inspector jefe investigado, por sí mismo o por funcionarios bajo sus órdenes, introdujo en las bases de datos de inteligencia policial, en el fichero GATI [Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información] desde su incorporación a su unidad".
Poco después se llegaba incluso a realizar una investigación profunda de la economía del matrimonio, y también de una cuñada del jefe policial y su patrimonio.
Fue ahí cuando advirtieron los agentes que Sánchez Gil, "aprovechando la apertura de investigaciones reales totalmente ajenas a su entramado", había creado "un auténtico campo de minas alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano recibían fondos, para de esa manera detectar si estaban siendo realmente investigados por otros grupos policiales".
Además, Asuntos Internos consiguió poner el foco en esos meses en "la creación de una sociedad, denominada Pumba, con un capital social superior al medio millón de euros de la que la cuñada de Sánchez Gil es socia mayoritaria, careciendo de capacidad económica para realizar los desembolsos necesarios", e incluso pilló al jefe policial consultando "en los ficheros policiales de acceso restringido los vehículos oficiales que efectuaban seguimientos a uno de los dirigentes de la organización".
Poco después se produjo, a mediados de octubre de ese año, la aprehensión/anzuelo de un contenedor con 13 toneladas de droga procedente de Ecuador. Los agentes ya estaban controlando entonces las comunicaciones de Sánchez Gil, que en efecto volvió a operar para proteger al clan y enterarse de qué había fallado. Pocas semanas después, el 8 de noviembre, El Anodino era detenido en su casa de Alcalá de Henares, y desde entonces permanece en prisión provisional.