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En 2050, España destinará el 17,3% del PIB al pago de cerca de 16 millones de prestaciones públicas, con una brecha creciente entre ingresos y gastos, y el mayor número de pensionistas por trabajador.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha vuelto a hacer sonar las alarmas de los peligros que entraña para España la senda adoptada en materia de pensiones con las recientes reformas aprobadas entre 2021 y 2023. Una oportunidad perdida para llevar a cabo medidas de contención del gasto a ojos de los técnicos de la Organización, que solo dos años después de haberse culminado el grueso de los cambios normativos ya está sugiriendo a España adoptar medidas para embridar el desbordamiento de los desembolsos previstos para las próximas décadas. Dos informes consecutivos del think tank de países desarrollados han puesto negro sobre blanco que hará falta hacer esfuerzos.
Principalmente, porque la ausencia de medidas por el lado del gasto compromete la senda fiscal a medio plazo y de reducción de la deuda pública, y porque centrar toda la carga de la sostenibilidad en el incremento de las contribuciones al sistema, ya sea con impuestos o cotizaciones sociales puede gripar el motor de la creación de empleo, la principal baza de la economía española. Ante esto, dos recomendaciones que aparecen reflejadas en el informe Estudios Económicos de la OCDE. España 2025, establecer ajustes automáticos en función de la esperanza de vida y ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.
Los riesgos, por lo tanto, son latentes y casan entre sí atendiendo a las conclusiones recientes del Ageing Report de la Comisión Europea y del informe sobre la regla de gasto en pensiones elaborado por la Airef -complementado por otro sobre sostenibilidad de las Administraciones Públicas-. Y la expresión de estos riesgos aparecen plasmadas en las proyecciones relacionadas con el sistema que recoge un segundo informe de la OCDE publicado también en los últimos días Pensions at a Glance. Ahí, la Organización proyecta un incremento exponencial del gasto en pensiones para las próximas dos décadas y media, alcanzando el 17,3% del PIB en 2050, lo que supone 7,3 puntos porcentuales más que la media de los países desarrollados.
Esta cifra supone 3,7 puntos porcentuales más que en el momento actual -ahora España es el cuarto país en este ránking por detrás de Italia (15,5% del PIB), Bélgica (14,8%), Portugal (14,6%) y Austria (14%)-. Por lo que se estima que la factura anual crezca en más de 57.000 millones de euros anuales en los próximos 25 años, sobre un desembolso anual que ya ronda los 220.000 millones anuales. Para ese año, según la Airef, se deberán de abonar cerca de 16 millones de pensiones.
Tasa de dependencia
Esta circunstancia cohabitará con una transformación de la pirámide demográfica que dejará poco margen de maniobra si lo que se plantea es mantener el ritmo de gasto a base de incremento de los ingresos de la población trabajadora. La caída de la natalidad y la imposibilidad de que los flujos migratorios cubran este déficit de relevo generacional hará que la población en edad de trabajar, entre los 20 y 64 años caiga un 30% en las próximas cuatro décadas. Unido al incremento de la esperanza de vida esto provocará que España se sitúe como el país con un mayor número de pensionistas por cada trabajador, lo que se conoce como la tasa de dependencia. Pasará de haber 34,9 personas mayores de 65 años por cada 100 de entre 20 y 64 años a 76,2 en 2054. Para entonces, solo Corea (84,5) y Japón (80) contarán con tasa de dependencia más elevadas.
Un problema añadido para la sostenibilidad del sistema es cuando la tasa de empleo de las personas que se acercan a la edad de jubilación es particularmente baja, algo que ocurre en España y en los cuatro países latinoamericanos de la OCDE. Mientras de media en la OCDE están trabajando un 65,5 % de las personas de 55 a 64 años, el porcentaje es de únicamente el 61,2 % en Chile, del 59,5 % en España, del 57,5 % en Colombia, del 56,9 % en México y del 50,3 % en Costa Rica.
Del mismo modo, otro de los puntos que revelan los riesgos asociados al incremento del gasto es la elevada generosidad del sistema público. Con un 80,6% de tasa de reemplazo de la pensión sobre el último salario -frente al 52% de media de la OCDE-, España es uno de los países que mayor volumen de prestación provee, además por el lado de la pensión pública. Un aspecto determinante sobre esta variable es que España es uno de los pocos países que no utiliza toda la carrera laboral para calcular la pensión, sino los últimos años (aumentando a los mejores 27 de los últimos 29 años desde 2044).
Presión financiera
En este sentido, los técnicos concluyen que siendo el español un sistema altamente garantista se encuentra financieramente muy presionado, y la sostenibilidad dependerá críticamente de que se consiga alargar la vida laboral real de los ciudadanos ante el drástico cambio demográfico que se avecina.
Por esto, cabe cuestionarse, teniendo en cuenta que la OCDE ya señala que España cuenta con un elevado nivel de cotizaciones sociales aplicadas sobre los salarios, hasta qué punto es posible mantener la senda de desembolsos y que sean los impuestos generales los que cubran el déficit contributivo.
En este momento ya se añaden cada año más de 50.000 millones de euros además de las cotizaciones sociales para cubrir los compromisos de gasto de la Seguridad Social, lo que supone que una cuarta parte de la financiación ya es ajena a las cuotas ordinarias abonadas por las empresas y trabajadores. La Airef espera que este montante se acerque a mitad de siglo a los 90.000 millones de euros, lo que será prácticamente una tercera parte de los recursos que serán necesarios para pagar las pensiones.
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