Los profesionales estiman que casi 30.000 recintos de la comunidad tendrán que adaptarse a la nueva normativa en los próximos meses
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27/05/2026 a las 12:40h.Son el punto de encuentro de los vecinos durante la temporada estival. Un refugio frente a las altas temperaturas junto a casa. Pero ¡ojo! Porque ... un nuevo reglamento técnico-sanitario obliga a muchas de estas piscinas comunitarias a adaptarse con una fecha ya en el horizonte: el 2 de enero de 2027. La cuenta atrás ya ha comenzado y el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas (Cafincas) ha lanzado una campaña para recordar la necesidad de cumplimiento de nuevas medidas de seguridad y mantenimiento. Si no lo hacen -recuerdan- se exponen al cierre y a sanciones de hasta 600.000 euros. Según los cálculos de estos profesionales, en Andalucía hay entre 10.000 y 30.000 recintos -especialmente en Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla y la costa de Granada- que se encuentran en dicha situación.
«Esta exigencia afecta directamente a conserjes, operarios y empresas externas encargadas del tratamiento del agua en comunidades, que serán las responsables últimas del cumplimiento legal», recoge el Consejo en una nota. El régimen sancionador aplicable contempla sanciones que pueden superar los 3.000 euros en el caso de infracciones leves y alcanzar los 600.000 euros en los supuestos más graves o de especial riesgo para la salud pública.
Las estimaciones del sector apuntan a que en Andalucía podrían existir entre 120.000 y 180.000 piscinas residenciales en total, de las cuales entre 40.000 y 70.000 pertenecerían a comunidades de propietarios. De ellas, se calcula que entre el 60% y el 75% podrían encuadrarse dentro de la categoría 3A regulada plenamente por el decreto andaluz, lo que situaría el volumen aproximado de instalaciones afectadas entre 35.000 y 45.000.
No obstante, desde el Consejo Andaluz aclaran que no todas las comunidades tendrán que regularizar personal o afrontar nuevas contrataciones, ya que muchas de ellas externalizan actualmente el mantenimiento de sus piscinas a empresas especializadas y acreditadas conforme a la normativa sanitaria.
Decreto 485/2019
La obligación deriva del Decreto 485/2019, por el que la Junta de Andalucía aprobó el reglamento técnico-sanitario de las piscinas, normativa que afecta principalmente a las denominadas piscinas tipo 3A, es decir, aquellas pertenecientes a comunidades de propietarios de 20 viviendas o más.
En el caso de las de menos de 20 inmuebles, la aplicación de determinadas obligaciones contempladas en el reglamento es parcial. Según los administradores, la medida supone «un cambio de gran alcance» para la gestión ordinaria de las comunidades, ya que la normativa de salud pública traslada la responsabilidad de verificación a los propietarios como titular de la instalación.
«En este sentido, el incumplimiento de los requisitos de cualificación puede derivar en consecuencias que van desde un requerimiento de subsanación hasta multas económicas importantes, la suspensión temporal del servicio o incluso el cierre de la instalación en caso de inspección desfavorable», explican.
El Consejo recuerda que la «complejidad» del marco normativo que regula las piscinas comunitarias no solo afecta a la formación del personal, sino también al conjunto de obligaciones técnicas y sanitarias que deben cumplirse. «El control de la calidad del agua, la correcta manipulación de productos químicos, el seguimiento de los registros, así como la aplicación de protocolos de autocontrol, forman parte de un sistema regulatorio exigente que requiere una gestión especializada y permanente», señalan. Y añaden: «Un mantenimiento inadecuado o realizado por personal no cualificado puede derivar en incidencias sanitarias graves, así como en responsabilidades civiles o penales para los responsables de la comunidad».
Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas se insiste en la importancia de iniciar cuanto antes los procesos de revisión y adaptación de cada comunidad, con el fin de evitar situaciones de incumplimiento a medida que se acerque la fecha límite.
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