Pilar Zubiarrain Lasa murió el 5 de mayo de 2025 a los 58 años al sufrir un infarto. Fue un adiós prematuro e inesperado. Discreta, la abogada guipuzcoana, militante del PNV, se convirtió durante una larga década (1997-2007) en un ejemplo de lucha contra las estrategia «mafiosa» de la izquierda abertzale en Guipúzcoa. «No esperaba que se atrevieran con mi casa», reconoció Zubiarrain el 12 de octubre de 1999 en los micrófonos de RNE. Su casa, el histórico caserío familiar del siglo XVI situado en el centro de Alzo, fue quemado, una noche de sábado, como una vendetta de los simpatizantes de la izquierda radical cuando en su interior se encontraba Pilar, sus dos padres y una tía discapacitada.
El caserío Arretxe se convirtió entonces en un símbolo de libertad. Dos décadas después, el Gobierno vasco lo utiliza para acelerar la puesta en libertad de los etarras más sanguinarios con encuentros «restaurativos» con víctimas de ETA. El incendio del Arretxe sigue impune.
Francisco María Labayen Toledo, presidente y fundador de la sociedad montañera Amigos del Aralar, se recorrió en 1948 toda Guipúzcoa para contabilizar los 10.000 caseríos repartidos por los 88 municipios del Territorio Histórico. Pero solo el caserío Arretxe resume en sus cinco siglos de historia la perseverancia de una saga familiar volcada en su conservación. El sobrio edificio de piedra había resistido guerras y hambrunas gracias a las reformas que sus propietarios habían realizado en los siglos XVIII y XIX. pero el caserío estuvo a punto de convertirse en una ruina cuando el 10 de octubre de 1999 dos encapuchados, amparados por las sombras, lanzaron dos cócteles molotov mientras Pilar Zubiarrain y tres familiares suyos estaban durmiendo.
Salvados por la ayuda de los vecinos, Zubiarrain tuvo claro que era un nuevo aviso de los simpatizantes de la izquierda abertzale que desde 1997 habían iniciado contra ella una implacable persecución calcada a la que sufrían los concejales de PP y del PSOE, jueces, policías y guardias civiles y periodistas.
«He sido objeto de pintadas, pasquines, caravanas de coches, concentraciones delante de mi lugar de trabajo, de mi casa y de donde hubiera una actividad en la que yo interviniera, de grupos de personas que me seguían con pancartas por las calles de Tolosa, de llamadas de teléfono amenazantes, bombas caseras en el despacho donde trabajo y falsas amenazas de bombas. Un día me han quemado el coche y otro, el caserío familiar con mis padres y una tía incapacitada dentro», dejó como testimonio Zubiarrain en un libro titulado Hablan las víctimas, una visión íntima, editado en 2010 por las Juntas Generales guipuzcoanas.
El via crucis de Zubiarrain se inició cuando, como asesora jurídica de una organización ganadera, constató que cargos de Euskal Herritarrok -una de las siglas de Herri Batasuna- en Gaztelu y Leaburu habían participado en una operación urbanística ilegal para construir 19 viviendas en un terreno que aún no se había declarado urbanizable y con el que pretendían obtener ganancias cercanas a los 1,5 millones de euros (250 millones de pesetas de 1999). El entonces alcalde de Gaztelu, además, utilizó la cesión de estas viviendas para alterar el minúsculo censo electoral y cobrar ventaja en las elecciones locales.
Zubiarrain también pleiteó contra la contratación irregular de cinco trabajadores de un centro cultural de Gaztelu en el que la izquierda abertzale había colocado a sus militantes.
Desde septiembre de 1999 hasta mayo de 2000, la abogada sufrió un acoso constante en Alzo y en Tolosa. En septiembre de 2021, desconocidos utilizaron cócteles incendiarios y un artefacto explosivo contra su despacho profesional en Tolosa. Cuando en 2003 decidió asumir la alcaldía de su pueblo, la izquierda abertzale reactivó sus amenazas.