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Las grandes entidades abonan el 95% de todo el coste de la vigilancia.
La tarea de supervisión bancaria que realiza el Banco Central Europeo (BCE) es cada año más compleja. La institución con sede en Fráncfort dedica su tiempo a inspecciones in situ, a implementar test de estrés de lo más diversos, a vigilar la ciberseguridad de las entidades y a fijar sus requerimientos de capital, entre otras muchas funciones. Esa madurez ha llevado a que el supervisor necesite cada vez más recursos con los que llevar a cabo su misión.
A diferencia de lo que ocurre con la política monetaria, en materia de supervisión bancaria el BCE simplemente adelanta los pagos, pues los gastos se cubren de manera íntegra con tasas cobradas anualmente a las entidades supervisadas y, en menor medida, con los ingresos derivados de las sanciones administrativas impuestas. En los últimos años, ese montante ha crecido hasta alcanzar los 690 millones de euros en 2025.
El grueso de la factura se le pasa a las llamadas entidades significativas, grupos bancarios más grandes y directamente supervisados por el BCE. En la actualidad, el supervisor contabiliza 112 entidades consideradas significativas que se reparten unas tasas de 659 millones de euros, el 95% del total de la factura.
De esta forma, cada banco abonaría alrededor de seis millones de euros de media por la función de vigilancia que cumple el BCE. Realmente, las facturas son individuales y el monto final asignado a cada entidad depende de los activos totales y de la exposición al riesgo del banco, siempre considerando sólo su negocio en la zona euro o en países que hayan delegado la supervisión en el BCE.
Por su parte, las entidades menos significativas, supervisadas por los bancos centrales nacionales, pagan entre todas 31 millones de euros.
"Los gastos anuales reales relacionados con las funciones de supervisión del BCE aumentaron debido a las pruebas de resistencia bienales a escala de la UE que tuvieron lugar en 2025, al nuevo mandato de vigilancia de la ciberseguridad introducido por el reglamento sobre la resiliencia operativa digital (Dora) y a la continuación de la inversión en sistemas tecnológicos dedicados a la supervisión bancaria", justifica el BCE en sus cuentas en relación con el incremento de la factura del último año.
Subida constante
Pero no es el único año en el que las tasas se han encarecido. De hecho, el supervisor ha ido elevando la cuota a las entidades bancarias en cada uno de los ejercicios en los que ha prestado este servicio de vigilancia desde su puesta en marcha a nivel europeo en noviembre de 2014.
En los últimos ocho años, la factura que el BCE pasa a los bancos se ha elevado un 33%, desde los 518 millones de euros que cobraba en 2018 hasta los casi 700 millones actuales. La cuantía es, además, un 150% superior a la de 2015, el primer año completo en el que la institución europea asumió la vigilancia bancaria, si bien a lo largo de los tres primeros ejercicios el supervisor estaba construyendo su estructura y sus capacidades, por lo que los incrementos eran mucho más elevados de un año para otro.
Años después, el BCE desglosa los gastos y explica que se derivan de la supervisión directa de las entidades de crédito significativas, la vigilancia de la supervisión de las entidades de crédito menos significativas y el desempeño de funciones horizontales y servicios especializados.
Asimismo, incluyen costes relacionados con las funciones de apoyo entre las que se encuentran el equipamiento y mantenimiento, la gestión de recursos humanos, servicios administrativos, presupuesto y control, contabilidad, servicios jurídicos, servicios de comunicación y traducción, auditoría interna, estadística y también la inversión y el mantenimiento de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento de las funciones de supervisión.
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