La complejidad de la macrocausa de corrupción de los ERE, un asunto que comenzó a investigarse hace quince años y cuenta con 132 piezas diferentes que deben enjuiciarse de forma separada, ha llevado a un abogado de la defensa a plantear una novedosa atenuante, inédita en los tribunales de justicia.
El abogado Juan Carlos Alférez ha pedido a los magistrados de la Audiencia de Sevilla que han juzgado a su cliente José María Sayago que le aplique la atenuante de "penosidad extraordinaria" por el calvario que lleva padeciendo durante más de una década, con el objetivo de reducir a lo mínimo su condena. De hecho, frente a los tres años de cárcel que solicita el fiscal por malversación, la defensa reclama una condena simbólica de tres meses de prisión. La cuantía presuntamente malversada se eleva a 15 millones de euros.
La causa de los ERE versa sobre el reparto opaco y clientelar de casi 680 millones de euros por parte de los gobiernos andaluces del PSOE a lo largo de una década. El juicio principal, el que llevó al banquillo a los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, está pendiente ahora de lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ya se han dictado 28 sentencias, entre las que hay 25 condenas y tres absoluciones. Y quedan pendientes otras 104 más.
En todas esas causas pendientes hay decenas de investigados que llevan más de una década con su patrimonio embargado, con el pasaporte retenido y con la obligación de acudir al juzgado cada quince días. En esta situación de "muerte civil", como su abogado la definió, está, entre otros muchos, el empresario y ex concejal del PSOE José María Sayago, cuyo juicio quedó visto para sentencia la pasada semana en la Audiencia de Sevilla.
Sus restricciones van más allá. "Se le ha prohibido ser empresario y se le ha coartado la libertad deambulatoria en un mundo globalizado en el que las oportunidades laborales son globales", ha remarcado Alférez en la última sesión del juicio contra su cliente. Sayago está acusado de urdir, junto al también ex edil del PSOE José Enrique Rosendo, fallecido de un infarto en enero de 2016, un entramado empresarial para acaparar de forma irregular ayudas de los ERE. Ambos formaron el "tándem" de la Sierra Norte de Sevilla.
Tanto Rosendo como Sayago fueron concejales en el Ayuntamiento de El Pedroso, en la Sierra Norte, precisamente el pueblo en el que fue alcalde Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo que gestionaba a su antojo la partida de los ERE, que él mismo bautizó como fondo de reptiles. Guerrero también murió en octubre de 2020.
Durante el juicio, el abogado de Sayago ha pedido al tribunal que lo ha juzgado que "contemple" todas las limitaciones y restricciones que lleva sufriendo su patrocinado desde que la juez Mercedes Alaya lo citó por primera vez hace más de una década y le aplique la "atenuante analógica de nuevo cuño" de "penosidad extraordinaria". También reclama más reducciones de la posible condena por la reparación del daño y las dilaciones indebidas que acumula el caso de los ERE, que comenzó a investigarse en enero de 2011.
El arrepentido
Durante el juicio en la Sección Primera, Sayago se ha mostrado "absolutamente arrepentido y totalmente avergonzado" de verse implicado en la trama. Es el primer juzgado en los ERE que ha testificado de esta forma. Además, ha tratado de restar importancia a su participación en los manejos para conseguir, junto a su socio, las sumas millonarias -34.264.273 euros- que la Junta de Andalucía les adjudicó.
"En algunos momentos era un chófer más que otra cosa", ha señalado Sayago, que ha justificado todo en su "inexperiencia". El arrepentido de los ERE ha presentado a su antiguo socio Rosendo, que "en paz descanse", como el cerebro de la operación para defraudar dinero público, junto a Guerrero, con quien "planificaba las ayudas". Aunque fue concejal del PSOE, Sayago ha dicho que "nunca" ha militado en ningún partido político.
Cuando ambos dejaron el Ayuntamiento de El Pedroso, Rosendo le propone a Sayago, según este último, "un proyecto empresarial" vinculado a Matadero de Sierra Morena S.A. en el que se incorpora como director comercial. A Rosendo, según su socio, le da "apoyo" la "clase política" gobernante entonces en Andalucía porque "este señor vive de la política". "La parte política la tenía él controlada", ha apostillado.
La Fiscalía Anticorrupción los acusaba a ambos de recibir algo más de 34 millones de euros del fondo de reptiles tras haber constituido un "numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí" y "muchas de ellas sin actividad ni trabajadores" cuyo único "objeto real" era la percepción de ayudas oficiales. Del todas de las subvenciones otorgadas, la Junta abonó unos 15 millones de euros.
Inicialmente, la Fiscalía pidió una condena de seis años de cárcel para Sayago por malversación, pero al finalizar el juicio la redujo a tres años, después de que el enjuiciado reconociera los hechos y colaborara con la investigación judicial. El abogado defensor fue mucho más allá y pidió tan sólo tres meses de prisión, al plantear la novedosa reducción de la pena basada en la "penosidad extraordinaria" que lleva sufriendo en estos años.
Durante el juicio, Alférez fue especialmente incisivo con el banco BBVA, personado como acusación. La entidad bancaria pide una condena de ocho años de cárcel para Sayago por estafa, tras adelantarle parte del dinero de la subvención de la Junta. El fiscal no lo acusa por este delito.
"El banco no puede ser considerado víctima. Si todo hubiera salido bien, [y la Junta de Andalucía hubiera abonado la subvención], habría logrado 300.000 euros", ha remarcado el abogado de la defensa, que ha rechazado la "indefensión" que le ha creado el BBVA, con su "acusación sorpresiva" de estafa en una fase en la que ya no podía pedir pruebas ni desmontarla.