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Begoña Gómez en los pasados Premios Goya Europa Press El 'caso Gómez' cumple dos años en plena batalla sobre el futuro de la causaLas defensas han reclamado una larga batería de diligencias para impedir la apertura de juicio oral antes de la jubilación del instructor el próximo 27 de septiembre
Lunes, 13 de abril 2026, 00:03
... encuentra en una encrucijada. Lo que comenzó como una investigación basada en recortes de prensa es hoy una causa ramificada, con cinco delitos sobre la mesa y un pulso feroz por los tiempos procesales. El epicentro de esta batalla jurídica no es solo el Código Penal, sino el calendario: el magistrado Juan Carlos Peinado cumple la edad de jubilación forzosa de 72 años el próximo 27 de septiembre de 2026. Esta fecha ha impreso un ritmo endiablado en las últimas semanas a una instrucción donde el juez intenta acelerar para dictar el auto de apertura de juicio oral, mientras las defensas despliegan con toda su fuerza una estrategia dilatoria para que sea un sucesor –quizás menos beligerante- quien herede la causa.A partir de ahí, la causa ha navegado entre informes contradictorios, correcciones de la instancia superior y la radical oposición de los poderes del Estado –Fiscalía y Abogacía del Estado- a que se investigue nada. Ya en mayo de 2024 la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo por falta de indicios, basándose en un informe de la UCO de días en el que el Ministerio Público no vio irregularidades.
Tirones de orejas
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid, en un hito clave el 29 de mayo de 2024, avaló la investigación del magistrado. Desde entonces lo cierto es que los superiores de Peinado invariablemente han amparado una y otra vez el fondo de las pesquisas del controvertido juez. Eso sí, tirándole de las orejas constantemente en forma de correcciones por su forma más que heterodoxa de instruir y por su manía incorregible de no argumentar sus decisiones provocando indefensión a los acusados.
Aquel primer aval permitió al instructor citar Begoña Gómez como investigada por primera vez, abriendo la puerta a aquel verano de 2024, que fue especialmente movido: tras una comparecencia suspendida por defectos de forma el 5 de julio, Gómez acudió de nuevo el 19 de julio de 2024 para acogerse a su derecho a no declarar. Ese mismo día, el empresario Juan Carlos Barrabés pasó de testigo a investigado, convirtiéndose en uno de los tres pilares que hoy sostienen los encausamientos junto a Gómez y la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, tras haberse quedado por el camino otras imputaciones revocadas por la Audiencia.
El proceso alcanzó su cénit el 30 de julio de 2024, cuando Pedro Sánchez se acogió a su derecho para no declarar contra su esposa en el propio Palacio de la Moncloa. Aquella jornada derivó en una guerra de querellas por prevaricación contra el juez, por la defensa de Gómez y la Abogacía del Estado, en nombre del propio presidente, que finalmente fueron rechazadas por el TSJM en octubre.
Ese archivo dio todavía más alas a Peinado y la instrucción siguió sumando delitos. El 29 de octubre de 2024, el magistrado amplió la investigación a la presunta apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con un software de la Complutense.
Y en un nuevo volantazo inesperado, el togado inauguró el 2025 desplazando el foco a la presunta utilización de recursos públicos de Moncloa para la cátedra de Begoña Gómez. La asesora de la mujer de Sánchez, Cristina Álvarez pasó de testigo a investigada, y el 18 de agosto de 2025 el juez le imputó el delito de malversación.
Con este quinto delito —que se suma a tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo—, el magistrado dio otro paso que volvió a sacudir el tablero con una virulencia que todavía sigue sintiendo: el 24 de septiembre del año pasado propuso
que el caso fuera enjuiciado por un jurado popular. Esta decisión fue contestada por la Audiencia Provincial el 12 de noviembre de 2025, obligando al juez a precisar los hechos y excluir elementos que no correspondían a esa vía. Sus superiores –una vez más- obligaron a Juan Carlos Peinado a corregir sus resoluciones, pero no le pararon los pies, bendiciendo este nuevo derrotero del juicio ante un jurado popular.
Tras dictar el primer auto de apertura de juicio oral el 15 de enero de 2026, la causa ha entrado en una espiral de recursos técnicos. El pasado 1 de abril de 2026 –en pleno Miércoles Santo- Peinado forzó que se celebrara una vista de cuestiones previas que ejemplifica el pulso actual. La mujer de Sánchez no interrumpió sus vacaciones. Tampoco el resto de los imputados comparecieron. Las defensas de Gómez, Barrabés y Álvarez presentaron, eso sí, una batería de peticiones diseñadas para ralentizar el procedimiento. Solicitaron recabar información sobre todos los asistentes de las esposas de los presidentes del Gobierno desde la Transición, una prueba pericial compleja sobre la estructura del Consejo de Ministros, la citación de más testigos… Jurídicamente, estas peticiones obligan al juez a pronunciarse y, en caso de negativa, abren la vía a recursos ante la Audiencia Provincial que pueden paralizar la causa durante meses.
16 de abril
Hoy -a solo unos días de que el próximo jueves se cumplan dos años del inicio de la causa- el futuro de la instrucción pende de un hilo temporal. El próximo 16 de abril se cumple el plazo legal para que el juez decida si prorroga la instrucción otros seis meses. Si Peinado opta por la prórroga, la investigación se extendería inevitablemente más allá del 27 de septiembre de 2026, fecha de su jubilación.
Esto supondría que un nuevo juez tendría que hacerse cargo de una causa de miles de folios, lo que la defensa ve como una oportunidad para el archivo o una revisión exhaustiva de los indicios. Por el contrario, si el magistrado decide no prorrogar, su único camino es dictar en breve un nuevo y definitivo auto de apertura de juicio oral que siente a los tres encausados en el banquillo antes de su retiro.
La posibilidad de que se dicte este auto en las próximas semanas es alta, dado que Peinado busca blindar su trabajo de dos años. Sin embargo, el recurso contra el formato de jurado popular sigue vivo; mientras la defensa lo tilda de «artificial», incluso acusaciones como Manos Limpias han mostrado dudas por la complejidad técnica de delitos como el intrusismo o la apropiación indebida, prefiriendo un tribunal profesional para evitar futuras nulidades.
Así las cosas, dos años después del inicio, el 'caso Gómez' se ha convertido en una carrera de obstáculos. El pulso final ha comenzado.
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