El ex dirigente del PNV Alfredo De Miguel Aguirre disfrutará en los próximos días del régimen penitenciario de tercer grado y podrá cumplir su condena en su domicilio con una pulsera telemática que se le colocará en los próximos días. La mejora en sus condiciones de cumplimiento se comunicó el pasado miércoles a la Junta de Tratamiento de la cárcel de Basauri y se ejecuta cuando De Miguel ha cumplido 2 años y 6 meses desde su ingreso en prisión con una condena de cumplimiento de 9 años de cárcel. De esta manera, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco dirigido por el PSE-EE facilita que De Miguel ya ni siquiera acuda a dormir a la cárcel de Basauri a pesar de que ni siquiera ha cumplido un tercio de la pena que comenzó a cumplir el 6 de julio de 2023 con su ingreso en prisión.
Alfredo de Miguel disfruta durante este fin de semana en su domicilio de los beneficios penitenciarios que le otorga el Gobierno vasco. Desde primera hora de la mañana del viernes hasta las 23.00 horas del próximo lunes, De Miguel se encuentra fuera d ela cárcel de Basauri. El cerebro del mayor caso de corrupción política del PNV podrá disfrutar del tercer grado a partir de la próxima semana y deberá portar una pulsera telemática. A partir de su colocación, De Miguel ya no tendrá que regresar al centro penitenciario de Basauri, en el que durante los últimos meses ya disfrutaba de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que permite a presos de segundo grado abandonar cada día la cárcel para trabajar en el exterior. Un régimen ya de semilibertad por el que De Miguel salía de prisión a las 7.00 horas para trabajar en una consultora vizcaína y regresaba a la cárcel a las 21.00 horas para pernoctar en la sección de Régimen Abierto de la prisión vizcaína.
Alfredo de Miguel fue condenado por la Audiencia Provincial de Álava a 13 años y 3 meses de prisión en diciembre de 2019. Tres años después -el 11 de enero de 2023- el Tribunal Supremo redujo la pena a 12 años, 4 meses y 15 días de cárcel pero con un límite de cumplimiento de 9 años en prisión. Formalmente la fecha para el cumplimiento de su condena es el 2 de julio de 2032. El Supremo ratificó que De Miguel fue el máximo responsable de una trama que cometió los delitos de "tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales". La gravedad de los delitos y la "alarma social" que generó esta trama en la que estuvieron imputados una decena de ex cargos del PNV fueron motivos para descartar el indulto con el que De Miguel y sus compañeros de partido y 'socios' Koldo Ochandiano y Aitor Tellería intentaron evitar su encarcelamiento.
Desde su encarcelamiento en el verano de 2023, De Miguel ha disfrutado de una singular trayectoria carcelaria. Pocas semanas después de ingresar en prisión, el ex dirigente nacionalista se incorporó como bibliotecario y cuando aún no había cumplido un año ya había realizado el curso de delitos económicos. Además, su trabajo en diferentes elecciones para facilitar el voto de los internos de Zaballa también fue tenido en cuenta para mejorar sus condiciones de cumplimiento. En agosto de 2024, ya disfrutaba de salidas diarias para trabajar en una consultora vizcaína al haber obtenido el 100.2 y después de solicitar su traslado a la prisión de Basauri.
Los tres ex dirigentes del PNV de Álava orquestaron el cobro de comisiones irregulares a través de una sociedad denominada Kataia Consulting creada en 2015 que tenía su sede en un 'txoko' gastronómico de Vitoria y cuyas accionistas eran las esposas de De Miguel, Ochandiano y Tellería. La trama de ex políticos del PNV obtenía sus comisiones ilegales al mediar en operaciones urbanísticas como un polígono logístico en Zambrana o la ampliación del parque tecnológico de Miñano pero también a través del cobro de ayudas públicas de instituciones controladas por dirigentes nacionalistas como el Departamento de Cultura, Juventud y Deporte del Gobierno vasco.
La detención de Alfredo de Miguel el 17 de marzo de 2010 en una macrooperación policial desarrollada por la Ertzaintza destapó la trama. La investigación judicial fue liderada por el juez Roberto Ramos y el fiscal jefe de Álava Josu Izaguirre. Los primeros indicios de la trama de corrupción fueron aportados por la abogada Ainhoa Alberdi a la que De Miguel y sus 'socios' le exigieron el pago de 100.000 euros por haber obtenido la adjudicación de los servicios para facilitar la ampliación del parque tecnológico de Miñano en las afueras de Vitoria. En el momento de su detención, De Miguel era teniente de diputado general en Álava y vicepresidente de la Caja Vital. Además, formaba parte de la dirección del PNV presidida por Iñaki Gerenabarrena. Su peso en el PNV de Álava y las excelentes relaciones que mantenía con el presidente del PNV de Guipúzcoa Joseba Egibar le permitieron a De Miguel mantener un pulso con la dirección nacionalista dirigida entonces por Iñigo Urkullu. De Miguel, Ochandiano y Tellería entregaron sus carnés de militantes del PNV en enero de 2011. La expulsión definitiva se retrasó hasta que en enero de 2023 el Supremo ratificó la sentencia.
Alfredo de Miguel mantuvo su puesto de empleado público del Gobierno vasco durante los más de 13 años de investigación judicial pese a que los delitos por los que había sido imputado estaban directamente relacionados con adjudicaciones de la administración vasca. El ex dirigente del PNV mantuvo hasta el año 2022 un sueldo público incluso después de que la Audiencia Provincial de Álava ya dictara su sentencia condenatoria en diciembre de 2019.