El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este jueves nombrar al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, como magistrado competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tal y como ha comunicado en una nota, el Pleno del CGPJ ha acordado que Martínez Arrieta suceda en el cargo al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Pablo Lucas, que se jubilará el próximo 13 de julio y llevaba supervisando las actividades de los servicios secretos españoles desde 2009.
Martínez Arrieta, que encabeza la Sala de lo Penal desde el año pasado, presidió el tribunal que juzgó al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, así como el juicio por el que fue condenado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Además, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado designar al magistrado de la Sala Tercera del Supremo Eduardo Calvo Rojas como magistrado sustituto, puesto que Martínez Arrieta ha desempeñado desde diciembre de 2017.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorización de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales, como entrada en domicilio y secreto de las comunicaciones, se nombrará por un periodo de cinco años, a propuesta del presidente del CGPJ, entre magistrados de la Sala Segunda o de la Sala Tercera de ese órgano judicial que cuenten con al menos tres años de servicios en la categoría.
Seis plazas nuevas
Además, el Pleno del CGPJ ha acordado solicitar la creación de seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo: dos en la Sala de lo Civil, dos en la de lo Penal y dos en la de lo Social.
Esa petición se incluye en la respuesta a un oficio del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en relación con el proyecto de real decreto de creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.
Y ha propuesto un calendario de entrada en funcionamiento de las nuevas plazas en tres fases en 2027: 1 de enero para las que se constituyan en órganos colegiados (Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales) y las de adscripción territorial (JATs); 1 de junio para las creadas en juzgados de ciudades sede de tribunales superiores de justicia o de audiencias provinciales, incluidas sedes desplazadas, y 1 de noviembre para el resto de las plazas creadas.
El CGPJ ha recordado que es "imprescindible" que las nuevas plazas judiciales cuenten "con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados para el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional",
Asimismo, el CGPJ ha informado favorablemente las propuestas relacionadas con varias secciones de Violencia sobre la Mujer, como la extensión de la sección de Córdoba para ampliarla a los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.
También ha avalado la creación de esta sección en el Tribunal de Instancia de Lucena y extensión de su jurisdicción a los partidos judiciales de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera.
Y ha hecho lo propio para la creación de una nueva plaza judicial en esta sección del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz y extensión de su jurisdicción al partido judicial de Amurrio.