La Comisión de Trabajo da luz verde al dictamen de la proposición de ley planteada por el PSOE, con las abstenciones de PP, Vox y Junts. Aún deberá ser convalidado por el Pleno del Congreso el próximo 10 de junio antes de ser remitida al Senado para su puesta en marcha definitiva.
El Congreso ha dado un paso definitivo para la aprobación de la denominada como pasarela al RETA para mutualistas, con el visto bueno en la Comisión de Trabajo del dictamen de la proposición de ley que regulará el tránsito voluntario de 100.000 autónomos que cotizan a sus colegios profesionales en lugar de a la Seguridad Social. Tras dos jornada no exentas de tensión en el órgano que viene negociando las condiciones para el traspaso de los fondos acumulados en las distintas mutualidades, este martes se dio luz verde al texto definitivo con las abstenciones de PP, Vox y Junts.
El próximo 10 de julio está previsto que la proposición de ley sea votada en el Pleno del Congreso, si bien se espera que la reforma que afecta a las mutualidades alternativas sea convalidada con los apoyos recibidos en la Comisión. Posteriormente, deberá superar el trámite del Senado antes de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, por el camino han quedado varias enmiendas presentadas por los grupos y vetadas por el Gobierno que recogían las reclamaciones de los mutualistas afectados, como la posibilidad de incorporar a la pasarela al Régimen de Autónomos a quienes ya están jubilados, o a los cerca de 47.000 profesionales que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social, o la de convalidar cada año de aportación a la mutualidad como un año de cotización a la Seguridad Social con independencia del nivel de la cuantías satisfechas -lo que se ha venido denominando la conversión uno por uno-.
Otra de las enmiendas rechazadas, que había transaccionado PP y Junts, planteaba el mantenimiento del sistema de alternatividad más allá de 2028. Cabe recordar que la última versión de la proposición de ley establece la obligatoriedad de que todos los autónomos con independencia de su actividad se den de alta en el RETA, sin posibilidad de cotizar al colegio profesional de forma alternativa a la Seguridad Social. Esta ha sido una de las enmiendas más defendidas por los grupos que recoge la pretensión de las mutualidades de poder seguir funcionando de forma paralela al sistema público para los autónomos que lo deseen voluntariamente. De hecho, para muchas de estas entidades la prohibición de operar en alternatividad más allá de 2028 supone un golpe definitivo que pone en riesgo su continuidad.
De este modo, a falta de un último paso, el Congreso enfila la aprobación de la medida dos años después de que el departamento de la ministra Elma Saiz anunciase la reforma, con el objetivo de insertar a todos los profesionales alternativos en el sistema público a efectos de cotización y de posterior percepción de contingencias, especialmente la pensión de jubilación cuando estos trabajadores por cuenta propia abandonan la actividad profesional.
Durante la sesión, no obstante, los grupos han dejado latente su disconformidad con el texto definitivo alumbrado principalmente con los planteamientos del PSOE a imagen y semejanza del plan establecido por el Ministerio de Seguridad Social.
Esquema de la pasarela al RETA
De este modo, la reforma que afecta a la ley de la Seguridad Social prevé el fin del mutualismo alternativo el 1 de enero de 2028, fecha que no en vano podría ser revisada tras un informe de evaluación vinculante que deberá emitirse a finales de 2027. Asimismo, se universaliza el acceso al sistema público: podrán acogerse los cerca de 100.000 mutualistas alternativos existentes, eliminando el corte previo que limitaba el traslado únicamente a aquellos que hubieran ingresado en sus mutualidades antes del año 2013.
La proposición de ley establece un coeficiente de conversión fijo del 0,77 para traducir los derechos económicos en períodos cotizados, si bien sí que se establece la regla del uno por uno para los mayores de 55 años a cierre de 2025, lo que significa que cada mes en la mutualidad equivaldrá a un mes cotizado en el RETA, al margen de lo aportado. Y como se ha mencionado, para acceder será necesario no tener el periodo mínimo para una pensión pública y no ser pensionista (salvo de viudedad).
Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) critica los vetos del Gobierno a la tramitación de varias enmiendas dirigidas a ampliar o reforzar el alcance de la pasarela. Entre ellas, la propuesta que habría permitido acogerse al mecanismo a mutualistas que ya tienen reconocido el periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social. "También se ha impedido tramitar otras iniciativas orientadas a mantener abierta la opción entre RETA y mutualidad o a fijar plazos para el desarrollo reglamentario de la transferencia de derechos económicos", señalan en un comunicado.
El Colegio valora que la tramitación no se haya detenido, pero advierte de que "el paso por Comisión no puede interpretarse como un punto final ni como una solución suficiente si el texto que llega al Pleno no garantiza una respuesta efectiva, viable y con seguridad jurídica para los mutualistas". Y subraya que la sostenibilidad del sistema es una exigencia imprescindible en cualquier reforma. "La pasarela al RETA debe ser económicamente viable, técnicamente rigurosa y respetuosa con el equilibrio financiero de la Seguridad Social. Pero esa viabilidad debe construirse junto a otros principios igualmente esenciales: equidad, seguridad jurídica y protección social suficiente", señalan.
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