Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Francina Armengol, presidenta del Congreso, en la Sala Constitucional de la Cámara. EP
Política El Congreso se niega a tramitar leyes por iniciativa popular aprovechando que Armengol acumula 130 en su "congelador"La Mesa bloquea más de 130 leyes y usa ese atasco para inadmitir las ILP, mientras el Constitucional la acusa de "obstruir" el trabajo parlamentario.
Más información:El PP logra que el Congreso tramite una 'ley antiokupas' después de que Armengol vetara la del Senado 86 veces.
Alberto D. Prieto Publicada 1 junio 2026 02:22h Las clavesLas claves Generado con IA
La Mesa del Congreso ha dado un paso más en el bloqueo de la legislatura, negándose a tramitar leyes por Iniciativa Legislativa Popular (ILP), alegando que ya hay otras iniciativas registradas con contenido similar... aunque estén en el llamado "congelador" de Francina Armengol.
La Mesa ha aprovechado ya en al menos dos ocasiones la saturación de iniciativas sin tramitar −en la actualidad, hay más de 130 proyectos congelados− como coartada para inadmitir nuevas proposiciones de ley ciudadanas, a pesar de que es el propio órgano de gobierno de la Cámara Baja el que lleva desde hace años impidiendo que avancen.
La operación es en apariencia jurídicamente impecable, pero políticamente una "obstrucción" para el derecho de participación de los ciudadanos, según la reciente doctrina del Tribunal Constitucional.
En su artículo 5.2.d, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, prevé como motivo de inadmisión de una ILP "la previa existencia en el Congreso o el Senado de un proyecto o proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto [y que esté] en el trámite de enmiendas u otro más avanzado".
De este modo, con la congestión de más de 130 textos paralizados, si el Congreso tiene leyes en trámite sobre casi todo, sobre el papel, siempre puede haber un motivo formal para decir que "esto ya se está legislando".
La paradoja es que ese colapso es deliberado. La Mesa presidida por la socialista Armengol ha convertido la prórroga semanal del plazo de enmiendas en una rutina que impide que los textos avancen a ponencia, a comisión o al Pleno.
Lo que antes era un recurso excepcional para ganar tiempo de negociación se ha transformado en un auténtico "congelador", según denuncia repetidamente la oposición, y se restringe por la puerta de atrás la única vía que tienen 500.000 ciudadanos para obligar a la Cámara a debatir una ley.
La mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa acuerda semana tras semana prórrogas automáticas del plazo de enmiendas, sin motivación política explícita, y mantiene dormidas iniciativas de todo tipo, "porque no tienen mayoría para sacarlas", como ocurre por ejemplo con la ley de ciberseguridad, "o porque la tenemos nosotros y la paran", explica una fuente del PP.
Quedan atrapadas ahí proposiciones de ley de grupos de la oposición, proyectos del propio Gobierno, textos remitidos por Parlamentos autonómicos, leyes procedentes del Senado (más de 40 en la actualidad) o reales decretos‑ley que el Pleno ha ordenado tramitar como proyectos.
Ese bloqueo masivo genera el contexto ideal para aplicar con enorme discrecionalidad la cláusula de inadmisión de las iniciativas legislativas populares.
Sucedió el pasado 15 de enero, cuando la Mesa acordó la inadmisión de una "Proposición de Ley de apoyo integral a la familia y al impulso de la natalidad en España" , al haber otra Ley de Familias, un proyecto del Gobierno en trámite desde febrero de 2024-
Y ha vuelto a suceder este 13 de mayo con la inadmisión de una "Proposición de Ley de medidas sociales y organizativas para afrontar el reto demográfico y reforzar la sostenibilidad social". En este caso, se acudió a la misma norma, que lleva 84 ampliaciones del plazo de enmiendas.
"No es que el Congreso esté legislando, es que simula hacerlo para poder defenderse de que otros legislen", alegan las fuentes consultadas del Partido Popular. "La misma Mesa que usa la existencia formal de esa ley como pretexto para frenar a los ciudadanos es la que lleva toda la legislatura impidiendo que ese proyecto se convierta en una norma real".
El efecto acumulado es, así, un doble cerrojazo al sistema: los diputados no pueden votar muchas de sus iniciativas y los ciudadanos tampoco pueden impulsar por la vía de la ILP que su agenda llegue al hemiciclo. El "congelador" sirve así de escudo frente a todos los canales de participación.
Amparo del Constitucional
El fallo del Tribunal Constitucional de 14 de abril ha puesto negro sobre blanco que esta forma de proceder vulnera el derecho de participación política.
Los magistrados declararon por unanimidad que la prórroga sistemática de los plazos de enmiendas, cuando vacía de contenido la decisión del Pleno de tramitar una ley, se convierte en una "obstrucción del procedimiento legislativo". Y que la reiteración de esta práctica puede acabar derivando en resoluciones arbitrarias.
Armengol ha negado que exista ese "congelador" y defiende que sólo procura "acompasar los tiempos" en función de las posibilidades de pacto. Pero lo cierto es que la Mesa ha acumulado más de 130 iniciativas en prórroga constante, una cuarentena de ellas procedentes del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Uno de los casos que mejor ilustra la resistencia de ese congelador es la ley antiokupas del PP. El Senado aprobó la iniciativa hace más de dos años, pero al aterrizar en el Congreso quedó atrapada en una cadena de 86 prórrogas del plazo de enmiendas.
Sólo ahora, después de una intensa presión política y en plena ofensiva del PP contra la okupación, el Pleno aprobó la tramitación de otro texto "similar y actualizado" del PP.
La vía PP y la del Gobierno
La doctrina del Constitucional ha empujado a los populares a intentar poner límites a este uso de la Mesa como tapón, a través de una reforma del Reglamento para fijar un plazo máximo a las prórrogas de enmiendas, más allá del cual sería obligatorio impulsar la tramitación.
En el Senado, la mayoría popular ya ha cambiado sus propias normas para poder plantear conflictos de atribuciones ante el Alto Tribunal cuando sus proposiciones de ley queden bloqueadas sin justificación en la Cámara Baja.
En paralelo, el Gobierno ha dado una lección de cómo sortear tanto el Congreso como las ILP cuando le conviene.
La Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de cientos de miles de inmigrantes logró un consenso casi total en la Cámara, pero quedó luego paralizada en la práctica con las mismas técnicas de prórroga de enmiendas y falta de impulso que sufren tantas proposiciones.
Cuando la presión social y política le hizo inaplazable el asunto a Pedro Sánchez, optó por un proceso extraordinario de regularización por vía de un decreto para cambiar el reglamento de Extranjería... es decir, sorteando a las Cortes.
Ese giro permitió al Ejecutivo asumir el control completo del diseño de la regularización, sin exponerse a las enmiendas del resto de grupos ni a un debate de fondo en Pleno sobre la letra pequeña del procedimiento.
A la vez que decía basarse en ella, dejó languidecer la ILP que había llegado avalada por más de medio millón de firmas y que el Congreso había aceptado debatir.