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Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el pasado viernes. Salvador Salas El Consejo de Ministros reconoce el derecho de las hermanas de Caparrós a recibir una indemnización por el asesinato del jovenLa norma aprobada señala al malagueño como víctima de la lucha por la democracia y equipara la compensación a la de las personas muertas en la guerra civil y la dictadura y por acciones terroristas
Martes, 3 de marzo 2026, 11:51
... de Apoyo a Víctimas del Terrorismo por la que se negaba a su hermano, Manuel José García Caparrós, su condición de tal después de haber sido asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza por balas procedentes de las fuerzas del orden. La respuesta llegaba casi veinte años después de que la familia efectuara la reclamación. Y, por eso, el departamento del Ministerio del Interior que emitió la respuesta pedía disculpas por esa demora en el escrito.250.000 euros
es la indemnización contemplada para familiares de víctimas fallecidas
Así pues, lo que ha aprobado el Gobierno es una reforma de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, para reconocer a los familiares de Manuel José García Caparrós el derecho a una indemnización porque el muchacho falleció por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. En concreto, de acuerdo con el texto del Decreto al que ha tenido acceso este periódico, «en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes fallecieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos».
La norma contempla, asimismo, que a los supervivientes se les asignen 180.000 euros en el caso de que sufran incapacidad permanente absoluta y 500.000 euros si como consecuencia de la violencia política padecen gran invalidez. Son todas cantidades que equiparan la consideración de la víctimas de la violencia política de la Transición con las víctimas del terrorismo.
Se amplía el periodo y se iguala la consideración de las víctimas
En la justificación de la norma, los departamentos gubernamentales proponentes, el Ministerio del Interior y el de Hacienda, señalan que la redacción de la Ley 20/2022 y la derogada Ley 52/2007 tenía deficiencias. En primera instancia, por el marco temporal contemplado: el reconocimiento de víctimas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia se ceñía al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, ahora extendido hasta el 29 de diciembre de 1978 -porque el periodo previo apenas cubría a la cuarta parte de las solicitudes de reconocimiento presentadas-. Y, en segundo lugar, por el diferente trato en el esfuerzo reparador de la medida respecto a otras víctimas de la misma naturaleza.
La iniciativa, en definitiva, pretende ampliar y actualizar el régimen de reconocimiento e indemnización a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia, equiparando sus compensaciones a las de las víctimas del terrorismo, a pesar de que a Caparrós no se le reconoce formalmente como tal. Joaquín Recio, vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós, valora que, en la práctica, la modificación normativa «supone aceptar la violencia policial como parte o herencia del franquismo en ese periodo ya pre-democrático», y añade: «El resarcimiento del Estado igual a las víctimas en cuanto a trato material y compromiso».
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